Causa por evasión millonaria con facturas truchas en Concordia, más cerca del juicio

A dos años de la denuncia de AFIP y de los allanamientos, un contador y el dueño de una financiera, entre otros, siguen procesados. La causa, cerca del juicio.

Se cumplen dos años de la denuncia de la AFIP y los posteriores allanamientos que permitieron desbaratar una organización dedicada a servicios de evasión fiscal, si se podría llamar así, en la ciudad de Concordia.

La causa avanza y los imputados, entre ellos un contador y el dueño de una financiera, están más cerca del juicio.

Casi un presupuesto anual de la Municipalidad de Concordia es el monto de facturación apócrifa generada por la banda que gestionaba recibos truchos a distintas empresas, con prestanombres de condición muy humilde.

Para 2018, el municipio de Concordia presupuestó gastos por 1.950 millones de pesos.

Durante ese año (sólo hasta septiembre), la organización delictiva habría facturado 1.250.526.552,61 pesos, según lo informado por el organismo recaudador y lo que consta en el expediente que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

El monto de la evasión fiscal fue mayor a los 210 millones de pesos, sólo en concepto de IVA.

Además, parte de las ganancias obtenidas habrían sido lavadas mediante el cambio de cheques en una entidad financiera.

Según informó Uno, en las últimas semanas se tramitaron pedidos de excarcelación para algunos de los acusados que están con prisión preventiva domiciliaria, y solicitudes de devolución de bienes secuestrados, ya que se prevé decomisar vehículos y propiedades inmuebles para reparar el daño al erario público.

De este modo, resta esperar algunas medidas de rigor previo a que la causa sea elevada al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.

El 14 de marzo de 2019, hace un año y dos días, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Concordia, en domicilios particulares, en un estudio contable de pleno centro y en la entidad financiera que además se dedica a la compra y venta de oro, entre otros, a cargo de la Prefectura Naval Argentina.

Se secuestró profusa documentación así como soportes informáticos con datos sensibles para la causa, y detuvieron a cuatro personas.

Un par de días después indagaron a los sospechosos, entre ellos el contador Guillermo León Bahr, su mano derecha Luis Orlando Eckerdt y el empresario de las finanzas, Rubén Javier Ábalo, les dictaron medidas cautelares y les trabaron embargos millonarios.

El delito que les endilgaron es el de “integrar una organización destinada a evadir impuestos al valor agregado y a las ganancias”, y a Ábalo en particular el lavado de activos.

Así se describió en la imputación tanto de la Fiscalía Federal como de la querella particular de AFIP, que fue adoptada por el juez Pablo Seró: “El haber liderado, en forma conjunta, una organización delictiva que tenía por objetivo facilitar la evasión de impuestos, como así también de dar apariencia lícita a los bienes que iban adquiriendo con lo producido por tales maniobras espurias, también de forma organizada.

Los contribuyentes que solicitaban sus servicios espurios se beneficiaban con crédito fiscal ilegítimo excluyéndolos de carga impositiva, lo que les permitía no abonar tributos en la forma que la ley lo determina”.

Según la Justicia, los implicados habrían constituido una asociación ilícita, con un claro reparto de roles: “El contador Bahr era quien efectuaba el soporte intelectual y técnico que posibilitaba la creación de sociedades pantallas mediante la inscripción de personas insolventes o de escasos recursos en diferentes organismos. Alguna de ellas son las denominadas Forestal Nueva Chance SRL, Toledo y Dante Maderas SRL. Él también facilitaba a los contribuyentes ‘socios aparentes’ para la inscripción de sociedades y así eludir cuestiones de responsabilidad fiscal; entre sus labores más destacadas”, se detalla en el expediente.

Eckerdt aparece como un socio que trabajaba más en la calle: “Se encargaba del ofrecimiento de los servicios espurios y la logística destinada a la realización de las facturas apócrifas. Las mismas eran negociadas en esta provincia de Entre Ríos (particularmente sobre esta costa del río Uruguay) y en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la localidad de Bahía Blanca”, sostiene la imputación.

Se precisó, por ejemplo, que “una de las personas que habría facilitado identidad, en 2017, para la conformación de una firma tipo aserradero, sería pareja de Eckerdt”.

Distinto habría sido el rol de Ábalo, según se describe: “Consistía en el cambio de los cheques recibidos en parte de pago por la venta de las facturas espurias. Eso, a través de la financiera de su propiedad. Mediante estas actividades que desplegaba con habitualidad, que constituirían una intermediación financiera no autorizada, se diluía la ruta del dinero obtenido”.

Con estas ganancias, según la acusación judicial, “Ábalo habría adquirido un inmueble tipo departamento en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, y otro en Monte Caseros en la provincia de Corrientes, llegando a invertir 40 millones de pesos en un año. También habría adquirido vehículos que se encontrarían a nombre de terceros”.

Por ello, consideran que se trataba de un negocio redondo por donde se lo mire: “Estos beneficios que obtenía la organización a través de sus servicios posibilitó que percibieran montos millonarios de usuarios de facturación apócrifa, los que eran cobrados a través de maniobras financieras que ocultaban el real beneficiario, lo que les permitía disponer de tales valores, invertirlos y aplicarlos en beneficio propio y de sus familiares”, se argumentó en el procesamiento.

El accionar de la banda deberá ser ventilado en un juicio oral y público, donde quedará expuesta la maniobra que enriqueció a unos pocos y perjudicó al Estado.

Los diálogos sobre facturas, IVA y cuentas financieras

Parte fundamental de las pruebas contra la organización fueron escuchas telefónicas, donde se registraron conversaciones comprometedoras para los sospechosos. Por ejemplo, una entre Eckerdt y un cliente llamado Carlitos:

C: —Buen día Lucho ¿cómo andás?

E: —Todo bien.

C.: —¿Vos cómo andás de IVA?

E: —¿Cómo, cómo ando?

C: —¿No te hace falta IVA, si yo te hago una factura no te afecta?

E: —No, no me afecta, olvidate.

C: —¿Te favorece seguro?

E: —Pero sí bola, ya me está faltando, estoy pagando, llegué a pagar hasta 60.000 pesos por la falta de IVA.

C: —Bueno, porque estoy negativo, tengo que facturar un poco ¿viste? Te voy a hacer unas facturas si querés.

E: —Sí, hacé todas las que quieras nomás porque para este mes me va a faltar otra vez, para el mes que viene vamos a seguir facturando este mes.

También en la causa consta un diálogo entre el contador Bahr y dueño de la financiera, Ábalo:

A: —Necesito que me des una respuesta, no depositó hace una semana Guillermo, no puedo depositar más en el Santander. Vamos a usarla hasta que nos pidan información, cuando nos pidan la misma información que le pidieron al Santander automáticamente vamos a dejar de depositar.

B: —Sí, está bien, pero Javier disculpame, el tema es el siguiente: esa sociedad no puede seguir adelante porque está complicada por unas cosas que yo he hecho respecto a la mala administración, digamos. Tenemos hechas muchas facturas B y va a venir una inspección, yo por eso quiero hablar con vos después, la sociedad no la podemos seguir. Yo por eso te diría, si es posible cambiar, digamos, inscribirte y ponerte como financiera vos y tu mujer, usar una cuenta tuya.

Esto, para la Justicia, sustenta la hipótesis de las actividades comerciales irregulares “que llevaron a un incremento patrimonial injustificado y las operaciones financieras anómalas”.

Fuente: Uno