Nueva línea investigativa sobre familia desaparecida en 2002 en Entre Ríos

“Hay una deuda del Estado con dos familias que desde 2002 no tienen respuestas”, indicó el juez de Nogoyá sobre la causa Gill y dijo que desde hace dos semanas se trabaja con un nuevo testigo. Se ofrece recompensa y esperan georadares para rastrillar una zona.

Una recompensa de 9 millones de pesos fue ofrecida para poder hallar a la familia Gill que desapareció hace 20 años de un campo de Entre Ríos.

El matrimonio integrado por Rubén José Gill, de 54 años, y Margarita Norma Gallegos, de 25, fue visto por última vez el domingo 13 de enero de 2002 en la ciudad de Viale, ubicado 50 kilómetros al este de Paraná.

Junto a sus hijos María Ofelia, de 11 años; José Osvaldo, de 9; Sofía Mercedes, de 7; y Carlos Daniel, de 3, habían concurrido a un velorio y luego fueron trasladados al establecimiento rural “La Candelaria”, ubicado en Crucesitas 7ma, 80 kilómetros al este de la capital entrerriana: allí vivía la familia desaparecida. A partir de aquella jornada, no se supo más nada de los Gill y se convirtieron en un gran enigma.

“Cualquier dato se puede aportar al teléfono 134”

Gustavo Adolfo Acosta, a cargo del Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá, solicitó al Ministerio de Seguridad que ofrezca una recompensa para aquellas personas que puedan aportar datos que sirvan para dilucidar cuál fue el destino de la familia entrerriana.

Ante esto, formalizó este miércoles un ofrecimiento de 9 millones de pesos para intentar destrabar el expediente número 350/02, que se encuentra frenado por falta de avances. El Ministerio de Seguridad de la Nación lo hizo a través de la resolución 425/2022.

“Desde el Ministerio de Seguridad se admitió las gestiones que fuimos realizando desde el Juzgado junto con María Delia Gallego y con la colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, a través de Daniel Paduan, que realizamos gestiones para tramitar esta recompensa. Así, después de diversas documentaciones que fueron requeridas y cumpliendo los requisitos que exige la legislación pertinente, el día 04 se emitió la resolución por la cual se ofrece un millón y medio de pesos por cada una de las personas que porte información. Se coordina a través de cualquier dato que se pueda aportar al número de teléfono 134”, comenzó afirmando Acosta a Elonce.

Reconoció que “esto es un instrumento, no es que con esto se solucione la causa. Esperemos que con este instrumento se pueda llegar a algún dato para avanzar en esta causa, que hasta ahora ha dado resultados negativos”.

Asimismo, aseguró que María Delia Gallego “ha empujado mucho la causa, con ella hemos recorrido kilómetros y kilómetros, hemos entrevistado a muchísimas personas en busca de datos que puedan aportar alguna luz para saber qué paso con toda la familia”.

“Desde enero de 2002 hay dos familias, la familia Gallego en Nogoyá y los familiares de ‘Mencho’ Gill en Paraná, a los que el Estado aún no les ha dado una respuesta y estamos absolutamente en deuda con ellos”, reconoció el juez.

Al ser consultado, indicó que “al menos cinco veces se han realizado excavaciones en función de datos que nos dan algunas personas, testigos de la zona, que de buena fe creían que podía haber en los lugares que ellos nos señalaban, algo para avanzar en la causa”.

A la espera de los georadares

Y contó que lo último que han realizado en torno a la causa, es “dos semanas atrás, un recorrido con un testigo, en un determinado paraje. Estamos a la espera de los georadares de Antropología Forense para que pueda rastrillarse esa zona”.

Agregó que se trata de “una persona de la zona que ha aportado un dato, pudimos ubicar las coordenadas”.

“Hemos optado por hacer un trabajo de bajo perfil, para no generar expectativas. En caso de que eventualmente en algún momento surja algo positivo, lo daremos a conocer. Hemos realizado una diversidad de medidas en todo este tiempo, pero todas con resultado negativo. Nos sentimos acompañados, el trabajo de Antropología Forense es de destacar con prestigio y experiencia a nivel internacional. También nos ha acompañado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia”, agregó.

Y además relató que entre las primeras hipótesis que trabajaron fue que “se hayan ido a otro lugar, en ese entonces”, agregando el juez que él “no se cierra” a “hipótesis con desenlaces más trágicos y que puedan tener que ver con que estén ahí, en esa zona. Son hipótesis de trabajo”.

A su vez llevó tranquilidad a quién desee aportar datos, ya que “el aporte de información es prácticamente anónimo, solamente que en el caso de que se avance queda registrado en el Ministerio de Seguridad, pero la identidad no se la da a conocer. En caso de que el resultado positivo eso queda en una caja fuerte en donde está la identidad de la persona, y al tener derecho de recompensa solo la abre el escribano de Presidencia de la Nación”.