Juez deniega acceso a un legajo de inteligencia a procesados que extraían arenas del sur entrerriano para Vaca Muerta
La decisión fue tomada ante la presentación hecha por las defensas de personas procesadas por contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. Se priorizó confidencialidad en los datos y pertenencia al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) y al Grupo Egmont (de Unidades de Inteligencia Financiera). La investigación involucra a una empresa que provee arenas silíceas del sur de Entre Ríos a firmas petroleras para realizar “fracking” en Vaca Muerta.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay denegó el acceso a un legajo reservado de inteligencia financiera arribado desde los Estados Unidos a la defensa de dos procesados que extraían arena silícea en el sur de Entre Ríos para utilizarlas en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, en el marco de la causa contra la empresa NGR Proppants Argentina por sobrefacturación de importaciones.
La decisión fue adoptada por el magistrado en un incidente paralelo al expediente en el que fueron procesados los integrantes de la sociedad y los despachantes de aduana, a partir de una denuncia penal que formuló la Dirección General de Aduanas (DGA), por haber montado un sistema por el cual importaban maquinaria pesada para un emprendimiento de arenas silíceas en Vaca Muerta pero que en realidad escondía una sobrefacturación del material comprado a un proveedor relacionado, y la posterior triangulación de los dólares excedentes a tipo de cambio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para ser liquidados luego al valor MEP, vía agentes de Bolsa.
En la causa principal, González Charvay procesó sin prisión preventiva a cuatro personas por haber sobrefacturado la importación de “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”, en una maniobra que les reportó ganancias por la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el contado con liquidación.
Para avanzar en la investigación fue clave la información aportada por los Estados Unidos por medio de un acuerdo de intercambio de datos tributarios. Ahora, el magistrado rechazó un pedido de las defensas para acceder a un legajo de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La información para arribar a los procesamientos y tener por acreditada la maniobra, fue recibida por la UIF a partir del convenio de intercambio de información tributaria provista por los Estados Unidos, luego de establecer que los beneficiarios finales de las compañías involucradas contaban con cuentas bancarias por donde había circulado el dinero de la operación que había retornado al país bajo ese formato para obtener ganancias de la brecha cambiaria.
Los porqués del rechazo
Ya habían intentado tener acceso a la información arribada desde el exterior y el juez había denegado esa pretensión. Apelaron y la Cámara Federal de San Martín consideró que la decisión del juez no estaba fundada.
En el primer precedente de estas características, González Charvay -que había dotado de carácter “reservado” a un legajo que recibió de la UIF- insistió en el rechazo de la pretensión de las defensas de Oscar Guercio y Damián Strier (ambos ligados a NRG) para ser vinculados a ese anexo reservado.
Es un precedente de relevancia en atención a los incipientes nexos de intercambio que no eran frecuentes con los Estados Unidos y que se reactivaron hace muy poco tiempo con la firma de nuevos convenios y la puesta en marcha de otros que ya estaban vigentes pero en desuso.
En la cooperación internacional suele primar la desconfianza y cada paquete de datos que se comparten sirven como un test de fiabilidad para con el país receptor, cuyo celo en el resguardo suele habilitar ampliaciones futuras de la información compartida.
Pero González Charvay agregó un dato fundamental para justificar su negativa: que el informe recibido desde el exterior por la UIF no integró la “plataforma fáctica” que se utilizó para tomarles declaración indagatoria a los imputados, ni tampoco integró las pruebas de cargo (fueron corroboradas por vía independiente a partir de allanamientos en las sociedades de Bolsa donde se halló documentación respaldatoria), “como así tampoco fue ponderado su contenido en oportunidad de resolver las situaciones procesales”, por lo que no se consideraba que dicho acceso fuese de interés para las partes, en una medida con mayor contenido simbólico por ratificar la posición de la justicia argentina para intensificar este tipo de intercambios.
“En el marco de la presente pesquisa, la UIF se expidió, tanto en oportunidad de remitir el informe incorporado al legajo como al responder la vista conferida en su carácter de tercero interesado, indicando que debía mantenerse la reserva de la información obtenida de fuentes extranjeras. No resulta ocioso señalar que el incumplimiento de los lineamientos establecidos por el Grupo Egmont (que agrupa a 167 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo) en su Carta y Principios es considerado pasible de sanciones que van desde advertencias hasta suspensión o cancelación de la membresía”, explicó el juez González Charvay al rechazar el pedido de acceso al legajo reservado.
El magistrado agregó: “El análisis efectuado respecto de las normativas internacionales, la postura del más alto tribunal, así como también el derecho interno, me llevan a concluir que no es el suscripto quien cuenta con las atribuciones necesarias para despojar de la reserva otorgada por la Unidad de Información Financiera a la información que fuera remitida por ese organismo y que se encuentra agregada al legajo de investigación al que la defensa pretende acceder”.
El expediente a cargo de González Charvay se inició en junio del año pasado, tras una denuncia de la División Sumarios de Prevención dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA). En un primer momento, la causa tramitó en el fuero penal económico, pero después, por una cuestión de competencia, quedó radicada en el Juzgado Federal de Campana.
Se investigó una sobrefacturación en la importación desde los Estados Unidos de “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”. La maniobra fraudulenta detectada, según la DGA, ascendería a los 83 millones de dólares.
La maniobra
Hace dos meses, en una resolución de 102 páginas, González Charvay trabó un embargo sobre los bienes de los cuatro procesados de entre 2500 y 5000 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.
Sin embargo, González Charvay, ante un nuevo pedido de acceso de los imputados, consideró que no había que hacer lugar dado que se priorizaba el resguardo de la información ante la responsabilidad que podía caberle al Estado Nacional ante el “incumplimiento de los compromisos de confidencialidad asumidos en las relaciones internacionales generadas a partir de la pertenencia de nuestro país al GAFI y al Grupo Egmont”, se indicó en la resolución de 14 carillas.
Las cuatro personas bajo investigación (tres empresarios y una despachante de aduanas) quedaron procesadas por los delitos de contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. La sospecha es que, con el producto de la sobrefacturación, giraban dólares al valor oficial y los reingresaban a través de sociedades de bolsa a la cotización del “contado con liqui”, para sacar un millonario provecho con la diferencia cambiaria, del orden del 100 por ciento.
“Al efectuar un cotejo entre los valores declarados en la aduana norteamericano y la aduana argentina a través de los 24 despachos de importación correspondientes, se detectaron sustanciales diferencias. Es decir, los valores declarados en la Argentina, US$100.451.157,33, resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América: US$17.367.633″, según se desprende del expediente.
La empresa importadora de la maquinaria pesada es NRG Argentina, que según su página web le ofrece a la industria del petróleo y el gas “insumos estratégicos: arena natural y agente sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la obtención de resultados exitosos en el desarrollo energético de la Argentina”.
Según informó la DGA en un comunicado de prensa, “la fiscalización de Aduana detectó sustanciales diferencias en los valores de la maquinaria adquirida por NRG Argentina a un proveedor en los Estados Unidos –Marull Heavy Equipment LLC– que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportación de esa firma.
Pero la información que llegó desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de información tributaria es que uno de los socios de NRG era, a su vez, apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull, desde donde se autorizaron giros por 43 millones de dólares que retornaron a la Argentina por medio de sociedades de bolsa, y se sospecha que fueron liquidados a valores del ‘dólar contado con liquidación’ (CCL) para hacerse de la diferencia cambiaria”.
Además de los procesamientos y los embargos millonarios, el juez González Charvay dispuso que “se arbitren los medios necesarios a los efectos de proceder en busca de e identificación de bienes y productos bancarios en los Estados Unidos, hasta cubrir los 92.339.773 de dólares” a nombre de los sospechosos imputados.
