El senador nacional Eduardo Kueider quiere trasladar la capital argentina a Paraná
El traslado de la capital argentina a la ciudad entrerriana de Paraná fue presentado en el Congreso por el legislador concordiense Edgardo Daniel Kueider, desde el interbloque Las Provincias Unidas, creado hace dos semanas, con el objetivo de alcanzar un “federalismo más efectivo” y del que forman parte el autor del proyecto y sus pares Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal al igual que el senador entrerriano; Juan Carlos Romero de Cambio Federal; Edith Terenzi de Despierta Chubut; y Lucila Crexell del Movimiento Neuquino.
El senador nacional Egardo Darío Kueider (Entre Ríos) presentó en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley que, en su Artículo 1°, propone trasladar y declarar “Capital de la República Argentina, al núcleo urbano erigido y por erigirse en el área de la actual ciudad de Paraná, con sus actuales límites”, según indica en su Artículo 1°.
La propuesta de Kueider, que ingresó por Mesa de Entradas el pasado 7 de agosto, con el número de expediente1347/24 , se suma a la que hace dos días presentó el el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien propuso retomar la iniciativa impulsada por el expresidente Raúl Alfonsín de mudar la capital argentina hacia la Patagonia, ubicándola en un distrito conformado por Viedma y Guardia Mitre (Provincia de Río Negro) y su vecina Carmen de Patagones (Provincia de Buenos Aires).
En tanto, el proyecto de Kueider – en cuyo original se lo nombra erróneamente como Eduardo y que fue girado el 9 de agosto de 2024 a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda-, por su Artículo 2°, faculta “al Poder Ejecutivo Nacional para proceder, de común acuerdo, con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a determinar y demarcar el territorio que será federalizado, así como al posterior dictado de las leyes correspondientes para proceder al deslinde del mismo”.
Traslado por etapas
En este sentido, indica que “una vez realizada la cesión del territorio por parte del Gobierno Provincial, se dará por cumplimentado lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Nacional, rigiendo todos los efectos institucionales, legales, administrativos y cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales provinciales y municipales”.
También, precisa que “el Poder Ejecutivo Nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso, declararán habilitados los locales e instalaciones suficientes, aptos para el desempeño de las autoridades que, en virtud de la Constitución Nacional, ejercen el Gobierno Federal”.
Además, puntualiza que “dicho traslado se realizará por etapas, comenzando por la Presidencia de la Nación y principales Organismos Públicos de su dependencia, que estará formalmente instalado en la nueva sede en un plazo no mayor a los 3 años, contados desde la promulgación de la presente Ley”.
Coexistencias, expropiaciones, urbanismo y población
Por otra parte, en su Artículo 3°, establece que “hasta que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 2, coexistirán en el territorio la jurisdicción federal para todo lo concerniente al traslado e instalación de la Capital y las jurisdicciones locales para todo lo que no se refiera a ello”.
Por este motivo, agrega, “continuarán rigiendo en dicho territorio los ordenamientos legales y administrativos locales, manteniendo la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná sus facultades jurisdiccionales y el dominio sobre sus bienes en cuanto no se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional concernientes al traslado e instalación de la Capital, comprendiéndose en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente a cumplir los objetivos de esta ley, exceptuando obligatoriamente el dominio exclusivo y originario de la Provincia de Entre Ríos de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En tanto, por el Artículo 4°, se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional para proceder, de común acuerdo, con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a determinar específicamente los bienes de propiedad privada situados en el territorio del artículo 2, que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, en los términos de la Ley 21.499. Para su determinación se tendrá en cuenta solo aquellos que resulten necesarios para el establecimiento de la nueva Capital y/o todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base de planes o planos y proyectos específicos convenga material o financieramente al mismo efecto de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motiva esta declaración, o que hagan al desarrollo integral o asentamiento de población en el área”.
Más adelante, por el Artículo 5°, se faculta “al Poder Ejecutivo a convenir con los Gobiernos de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná la transferencia:
- De los bienes de dominio público;
- De los bienes de dominio privado;
- Del uso de bienes del dominio público o privado del Estado de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, para la instalación de las autoridades nacionales;
- De los registros y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a los bienes situados en el territorio; y
- De las deudas y créditos de la citada Municipalidad y del Gobierno provincial concerniente al territorio que se federaliza”.
Por este motivo, según el Artículo 6°, “una vez concretado el traslado del Poder Ejecutivo, el actual Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires adquirirá el carácter de federal que corresponde a las demás provincias”.
Misiones diplomáticas
En otro orden, el Artículo 7°, previene que “el Poder Ejecutivo podrá reservar un espacio urbano en la ciudad de Paraná para las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, que deseen construir en el lugar sus respectivas sedes diplomáticas”.
Cuestiones presupuestarias
Luego, en el Artículo 8°, se prevé que “el Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de presupuesto y cálculo de recursos para el ejercicio del año siguiente al que se produzca la cesión contemplada en el artículo 2°, la partida de gastos necesarios para el cumplimiento de esta ley. En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de la presente y la instalación de la nueva Capital Federal podrán afectar los fondos y recursos que corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto. Asimismo, a los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la Ley N° 21.499”.
Por otra parte, de acuerdo al Artículo 9°, “los agentes de la Administración Pública Nacional que revistan en organismos cuyo traslado se disponga como consecuencia de la sanción de la presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado serán reubicados en otros organismos en la forma y plazos que determine la reglamentación”.
Mientras tanto, el Artículo 10 puntualiza que “el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un plan nacional que, vinculado con los fines tenidos en cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a la integración territorial, el equilibrio demográfico, la reforma y descentralización administrativa, así como la explotación de los recursos naturales. Asimismo informará anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento de dicho plan”.
Finalmente, el Artículo 11, explica que “cumplidos los requisitos previstos en el artículo 2 y de acuerdo a los dispuesto en el artículo 6, deróguese Ley N° 24.588 y la Ley N° 23.515”.
Fundamentos
En cuanto a los fundamentos del proyecto, Kueider señala que la iniciativa “tiene como objetivo el traslado de la Capital de la República Argentina a la ciudad de Paraná, Entre Ríos con el fin de profundizar las políticas de descentralización y cumplir con lo expresado en el artículo 1° de la Constitución Nacional, donde se establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”.
Para el legislador, “el traslado de la capital a Paraná no sólo implicaría un cambio de sede, sino también de paradigma. Sería una señal clara del compromiso con el federalismo y la búsqueda de un país donde todas las regiones tengan las mismas oportunidades de crecimiento y progreso”.
El senador considera que “la actual concentración de poder político y económico en Buenos Aires ha generado un desequilibrio significativo en el desarrollo del país, relegando el crecimiento de las provincias del interior. El traslado de la capital a Paraná contribuiría a descentralizar el poder y promover un desarrollo más equilibrado entre las regiones y, al mismo tiempo, ayudará a desconcentrar la población y resolver el problema demográfico con el que cuenta el país”.
El concordiense recuerda que “a lo largo de la historia, múltiples iniciativas legislativas para trasladar la capital federal han sido sancionadas pero nunca llevadas a cabo. Un ejemplo claro es la Ley 23.512 de 1987, que designaba a parte de las ciudades de Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (Río Negro) como la nueva capital. Sin embargo, este proyecto, al igual que otros anteriores, no logró concretarse debido a diversos obstáculos políticos y económicos”.
Recurriendo a la historia, Kueider manifiesta que “el federalismo argentino ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad nacional. La lucha por la autonomía provincial y la distribución equitativa del poder fueron ejes centrales de las guerras civiles del siglo XIX. En este contexto, Paraná emerge como un símbolo de esta lucha y un bastión del federalismo”.
“La sanción del Pacto Federal en 1831 – asevera- consolidó el federalismo como forma de organización política del país. Este acuerdo, que sentó las bases de la Constitución Nacional de 1853, reconocía la autonomía de las provincias y establecía un gobierno federal con poderes limitados”.
Precisamente, recuerda que “Paraná, como capital de la Confederación, fue testigo de este hito histórico”.
Sobre dicho período, indica que “durante la Confederación Argentina (1835-1859)*, Paraná se convirtió en la capital. Esta elección no fue casual, sino que respondía a la necesidad de establecer un gobierno federal alejado de la influencia de Buenos Aires, que defendía un modelo unitario. Paraná, ubicada en el corazón del país, representaba un espacio neutral donde las provincias podían encontrar un punto de encuentro y consenso”.
Complementariedad con Buenos Aires
Volviendo al presente, remarca que “el traslado de la capital a Paraná no solo beneficiaría a Entre Ríos, sino que tendría un impacto positivo en todo el país. Generaría un nuevo polo de desarrollo económico y social, atrayendo inversiones y creando empleo. Además, fortalecería los lazos entre las provincias y promovería una mayor cohesión social”.
No obstante, destaca que “este proyecto no implica un abandono de Buenos Aires, sino una redistribución del poder y de los recursos. Ambas ciudades podrían complementarse y trabajar en conjunto para el desarrollo del país”.
Polo de atracción para las inversiones
Desde su punto de vista, “la presencia del gobierno nacional en otra jurisdicción actuaría como un polo de atracción para la inversión privada. Las empresas buscarían instalarse en la región para estar cerca del poder político y administrativo, lo que impulsaría el desarrollo de nuevos sectores económicos más allá de las actividades tradicionales”.
“Esta diversificación productiva contribuiría a generar un tejido empresarial más sólido y resiliente en la región. En especial considerar cómo este cambio afectaría a otras provincias clave como Santa Fe, Córdoba y Corrientes”, asegura.
Sobre el particular, advierte que, “siendo una provincia con una economía diversificada y un fuerte sector industrial, Santa Fe podría verse beneficiada por el traslado de la capital. La cercanía geográfica y las excelentes conexiones viales y ferroviarias facilitarían el comercio y la cooperación entre ambas provincias. Además, Santa Fe podría convertirse en un centro logístico y de servicios para las empresas que se instalen en Paraná”.
Del mismo modo, dice que “conocida como el corazón industrial de Argentina, Córdoba también podría experimentar un crecimiento económico significativo. La cercanía y la existencia de una sólida infraestructura vial facilitarían la conexión entre ambas provincias. Córdoba podría especializarse en la provisión de bienes y servicios industriales para el sector público y privado que se instale en la nueva capital”.
En cuanto a nuestra vecina del norte, resalta que, “si bien Corrientes se encuentra un poco más alejada, también podría beneficiarse del traslado de la capital. La provincia cuenta con un gran potencial turístico y productivo, y el aumento de la actividad económica en la región podría generar nuevas oportunidades de inversión. Además, la mejora de las infraestructuras viales y de comunicación facilitaría el acceso de Corrientes a los mercados nacionales e internacionales”.
Demografía, empleo y vivienda
Por otro lado, Kueider considera que “el traslado de la capital representaría además una oportunidad única para corregir los desequilibrios demográficos existentes en Argentina”.
“La concentración excesiva de población en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha generado una serie de problemas como la sobrecarga de servicios públicos, el aumento de la desigualdad social y la vulnerabilidad ante crisis. El traslado de la capital y de gran parte de las actividades gubernamentales y administrativas reduciría la presión demográfica sobre el AMBA permitiendo una mejor distribución de la población en el territorio nacional. El crecimiento de ciudades como Paraná y otras capitales provinciales generaría nuevas oportunidades de empleo y vivienda atrayendo a población de otras regiones y aliviando la presión sobre el AMBA”, expone.
De esta manera, “una distribución más equitativa de la población reduciría la vulnerabilidad del país ante crisis y shocks externos”, refiere.
Sin embargo, subraya que “para lograr un equilibrio demográfico más justo se deben implementar políticas que incentiven la relocalización de empresas y personas hacia otras regiones como la oferta de incentivos fiscales la mejora de la infraestructura y el desarrollo de programas de vivienda”.
“Es fundamental promover el desarrollo integral de las regiones no solo a través de la inversión en infraestructura sino también mediante el fortalecimiento de las instituciones locales y la creación de condiciones favorables para el emprendimiento y la innovación. Las ciudades que reciban un flujo migratorio significativo deberán contar con planes de desarrollo urbano que garanticen una ocupación del territorio ordenada y sostenible”, vaticina.
Ejemplos internacionales
Buscando antecedentes, el legislador expresa que “muchos países han emprendido procesos de descentralización y reubicación de capitales con muy buenos resultados”.
En su auxilio trae un caso emblemático: “El traslado de la capital de Río de Janeiro a Brasilia en la década de 1960 fue una decisión política estratégica con el objetivo de impulsar el desarrollo de la región Centro-Oeste. La construcción de Brasilia si bien fue un proyecto ambicioso y costoso, logró atraer inversiones y población a una región antes poco desarrollada”, recuerda.
Pero, no es el único caso que cita: “La mudanza de la capital de Almaty a Astana en Kazajistán fue un proceso más reciente y radical. La nueva capital fue diseñada desde cero para convertirse en un centro financiero y político moderno. Este proyecto ha sido exitoso en términos de atraer inversión extranjera y modernizar la imagen del país”.
Por lo demás, expone que “aunque Australia no ha trasladado su capital, ha implementado políticas de descentralización para reducir la concentración de población en las grandes ciudades costeras. Programas de incentivos fiscales, inversión en infraestructura y el desarrollo de centros regionales han contribuido a un crecimiento más equilibrado del territorio”.
Finalmente, concluye que, por los motivos apuntados, “el traslado de la capital a Paraná es una propuesta que merece ser considerada y debatida seriamente. Es una oportunidad histórica para construir un país más justo, equitativo y federal, donde todas las regiones tengan las mismas oportunidades de desarrollo”.
*En realidad, el autor del proyecto comete un desliz y se refiere a la denominada Confederación Argentina que subsistió entre 1852 y 1862, de la cual sí fue capital la ciudad de Paraná.
