Código 600 en Concordia: aclaración municipal por jubilados en el gabinete, denuncia penal y un decreto que no cierra

El Código 600 de la Municipalidad de Concordia estalló como uno de los episodios más incómodos de la gestión del intendente Francisco Azcué: funcionarios jubilados de la Provincia que cobraban hasta 3,5 millones de pesos mensuales por una partida catalogada como “gastos de representación”, sin aportes previsionales, mientras los trabajadores municipales de menor jerarquía perciben salarios que no alcanzan la línea de pobreza. La Caja de Jubilaciones alertó al municipio en enero, una denuncia penal llegó a la Fiscalía en abril, y el Ejecutivo respondió con un comunicado oficial que defiende su criterio jurídico pero que —en simultáneo— dispone, a partir del 1° de abril, dejar de liquidar esa partida mediante ese mecanismo. Sin embargo, el Decreto N° 355/2026, firmado el 23 de abril, incluyó el Código 600 en el aumento del 4% para los sueldos de abril: la misma herramienta que se anuncia como discontinuada aparece, una vez más, en la liquidación de ese mes.

Desde hace meses, una partida presupuestaria de nombre técnico —”Código 600″— concentra un debate que mezcla derecho previsional, ética pública y política municipal en la ciudad de Concordia. La Municipalidad lo defiende como un criterio jurídico razonable; la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos lo cuestionó formalmente; y ATE, la Mesa de Jubilados y el Movimiento Surge lo llevaron ante la Fiscalía. Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que dejó de usarlo —pero incluyó su actualización en el decreto salarial de abril.

Qué es el Código 600 y por qué genera controversia

El Código 600 es una partida presupuestaria habitualmente destinada a gastos no remunerativos —viáticos, gastos de representación— que la Municipalidad de Concordia utilizó para abonar sumas de dinero a funcionarios designados formalmente como “ad honorem”. Según la documentación relevada por medios locales, los decretos de designación establecían que los cargos se ejercerían “ad honorem” y “sin liquidación del mismo”, pero en una segunda instancia los mismos funcionarios recibieron asignaciones económicas a través de esa partida, sin que el municipio realizara aportes previsionales.

Varios de esos funcionarios son jubilados provinciales. El mecanismo les permite —según sus críticos— cobrar simultáneamente la jubilación de la Caja de Entre Ríos y un ingreso municipal de magnitud considerable, sin que esa percepción quede registrada como relación de dependencia. Algunos de estos funcionarios perciben entre 2,7 y 3,5 millones de pesos mensuales por este concepto, según datos confirmados por informes de transparencia municipal.

El código fue creado en 2016 mediante el Decreto N° 198/2016 y, según el Ejecutivo, lleva más de diez años de uso.

La posición del Departamento Ejecutivo Municipal: seis argumentos

En un comunicado emitido el miércoles 29 de abril de 2026, la Municipalidad de Concordia expuso su posición oficial. Sus argumentos centrales son los siguientes:

1. Buena fe y transparencia. El municipio sostiene que actuó de buena fe, que los criterios utilizados fueron publicados en el Boletín Oficial mediante los decretos correspondientes y que el objetivo fue incorporar a la gestión a profesionales de trayectoria reconocida.

2. La designación ad honorem no es empleo en relación de dependencia. La posición del Ejecutivo es que los funcionarios políticos no encuadran en la noción de “empleo” en los términos de la Ley Provincial N° 8.732 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones del personal provincial y municipal de Entre Ríos), por lo que la incompatibilidad prevista en esa norma no sería aplicable.

3. Aval en un precedente provincial. El municipio apoya su interpretación en el Decreto N° 171/2025 del gobernador Rogelio Frigerio, mediante el cual se expidió sobre la situación de su ministro Néstor Roncaglia, señalando que los funcionarios políticos no constituyen “empleo” en los términos de la normativa previsional. Los funcionarios afectados presentaron recursos de revocatoria citando ese decreto como precedente, argumentando que sus cargos son “políticos” y no implican una actividad en relación de dependencia.

4. El Código 600 tiene más de una década de uso. El Ejecutivo subraya que la herramienta no fue creada por la gestión actual sino que existe desde 2016 y fue utilizada de manera continuada.

5. Plena disposición a adecuarse. Ante la intervención de la Caja de Jubilaciones y la existencia de interpretaciones jurídicas divergentes, el municipio afirma su disposición a modificar el procedimiento “en caso de que así corresponda, conforme a lo que determinen los organismos competentes”.

6. Rechazo a la utilización política. El intendente Francisco Azcué cuestionó que la situación sea usada “con fines políticos para cuestionar la honorabilidad de funcionarios que han demostrado, en su trayectoria y en su desempeño, un compromiso claro con la comunidad”, según el comunicado oficial del 29 de abril.

El decreto que discontinúa el mecanismo… y el otro que lo actualiza al mismo tiempo

El Ejecutivo informó que “mediante un decreto dispuso dejar sin efecto, a partir del 1° de abril, esta forma de liquidar los gastos de representación otorgados a determinados funcionarios que no perciben retribución por su cargo”. La medida, según la Municipalidad, apunta a brindar certeza jurídica, resguardar la seguridad previsional de los involucrados y evitar posibles perjuicios ante la divergencia de interpretaciones.

Sin embargo, el Decreto N° 355/2026, firmado el 23 de abril de 2026, que dispuso un aumento salarial del 4% para el personal municipal, incluyó expresamente en su texto a quienes perciben el Código 600. La norma establece que el incremento alcanza también a quienes perciben el Código 600: funcionarios, empleados de planta permanente y contratados con aportes, entre los que se cuentan jubilados provinciales que ofician de funcionarios con cargos catalogados como “ad honorem”. En la práctica, ello implica que el Código 600 —anunciado como discontinuado desde el 1° de abril— fue actualizado un 4% para ser liquidado con los sueldos del mes de abril.

Esta aparente contradicción no fue explicada por el Ejecutivo en su comunicado.

La alerta de la Caja de Jubilaciones y los nueve nombres

El conflicto tiene un antecedente formal anterior al comunicado municipal. En enero de 2026, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos notificó formalmente a la Municipalidad de Concordia sobre “casos de posible incompatibilidad Activo-Pasivo, sobre beneficiarios con posible vínculo laboral con el Municipio de Concordia”, advirtiendo que estas situaciones podrían configurar evasión de aportes y contribuciones al sistema previsional.

La notificación consignó nueve nombres: Luis Víctor Costa, Claudia Silvina Perillo (quien renunció a su cargo en febrero), Patricia Elena Jaluf, María de los Ángeles Méndez, Carlos Humberto Gatto, Nélida Elsa Amam, Arnoldo Federico Schattenhofer, María Carolina Pérez y María José Umedez, todos con cargos políticos dentro de la administración local.

La Caja de Jubilaciones aún no se expidió sobre los recursos de revocatoria presentados por los funcionarios afectados, y el debate jurídico permanece abierto.

La denuncia penal: ATE, jubilados y Surge en la Fiscalía

El 6 de abril de 2026, la ATE Seccional Concordia, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo y el Movimiento Surge presentaron una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Concordia. El escrito solicita que se investigue si varios integrantes del gabinete del intendente Azcué cobran simultáneamente jubilaciones provinciales e ingresos municipales, en aparente violación de la Ley Provincial N° 8732.

El documento señala que los hechos denunciados podrían encuadrar, de manera preliminar, en tres figuras del Código Penal: defraudación contra la administración pública (artículo 174, inciso 5), falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293) e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248). Los propios denunciantes aclararon que la calificación definitiva dependerá de lo que surja de la investigación.

Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia, fue categórico al fundamentar la adhesión gremial: “El Código 600 es un invento. ¿Por qué, si sos funcionario, tenés que cobrar en negro? No existe eso”. José Ramón Cabrera, uno de los firmantes, declaró que “no podíamos quedarnos en silencio ante algo que parece tan injusto” y señaló que “los funcionarios saben que perjudican la entrada de la Caja y a muchos jubilados y pensionados”.

Las acusaciones son de carácter preliminar. La determinación de responsabilidades corresponde a la Justicia. La Municipalidad de Concordia no emitió declaraciones sobre la denuncia judicial.

El conflicto salarial como telón de fondo

La controversia sobre el Código 600 se inscribe en un conflicto laboral más amplio. ATE Seccional Concordia expresó su “más enérgico repudio” al aumento del 4%, señalando que ese porcentaje “no alcanza siquiera a superar la inflación acumulada en lo que va del año, estimada en un 9,2%, y mucho menos a recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores, que ya supera el 23%”.

La escala salarial difundida por ATE muestra que los trabajadores de las categorías más bajas (1 a 5) perciben $586.956,31 mensuales, mientras que los de categoría 24 llegan a $816.908,31, montos que se sitúan en torno o por debajo de la línea de pobreza para un adulto equivalente en Entre Ríos, según estimaciones gremiales.

La Municipalidad de Concordia no se presentó a la audiencia del 8 de abril en la Delegación de Trabajo de la Provincia, que debía haber marcado el inicio de una negociación formal. ATE interpretó esa ausencia como una señal más de la negativa del Ejecutivo a discutir salarios con los representantes gremiales.

La brecha entre los $586.000 que cobra un municipal de categoría inicial y los más de 3,5 millones que algunos funcionarios percibieron mediante el Código 600 resume, para el gremio, la inequidad del esquema.