“Jóvenes Emprendedores”: acuerdo y confesión de los implicados en los desvíos de fondos públicos
Cuatro de los principales imputados en el desvío de fondos destinados a proyectos productivos de personas vulnerables admitieron su responsabilidad ante la Justicia de Paraná. El acuerdo de juicio abreviado contempla penas de prisión condicional, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución de más de 100 millones de pesos.
Este lunes, la investigación penal en torno a la causa Jóvenes Emprendedores sumó una instancia decisiva. En una audiencia celebrada ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, cuatro de los principales imputados —Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky— admitieron formalmente su culpabilidad en la maniobra que sustrajo un total de 100.886.972 pesos del erario provincial entre enero de 2018 y diciembre de 2022. El acuerdo presentado por el fiscal Gonzalo Badano y aceptado por las defensas establece una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos en el Estado y la devolución del monto sustraído en un plazo de 60 días.
El mecanismo administrativo del fraude
El programa provincial “Jóvenes Emprendedores” fue creado originalmente con el propósito de otorgar créditos blandos no reintegrables para financiar proyectos productivos de personas desempleadas, estudiantes o ciudadanos con dificultades de inserción laboral. Según detalló la fiscalía, los acusados utilizaron esta estructura para captar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica, a quienes les prometían una ayuda estatal menor.
A partir de los datos de estas personas, la organización confeccionaba expedientes administrativos con proyectos inexistentes y firmas falsificadas. Una vez que el dinero era transferido por el Estado, acompañaban a los supuestos beneficiarios a retirar los montos en efectivo en las entidades bancarias; la organización se quedaba con la mayor parte del dinero y les entregaba a las víctimas sumas marginales que oscilaban entre los 6.000 y 50.000 pesos. Para sortear los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas, la estructura delictiva incorporaba facturas apócrifas, declaraciones juradas falsas y simulaba intimaciones de pago dirigidas a correos electrónicos inexistentes.
Perfiles de los firmantes y repercusiones institucionales
A los tres exfuncionarios implicados se les imputó el delito de peculado reiterado por un total de 319 créditos tramitados de manera irregular. Pedro Gebhart, de 38 años, se desempeñó como subsecretario y luego secretario de Desarrollo Emprendedor durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet. Cristian Klein, de 44 años, ejercía el rol de Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos. Por su parte, Claudio Rosas Vico, de 38 años, ocupaba la Dirección General de Desarrollo Económico Emprendedor en el período del fraude y, hasta hace pocos días, ejercía funciones administrativas dentro de la actual gestión provincial en el área de Turismo, cargo al que debió renunciar tras el avance de la causa judicial. El cuarto firmante, Alejandro Usatinsky, es un civil que actuaba como reclutador de las personas vulnerables utilizadas en la maniobra.
A pesar de la homologación de estas confesiones, el proceso judicial continúa abierto para otros presuntos colaboradores que decidieron no firmar el abreviado. Entre ellos se encuentran Matías Balbuena, señalado como otro de los coordinadores de los reclutadores, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos. Asimismo, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signez, adelantó que la provincia iniciará acciones civiles para intentar recuperar un valor actualizado de los fondos, dado que el monto histórico de 100 millones de pesos ha quedado fuertemente depreciado por el transcurso del tiempo y la inflación.
Interrogantes sobre las responsabilidades políticas
Uno de los aspectos que continúa generando debate es la falta de detección del fraude por parte de las máximas autoridades políticas de los ministerios de los que dependía el programa durante los cuatro años en que se perpetró el vaciamiento. Por las jefaturas de Desarrollo Social, Producción y Economía pasaron figuras de relevancia como los entonces ministros Laura Stratta, Juan José Bahillo y Hugo Ballay. Hasta la fecha, la investigación judicial determinó que ninguno de los ministros ni el exgobernador Gustavo Bordet tenían conocimiento de la simulación sistemática de créditos.
