Crisis silenciosa en Entre Ríos: presos en comisarías aumentan 305% y desafían la legalidad
¡Atención, Argentina! Seguimos enfrentando una crisis humanitaria brutal en nuestras dependencias policiales, donde miles de personas sufren condiciones que el INECIP no duda en calificar como “vejaciones”. La segunda edición del “Ranking Provincial de Presos en Comisarías” confirma que este encierro inhumano no es casualidad, sino un problema estructural que nuestros jueces y juezas parecen haber naturalizado. Y en Entre Ríos, la situación es alarmante: entre 2022 y 2023, la tasa de presos en comisarías no solo tuvo una variación absoluta del +1,74%, sino que experimentó un escalofriante crecimiento porcentual del 305,26%. La Campaña “No Más Presos en Comisarías” invita a visibilizar esta realidad intolerable y a exigir responsabilidad judicial frente a la privación de libertad en lugares no aptos, donde el promedio de permanencia nacional supera los seis meses, muy por encima del límite legal de 72 horas.
Argentina: la crisis de presos en comisarías persiste y se agrava por la indiferencia judicial
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ha presentado la segunda edición de su “Ranking Provincial de Presos en Comisarías”, un informe crucial que, con datos a diciembre de 2023, actualiza la grave situación del encierro en dependencias policiales en Argentina. Este estudio, enmarcado en la “Campaña No Más Presos en Comisarías”, tiene como objetivo principal visibilizar las vejaciones que sufren las personas detenidas y enfatizar que su permanencia en estos lugares es una decisión judicial, a menudo sin consideración por las condiciones inhumanas de detención.
La campaña, iniciada hace un año, busca alertar sobre la situación ilegal del encierro en comisarías y exigir la responsabilidad personal de cada juez o jueza que permite estas detenciones. Se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias… y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”, recuerda el INECIP. A pesar de esta clara normativa y de numerosos hábeas corpus, la sobrepoblación y las condiciones inhumanas en comisarías persisten, con un promedio nacional de alojamiento de 184 días, muy por encima de las 72 horas recomendadas para este tipo de instalaciones.
¿Un problema estructural que el Poder Judicial naturaliza?
Una de las conclusiones más preocupantes del informe de 2025 es la “muy baja variación” de los datos con respecto al año anterior, lo que evidencia que el problema es estructural y no coyuntural. El Poder Judicial, lamentablemente, parece haber “naturalizado una situación extremadamente vejatoria”. Esta mirada crítica del INECIP subraya la “poca utilización de los datos en la toma de decisiones públicas en el sector justicia”, resultando en procesos decisorios alejados de la evidencia y más cercanos a la discreción o la intuición.
El estudio de 2024 ya destacaba que, a diciembre de 2022, más de 13.000 personas se encontraban alojadas en comisarías en condiciones inhumanas, sin acceso a servicios básicos como salud, alimento o baños, haciendo imposible cualquier objetivo de resocialización. Para el INECIP, el respeto a “condiciones mínimas de humanidad” es un estándar básico y realizable que no se está cumpliendo en estas dependencias .
¿Cómo se mide la crisis? La Tasa Provincial de Encierro en Comisarías
Para comprender la magnitud del problema, el INECIP construye la Tasa Provincial de Encierro en Comisarías. Esta tasa se calcula dividiendo el “Total de personas encerradas en comisarías de la provincia” por el “Total de personas encerradas por decisión del sistema de judicial de la provincia”. Su objetivo es responder a una pregunta sencilla: “¿qué proporción de las personas que un sistema de justicia ordena encerrar son enviadas a una comisaría?”.
Los datos para el “Total de personas encerradas en comisarías por provincia” provienen del Informe temático “La privación de la libertad en Argentina en datos” del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), con la información más reciente a diciembre de 2023. Para los datos de 2022, también se utilizó la información del CNPT. En cuanto al “Total de personas encerradas por provincia”, este dato se elabora sumando las personas alojadas en cárceles (según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena – SNEEP) y el número de personas en comisarías (según el CNPT).
Definición de “Comisarías” y requisitos mínimos
Aclarando la terminología, el INECIP utiliza la palabra “comisarías” para referirse a cualquier establecimiento policial donde haya personas detenidas, ya sean comisarías propiamente dichas o alcaidías, que no cumplen con los requisitos mínimos para una detención duradera. Este criterio se basa en el Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de Alojamiento (RNLPyC) desarrollado por el CNPT. Estos lugares carecen de la estructura necesaria para cubrir necesidades básicas como salud, alimento o baños, y no están autorizados para detenciones de largo plazo.
Comparación de datos 2022-2023: las cifras que no mienten
La comparación entre los informes de 2024 (con datos de 2022) y 2025 (con datos de 2023) revela una situación estancada o, en algunos casos, empeorada.
Tasa Provincial de Encierro en Comisarías: Diciembre 2022 vs. Diciembre 2023
| Provincia | Tasa Dic. 2022 | Tasa Dic. 2023 | Variación Absoluta |
| LA PAMPA | 61,40% | 64,60% | +3,20% |
| TUCUMÁN | 51,86% | 60,27% | +8,41% |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 50,41% | 51,45% | +1,04% |
| CHUBUT | 43,18% | 47,42% | +4,24% |
| CHACO | 47,08% | 46,43% | -0,65% |
| SANTA CRUZ | 19,67% | 42,64% | +22,97% |
| FORMOSA | 35,44% | 34,74% | -0,70% |
| JUJUY | 37,60% | 27,01% | -10,59% |
| LA RIOJA | 0% | 26,85% | +26,85% |
| MISIONES | 26,42% | 26,53% | +0,11% |
| CABA | 15,18% | 24,61% | +9,43% |
| NEUQUÉN | 22,92% | 22,71% | -0,21% |
| CORRIENTES | 18,31% | 16,72% | -1,59% |
| SALTA | 19,46% | 15,09% | -4,37% |
| SANTA FE | 13,04% | 12,78% | -0,26% |
| CATAMARCA | 10,36% | 7,61% | -2,75% |
| SAN JUAN | 5,93% | 4,92% | -1,01% |
| BUENOS AIRES | 8,09% | 4,32% | -3,77% |
| TIERRA DEL FUEGO | 1,89% | 3,25% | +1,36% |
| MENDOZA | 1,55% | 2,46% | +0,91% |
| ENTRE RÍOS | 0,57% | 2,31% | +1,74% |
| RÍO NEGRO | 3,10% | 2,04% | -1,06% |
| SAN LUIS | 0,31% | 1,31% | +1,00% |
| CÓRDOBA | 0,27% | 0,42% | +0,15% |
Fuente: elaboración propia con datos del INECIP
Las cinco provincias con mayor tasa de encierro en comisarías en diciembre de 2022 fueron: La Pampa (61,40%), Tucumán (51,86%), Santiago del Estero (50,41%), Chaco (47,08%) y Chubut (43,18%).
En diciembre de 2023, la situación empeoró en casi todas ellas, manteniéndose en los primeros puestos: La Pampa (64,60%), Tucumán (60,27%), Santiago del Estero (51,45%), Chubut (47,42%) y Chaco (46,43%).
En contraste, las cinco provincias con menor tasa en diciembre de 2022 fueron: La Rioja (0%), Córdoba (0,27%), San Luis (0,31%), Entre Ríos (0,57%) y Mendoza (1,55%).
Para diciembre de 2023, las cinco con menor tasa fueron: Córdoba (0,42%), San Luis (1,31%), Río Negro (2,04%), Entre Ríos (2,31%) y Mendoza (2,46%). Es notable que La Rioja, que en 2022 no registraba presos en comisarías, mostró un alarmante aumento al 26,85% en 2023, pasando de la última a una posición media en el ranking.
La realidad alarmante de Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos, que en diciembre de 2022 se encontraba entre las de menor tasa con un 0,57% (13 personas), mostró un alarmante y dramático incremento en diciembre de 2023, llegando a un 2,31% (57 personas). Este salto representa no solo una variación porcentual absoluta del +1,74% en la tasa provincial de encierro, sino un estremecedor crecimiento porcentual del 305,26% en la cantidad de personas alojadas en comisarías. Es un claro y preocupante ejemplo de cómo la problemática, lejos de resolverse, sigue profundizándose y agudizándose en esta jurisdicción. La indiferencia judicial y la falta de políticas efectivas hacen que esta situación se torne cada vez más crítica.
El INECIP insiste en la necesidad de “exigir mayor conocimiento al respecto, en tanto que la información clara, veraz y transparente condiciona la realización de políticas públicas de calidad y constituye un pilar fundamental para la democracia”. La falta de compromiso y el desentendimiento de las autoridades ante esta normalización de situaciones inaceptables es, para el instituto, cada vez más notoria.
