Tensión política y judicial tras el allanamiento a “Chelo” Lima: de las amenazas en Facebook a las acusaciones de narcotráfico

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La tranquilidad de la mañana del martes se vio interrumpida en calle Robinson por un fuerte operativo policial. El allanamiento a “Chelo” Lima, histórico dirigente social de Concordia, ordenado por la Justicia tras presuntas amenazas de muerte contra el intendente Francisco Azcué, derivó en un escándalo mayor: tras el procedimiento, el acusado se presentó en la Fiscalía y radicó una denuncia formal imputando al Secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, por presunto consumo y distribución de estupefacientes, además de alegar persecución ideológica.

En las primeras horas del martes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con el apoyo de la Guardia Especial, irrumpió en una vivienda ubicada frente a la ex estación de trenes. El objetivo era el domicilio de José María Lima, conocido popularmente como “Chelo”, un referente de los movimientos de desocupados de finales de los 90.

Según informaron fuentes como Concordia Policiales y Concordia 24, el procedimiento fue solicitado por la fiscal Macarena Mondragón y avalado por la jueza de Garantías Gabriela Seró. La causa se originó tras un patrullaje cibernético que detectó comentarios intimidatorios en Facebook, realizados presuntamente por Lima el 16 de enero. En dichos mensajes, posteados en un video sobre la Guardia Urbana Municipal, se habría amenazado con atentar contra la vida del intendente Francisco Azcué, el funcionario Luciano Dell Olio y otros miembros del gabinete municipal y provincial.

El contexto de estas tensiones, según la investigación preliminar, se enmarca en el conflicto por la no renovación de más de 130 contratos en la Municipalidad de Concordia.

El resultado del operativo

Durante la requisa, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, una netbook y cámaras de seguridad. Mientras que Concordia 24 reportó el hallazgo de una “réplica metálica de arma de fuego”, el propio Lima, en su declaración posterior, aseguró que se llevaron “un juguete de su nieto”, negando poseer armamento real y argumentando su condición de “teniente de reserva” capacitado para manejar tanques de guerra, pero sin armas en su domicilio.

El contraataque judicial: la declaración de Lima

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Tras el allanamiento a Chelo Lima por amenazas a Azcué, el dirigente contraatacó acusando a funcionarios de delitos. (Foto: cuenta de Facebook de FM Récords).

En tanto, FM Récord´s publicó en su cuenta de la red social Facebook (Fmrecorddigital Concordia) una presunta acta de denuncia que José María Lima habría radicado a las 10:39 horas del mismo martes ante el Ministerio Público Fiscal, tras recuperar su libertad ambulatoria. En el documento, Lima relata una versión de los hechos que sugiere abuso de autoridad y abre una nueva línea de investigación contra el oficialismo local.

En su testimonio, Lima declaró: “Estaba de reposo con mi novia Cecilia Martínez… estaba desnuda y la hicieron parar al lado de la cama sin ropa”. El dirigente denunció el destrozo de su puerta y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la sustracción de sus cámaras de vigilancia privadas, las cuales, según él, registraron el ingreso de los uniformados.

Sin embargo, el punto más álgido de su declaración apunta directamente a la cúpula municipal. Lima dejó asentado graves acusaciones contra Luciano Dell Olio, Secretario de Gobierno y Hacienda. “Lo he visto y tengo testigos que aportaré, consumir altas dosis de cocaína… inclusive la repartía él en la campaña política”*, reza el texto.

Asimismo, Lima solicitó una restricción de acercamiento contra Azcué y Dell Olio, alegando que se están utilizando fiscales y jueces para “reprimir a los que piensan distinto”, en referencia a sus críticas constantes en redes sociales contra el gobierno de Javier Milei y la gestión local.

Antecedentes

José María Lima no es ajeno a la controversia. Su figura cobró relevancia nacional en el año 2000 con el denominado “Comando Sabino Navarro”, un episodio que simuló la aparición de una guerrilla urbana y por el cual fue investigado y posteriormente sobreseído.

La Justicia de Entre Ríos deberá ahora peritar los elementos tecnológicos secuestrados para confirmar la autoría de las amenazas, al tiempo que deberá dar curso a las graves denuncias presentadas por el dirigente social contra los funcionarios públicos, en un clima político que en este inicio de 2026 se presenta caldeado en la capital del citrus.

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