“Había que hacerlo bien”: Compromiso por Concordia denunció improvisación en la disolución del INVyTAM
Tras la reciente aprobación de la ordenanza en el Concejo Deliberante, el partido Compromiso por Concordia (CpC) emitió un duro documento donde expone sus críticas a la disolución del INVyTAM. Si bien el espacio fue el primero en proponer la reorganización del ente meses atrás, hoy denuncian que el gobierno de Francisco Azcue priorizó el “gesto político” por sobre una planificación técnica sólida y el resguardo de los derechos laborales.
El peso de la denuncia: “Motivaciones políticas e improvisación”
Para Compromiso por Concordia, la decisión de desarmar el Instituto de Viviendas y Tierras no responde a una búsqueda de eficiencia, sino a una “lógica de confrontación” con la gestión anterior. En su comunicado del 10 de abril, el partido advirtió que el Ejecutivo optó por la imposición en lugar de integrar mejoras sugeridas por la ciudadanía.
Desde CpC señalaron que la diferencia fundamental radica en el objetivo: mientras ellos buscaban una administración municipal más eficaz ante la falta de financiamiento externo, el oficialismo habría avanzado sin un plan de ejecución claro. “Desarmar estructuras estatales sin un plan eficiente genera desorden”, sentenciaron, comparando esta medida con otros procesos que consideran fallidos, como la modificación del sistema de estacionamiento medido.
Antecedentes: de la Banca del Pueblo a la votación en el Concejo
La discusión no es nueva. Referentes vinculados a Compromiso por Concordia habían instalado el debate meses atrás, utilizando la Banca del Pueblo para presentar un proyecto de disolución alternativo. En aquel entonces, según recuerda el partido, el oficialismo defendía el presupuesto del Instituto y criticaba la propuesta opositora, para terminar finalmente impulsando una medida similar pero con “menores resguardos jurídicos”.
La disolución se concretó en el Concejo Deliberante tras un debate donde la mayoría oficialista impuso su número. Durante la sesión, la oposición solicitó que el proyecto volviera a comisión para un análisis más exhaustivo, pedido que fue rechazado. Las justificaciones del Departamento Ejecutivo se centraron en un diagnóstico de “asfixia financiera”: el INVyTAM se había quedado sin fondos nacionales y provinciales, convirtiéndose en una estructura autárquica vacía de recursos. Ante esto, el gobierno garantizó que las funciones de hábitat y regularización dominial continuarán bajo la administración central, asegurando también la estabilidad de los trabajadores.
Una transición bajo la lupa
Sin embargo, las críticas a la disolución del INVyTAM persisten. CpC insiste en que su proyecto original garantizaba una transición más ordenada, con mejores mecanismos de control y mayor información para el cuerpo legislativo. “La eficiencia no se declama, se construye”, afirmaron, lamentando que el gobierno haya cerrado el debate antes de enriquecer la ordenanza con los aportes de otros sectores políticos.
