Proyecto vecinal impulsa la disolución de entes en Concordia para reducir el gasto público
En un contexto económico local que se anticipa restrictivo para este 2026, un grupo de profesionales presentó este viernes, el pedido de uso de la Banca del Pueblo en el Concejo Deliberate para exponer un proyecto de ordenanza que plantea la disolución de entes en Concordia. La iniciativa, avalada por firmas vecinales y la agrupación “Compromiso por Concordia”, propone reintegrar funciones descentralizadas a la Administración Central para reducir la burocracia y los costos. Sin embargo, el planteo abrió también una lectura política, ya que algunos de los impulsores fueron funcionarios de primera línea en las mismas gestiones que crearon dichos organismos.
Qué entes proponen disolver y su impacto económico
La propuesta apunta centralmente a la eliminación de dos estructuras: el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M.) y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.). Los impulsores argumentan que la existencia de estos organismos, con sus propios cargos y estructuras administrativas, representa una sobrecarga improductiva, sobre todo considerando que no tienen la capacidad de autofinanciarse.
Para dimensionar el impacto de la medida, desde “Compromiso por Concordia” destacaron un dato contundente: según sus cálculos, mantener a ambos entes durante el presente ejercicio le cuesta al contribuyente concordiense una suma superior a los $5.000 millones. Frente a ello, aseguraron que reabsorberlos desde las secretarías correspondientes garantizaría eficiencia institucional y un control más transparente de los recursos, sin que ello implique la pérdida de fuentes laborales del personal de planta.
Organismos justificados y las salvedades
Los autores del proyecto sostienen que la figura jurídica de la autarquía no es negativa en sí misma, sino que debe aplicarse solo cuando los entes logran sostenerse financiera y operativamente. Bajo este criterio, validan y justifican la continuidad de Obras Sanitarias y del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).
Aun así, realizaron dos salvedades puntuales. Por un lado, proponen que Obras Sanitarias deje de estar bajo intervención y recupere su conducción natural mediante un Directorio. Por el otro, plantearon una reforma a la ordenanza constitutiva del EMCONTUR para brindarle al sector privado un mayor protagonismo en las decisiones turísticas de la ciudad.
La paradoja política: el pasado de los impulsores
Un análisis de los antecedentes documentales introduce un contrapunto político en la iniciativa. El In.V.y.T.A.M. fue instituido en mayo de 2016 bajo la Ordenanza Nº 35.704, mientras que el E.D.A.A.C. fue creado más recientemente, en noviembre de 2023, mediante la Ordenanza Nº 38.186. Ambos fueron fundados durante las gestiones ejecutivas del entonces intendente Enrique Tomás Cresto. Resulta paradójico que el contador Álvaro Sierra —uno de los actuales firmantes del proyecto de disolución— se haya desempeñado exactamente en esos mismos períodos como Secretario de Economía y Hacienda, y luego como Asesor Económico del Ejecutivo que impulsó la creación de estas estructuras.
De igual modo, otra de las figuras del proyecto, el abogado Pablo Lapiduz, también cuenta con trayectoria en la administración municipal. Archivos periodísticos locales detallan que Lapiduz ofició como Director de Defensa del Consumidor en Concordia entre los años 2018 y 2021. Además, su nombre tomó notoriedad en octubre de 2018 cuando el oficialismo lo incluyó en una terna para cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad. Aquel nombramiento generó fuertes cruces políticos luego de que concejales de la oposición señalaran que el abogado mantenía una “inhibición general de bienes”, lo que derivó en un intercambio de cartas documento entre el letrado y los ediles.
El debate recién comienza y promete ser uno de los ejes de la agenda legislativa de la ciudad en un año de finanzas sensibles.
