Denuncian por injurias contra Enrique Cresto a la rectora de la ex Comercio 1 separada del cargo
Tras ser denunciada por maltratos y otros abusos por parte de docentes y no docentes del establecimiento educativo concordiense, la rectora comenzó a ver implicancias políticas en los procesos que la tienen como principal implicada. Tampoco ahorró afirmaciones contra el titular del ENOHSA, Enrique Tomás Cresto, a quien le endilgó, siete meses después de que supuestamente hubiesen ocurrido, presuntos delitos cometidos en el acto eleccionario del pasado mes de noviembre. Una denuncia surgida desde el equipo asesor del concordiense intenta poner los puntos sobre las íes señalando que no hubo ilegalidad alguna.
La rectora de la ex Comercio 1 de la ciudad de Concordia, María Iris Mattio, actualmente sumariada y separada de su cargo por denuncias de maltratos y otros abusos contra docentes y no docentes del establecimiento educativo, sumó otro poroto judicial en su contra al ser denunciada por injurias.
Ahora deberá responder ante la justicia por «realizar declaraciones falsas e injuriantes contra el Dr. Enrique Tomás Cresto», administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y exintendente de Concordia.
De acuerdo a la denuncia radicada en la Fiscalía de Concordia desde el equipo de comunicación, difusión y relaciones públicas de Cresto, a la que tuvo acceso libreentrerios.com, Mattio habría incurrido «en el delito tipificado en el Art. 110 C.P»
Precisamente, de acuerdo a la denuncia, la docente – separada de su cargo de rectora de la Escuela Secundaria N° 16 «Gerardo Victorín» por el Consejo General de Educación (CGE)- vinculó su complicada situación actual ante la justicia y el CGE con su militancia radical y precisa que la misma habría manifestado que «Aunque yo no mezclo mi actividad en la escuela con mi militancia política, esto indudablemente tiene que ver con eso».
Además, en un esfuerzo por dar solidez a su afirmación, Mattio había puntualizado que el pasado 14 de noviembre, día de las elecciones generales, en medio de la pandemia, negó a Cresto el ingreso al establecimiento educativo. «Quiso ingresar a la escuela el día de las elecciones rodeado de 50 personas. No lo dejé entrar porque tenía expresas directivas de la Junta Electoral por la pandemia. Vino el director departamental y gente del PJ. Me maltrataron. Pero no los dejé entrar a todos. Les dije que, si me obligaban, llamaba al juez electoral», habría manifestado en diferentes medios de prensa.
Por este motivo, desde la denuncia se plantea que la rectora separada de su cargo «formula acusaciones falsas respecto a una situación vivida en el acto eleccionario realizado en fecha 14 de Noviembre de 2021, momento en el que el Dr. Enrique Tomás Cresto asiste con su esposa y tres (3) hijos a emitir su voto».
En consecuencia, en la denuncia contra Mattio se entiendo que la misma «formula una acusación en contra del Dr. Enrique Tomás Cresto, realizando afirmaciones desacreditantes sobre su persona, al referir que Cresto intentó realizar una conducta ilícita pretendiendo ingresar a un establecimiento educativo, en pleno acto eleccionario con cincuenta (50) personas».
De esta manera, las manifestaciones de la docente sumariada sugerirían que «Cresto cometió alguno de los delitos electorales se encuentran tipificados en el capítulo II del Código Electoral Nacional (Ley 19.945), agravados por la situación de pandemia».
No obstante, la comisión de dichos delitos fue negada en la denuncia por injurias que se realizó contra la rectora, asegurando que «es absolutamente falso que Enrique Cresto haya pretendido ingresar con varias personas a la escuela donde emitió su voto en las pasadas elecciones».
Además, en el escrito presentado en la Fiscalía se precisa que «resulta ilógico que un candidato que concurre a votar en una escuela tenga intención de ingresar con 50 personas al establecimiento. No solamente por las medidas de prevención dispuestas en ese momento, si no porque no tendría sentido ni propósito alguno».
Asimismo, en el texto presentado a la justicia, se asevera que «al momento de la votación y todo se hizo consensuadamente y en orden, cumpliendo las normas sanitarias y respetando el trabajo de autoridades de mesa, fiscales, colaboradores y fuerzas de seguridad».
Correr el eje del debate
En consecuencia, se advierte que «no ocurrió nada de lo afirmado por la profesora Mattio. Que falta a la verdad y ella lo sabe, tal vez con la vana intención de presentar su situación como una “persecución política” y correr el eje del debate público que su accionar, y las graves denuncias que determinaron su desplazamiento, plantea en la comunidad educativa».
Desmienten implicancias políticas
En cuanto a la afirmación de la profesora referida a que el sumario en su contra y su separación de la dirección del establecimiento educativo tiene un tinte político, relacionada con su militancia en la oposición, la denuncia plantea que «también que pisa en falso la docente cuando pretende instalar la idea de cierto interés de nuestro espacio político de perjudicar a quienes militan en otros partidos, cuando a la vista está que la gestión de Cresto en su carrera política, como Diputado, Senador, Intendente de Concordia y ahora al frente de ENOHSA se identifica con una fuerte impronta federal y democrática, llevando obras a cada rincón de la provincia, trabajando en conjunto con el Gobernador, los intendentes y los legisladores de todas las fuerzas políticas, dejando de lado cualquier diferencia partidaria y priorizando siempre los intereses de Entre Ríos y el bienestar de la gente».
En tanto, para refrendar la denuncia y desmentir los dichos de Mattio, se elevó a la fiscalía abundante material fotográfico del día en que se efectuaron las elecciones generales en el que «el Dr. Enrique Tomás Cresto se ve acompañado en todo momentos de su esposa y sus tres hijos, resultando falsas las declaraciones formuladas por la denunciada».
Finalmente, en la denuncia contra María Iris Matto por «declaraciones falsas e injuriantes», también se solicita la instrucción de un «sumario a efectos de investigar la presunta comisión del delito de acción pública que se desprende de la misma, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda».
