“Algo huele mal”: la emergencia ambiental en Concordia desata una tormenta política, gremial e institucional
La aprobación de la emergencia ambiental en Concordia en una sesión exprés del Concejo Deliberante desató este jueves 20 de marzo un encendido conflicto político, gremial e institucional: la oposición justicialista denuncia una contratación directa millonaria a una empresa privada de residuos ya ubicada en la ciudad horas antes de la votación, mientras un sindicato municipal declaró el estado de conflicto y no descarta un paro total.
La aprobación de la emergencia ambiental en Concordia desató este jueves una tormenta política que involucra al Concejo Deliberante, al Departamento Ejecutivo Municipal, a la oposición justicialista y al sindicato de empleados municipales. En el centro del debate: una ordenanza sancionada en pocas horas que habilita al intendente Francisco Azcué a contratar directamente empresas de recolección de residuos por hasta 400 millones de pesos mensuales, sin licitación pública y con una celeridad que, según los opositores, excede cualquier margen razonable de emergencia real.
La sesión exprés y la mayoría automática
El proyecto de ordenanza fue ingresado de manera sorpresiva durante la propia sesión del miércoles 19 de marzo y tratado inmediatamente “sobre tablas”, sin posibilidad de análisis previo por parte de los bloques opositores. Obtuvo nueve votos a favor y cuatro en contra, con el respaldo del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos y el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza.
El Bloque de Concejales Justicialistas calificó el procedimiento como una degradación institucional del Concejo Deliberante. “La iniciativa fue ingresada de manera sorpresiva durante la misma sesión y tratada sobre tablas, sin posibilidad de análisis previo, vulnerando las mínimas condiciones de debate democrático que una medida de esta magnitud requiere”, señalaron en un comunicado difundido horas después de la sesión.
Un detalle que el bloque opositor subrayó como especialmente revelador: el comunicado oficial del Departamento Ejecutivo ya había sido redactado y distribuido a los medios de comunicación antes de que terminara la sesión, siendo apenas las 10 de la mañana. Para el justicialismo, ese hecho confirma que la decisión estaba tomada de antemano.
Qué dice la Ordenanza N.º 38.785
La norma, publicada como Ordenanza N.º 38.785 en el Boletín Oficial Municipal N.º 3.702 del 19 de marzo de 2026, consta de ocho artículos y entró en vigencia el mismo día de su publicación.
En su Artículo 1.º, declara la emergencia ambiental por el término de un año, con el objeto de fortalecer la gestión integral de residuos sólidos urbanos, minimizar el impacto de los residuos, erradicar microbasurales, preservar los cursos de agua que desembocan en el Río Uruguay y mejorar la calidad de vida de los concordienses.
El Artículo 2.º faculta al Departamento Ejecutivo a utilizar un “Régimen de Compra por excepción” para la locación o concesión de obras, servicios, mano de obra, insumos y equipos necesarios para cumplir los objetivos declarados.
El Artículo 3.º establece que ese régimen excepcional se instrumentará mediante compra directa, con un techo de 400 millones de pesos mensuales, y exige que los proveedores completen la inscripción como tales al momento de recibir la Orden de Compra —no antes.
El Artículo 4.º prevé la constitución de una comisión especial de seguimiento integrada por dos concejales oficialistas, uno por cada bloque opositor y un representante del Ejecutivo, que deberá presentar informes trimestrales al Concejo.
El Artículo 5.º, quizás el más polémico, autoriza al Ejecutivo a concesionar el servicio público de gestión integral de residuos sólidos urbanos a empresa o empresas privadas por un plazo máximo de seis años, en el marco de los artículos 99.º inciso 1.º g) y 182.º de la Ley de Municipios N.º 10.027.
Lo que la oposición cuestiona es precisamente la combinación de estos artículos: el Artículo 3.º habilita a contratar directamente sin licitación hasta 400 millones mensuales, mientras el Artículo 5.º autoriza una concesión de hasta seis años. Es decir, una empresa puede ser contratada de manera directa —sin competencia abierta— y luego operar el servicio durante media década.
Los camiones llegaron antes
Uno de los argumentos más fuertes de la oposición apunta a la cronología de los hechos. Según denunció el Bloque Justicialista, en la noche del martes 18 de marzo ingresaron a Concordia cinco camiones recolectores de la empresa Vitsa, cuya sede central está en la ciudad de Córdoba y que tiene bases operativas en esa provincia, en Mendoza y en Buenos Aires.
Al día siguiente, el 19 de marzo, el Concejo aprobó la ordenanza. Al mediodía, la norma ya estaba publicada en el Boletín Oficial. También la concejal opositora Carolina Amiano señaló que “ninguna empresa mueve esa logística sin saber que tiene el negocio asegurado”, cuestionando el trasfondo del proceso.
La contratación: una carrera contra el reloj
La secuencia temporal plantea interrogantes de difícil respuesta. Si el Boletín Oficial publicó la ordenanza alrededor de las 11 horas del jueves 19 y el municipio cierra sus dependencias a las 13 horas, eso deja un margen de aproximadamente dos horas para formalizar una contratación directa.
En ese lapso, siguiendo los procedimientos administrativos habituales, una empresa debería haber cumplimentado, entre otros requisitos: inscripción como proveedor municipal; presentación de caución o póliza de garantía; listado de vehículos afectados al servicio e inspección de los mismos por parte de funcionarios del área; pólizas de seguro automotor vigentes; listado de personal; altas del personal ante organismos fiscales y previsionales (ARCA, ANSES); acreditación de habilitación de local o base operativa en la ciudad; documentación habilitante para el manejo de residuos urbanos. Además, cada área municipal interviniente debería haber emitido su dictamen y la firma correspondiente.
Ninguna fuente oficial del municipio aclaró hasta el cierre de esta nota sobre cómo se materializó ese proceso en el tiempo disponible, ni qué empresa resultó contratada ni bajo qué condiciones específicas.
La posición oficialista: eficiencia y modelo mixto
Desde el bloque oficialista, el concejal Felipe Sastre salió a defender la medida en términos de gestión. Sostuvo que el objetivo es “revertir años de falta de planificación” en una ciudad que ha crecido notablemente, y aclaró que la medida “se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”.
Ante las críticas por una posible privatización, Sastre precisó que se trata de una concesión parcial y no de una privatización total: “Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos para que la recolección se haga en los términos que lo indique la concesión”, afirmó, citando modelos mixtos existentes en otras ciudades del país.
Respecto a los trabajadores municipales del área, el concejal aseguró que nadie perderá su fuente laboral: “Los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas de la Municipalidad, sin perder su capacidad económica ni siendo vulnerado ningún derecho”.
El PJ amplía la denuncia
El Consejo Departamental del Partido Justicialista fue más allá del comunicado del bloque de concejales y publicó su propio texto con críticas al intendente Azcué. Apuntaron a un patrón de comportamiento que describen como un “doble discurso”: según el documento, el municipio estaría realizando contrataciones directas por alrededor de 400 millones de pesos mensuales evitando los mecanismos de control, mientras el intendente se presenta públicamente como un defensor de la transparencia y la ética pública. “¿Qué emergencia hay? Ninguna, es una emergencia inventada para beneficiar a una empresa amiga”, sostiene el comunicado peronista.
El PJ también cuestionó que montos de esa magnitud —provenientes de los contribuyentes— no sean debatidos en el Concejo ni sometidos a procesos competitivos que permitan mejorar precios o calidad del servicio.
La reacción gremial: conflicto, retención de tareas y advertencia de paro
La Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) no tardó en reaccionar. A través de un comunicado presentado ante la Municipalidad, el sindicato declaró el estado de conflicto y asamblea permanente en el área de recolección de residuos, denunciando lo que calificó como una “grave e ilegal situación”.
Entre los hechos que motivaron la medida, el gremio señaló: traslados masivos de trabajadores que considera ilegales y arbitrarios, realizados sin acto administrativo válido; un “avance encubierto de tercerización” que implicaría precarización laboral y perjuicio al patrimonio público; y la ruptura del diálogo por parte del Ejecutivo, al que acusan de excluir deliberadamente al gremio de instancias de negociación.
Como medidas inmediatas, la UOEMC confirmó la retención de tareas con servicios mínimos garantizados y exigió la reversión de los traslados y la convocatoria urgente a una mesa de negociación formal. No descartó avanzar hacia un paro total de actividades si el conflicto se profundiza. El sindicato también advirtió que interpondrá acciones administrativas y judiciales, incluyendo pedidos de nulidad y denuncias por prácticas desleales.
El fondo del debate
Más allá de las posiciones partidarias, el episodio pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿puede la figura de “emergencia ambiental” ser utilizada para saltear los procedimientos ordinarios de contratación pública en una ciudad que, según la propia ordenanza aprobada, arrastra años de falta de planificación? Para el oficialismo, la urgencia sanitaria y ambiental justifica la excepcionalidad. Para la oposición, esa misma cronicidad del problema demuestra que no se trata de una emergencia real sino de una deficiencia de gestión que pudo y debió ser atendida por las vías regulares.
Lo que es indiscutible, por ahora, es la velocidad de los hechos: en menos de 24 horas, Concordia pasó de no tener ordenanza a tenerla publicada en el Boletín Oficial, con camiones privados ya posicionados en la ciudad y un sindicato en pie de guerra.
