Tres años de la ordenanza de cuidacoches en Concordia: entre la norma, los operativos y la deuda social pendiente
La ordenanza de cuidacoches en Concordia lleva más de tres años vigente y sigue generando debates. Aprobada en diciembre de 2022 con el voto unánime del Concejo Deliberante y promulgada por el intendente Enrique Cresto, la norma prohibió el cobro informal por estacionar vehículos en la vía pública. Desde entonces, dos gestiones municipales la aplicaron con intensidad variable, un programa de contención social intentó dar respuesta a la vulnerabilidad de quienes ejercían esa actividad, y el fenómeno de la reincidencia puso en tensión la eficacia real de la normativa. Hoy, bajo la gestión de Francisco Azcué, los patrullajes preventivos de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana continúan. La pregunta de fondo sigue pendiente: ¿la prohibición alcanza para resolver el problema?
La ordenanza de cuidacoches en Concordia nació de una demanda acumulada durante años de vecinos, comerciantes y conductores hartos de pagar peajes informales para estacionar frente a restaurantes, boliches y eventos masivos. El 15 de diciembre de 2022, el Concejo Deliberante aprobó la normativa que prohibió la actividad de cuidacoches, trapitos y servicios informales de limpieza de vehículos en la vía pública. Sin embargo, el camino entre la sanción legislativa y la transformación efectiva de las calles resultó más complejo de lo previsto.
Una ordenanza de consenso transversal con tensiones latentes
El proyecto fue presentado por la concejala Carola Laner, de Juntos por el Cambio, y se desarrolló en un trabajo conjunto con concejales, el intendente y los equipos de gestión municipal. El hecho de que una iniciativa opositora obtuviera el respaldo del oficialismo de entonces no fue casual: respondía a una presión ciudadana que cruzaba líneas partidarias.
La propia Laner señaló que se trató de “un proyecto disruptivo que busca una solución de fondo a una problemática que se fue profundizando”, y que fue necesario establecer un marco normativo que regularizara la situación y atendiera de forma individual casos de vulnerabilidad social.
La norma fue promulgada por el entonces intendente Enrique Cresto el 28 de diciembre de 2022 y publicada en el Boletín Oficial Municipal Nº 3.167 el 3 de enero de 2023. Lleva el número 37.925.
Lo que dice la ordenanza: no solo prohibición
El texto de la Ordenanza Nº 37.925 establece en su artículo 1° que no se permitirá en Concordia la actividad de cuidacoches, trapitos ni servicios informales de limpieza de vehículos en la vía pública. El artículo 2° prohíbe también el malabarismo o espectáculos circenses con elementos peligrosos —fuego, armas, palos de gran magnitud— que pongan en riesgo a artistas o transeúntes.
Pero más allá de la prohibición, la ordenanza contiene artículos que frecuentemente quedan en un segundo plano del debate público. El artículo 3° creó un cuerpo de inspectores en la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal. El artículo 5° ordenó crear un Registro de Infractores. El artículo 6° estableció que ante la primera infracción el contraventor recibiría un apercibimiento, y ante la reincidencia perdería por cinco años el acceso a beneficios y programas municipales. El artículo 7° obligó al Ejecutivo a hacer un relevamiento de quienes realizaban esas actividades e identificar situaciones de vulnerabilidad. El artículo 8° dispuso la creación de una aplicación electrónica para denuncias anónimas. Y el artículo 9° ordenó comunicar al COPNAF toda situación que involucre a menores de edad.
Se trata, en papel, de una normativa integral. En la práctica, algunos de esos mecanismos tardaron en instrumentarse o quedaron sin confirmación pública de implementación efectiva.
La polémica inicial: el arte callejero en el fuego cruzado
Apenas sancionada la norma, surgieron objeciones. Artistas callejeros, músicos y malabaristas no vinculados al cobro de estacionamiento se sintieron incluidos en la prohibición. El secretario de Desarrollo Social, Fernando Barboza, aclaró que la ordenanza no perseguía a los artistas callejeros como tales, y señaló que podría haber habido una interpretación errónea o distorsionada de la norma.
Barboza señaló que si hubiera ambigüedad en lo expresado en la ordenanza, eso se corregiría en la reglamentación, que era en lo que se estaba trabajando en los primeros días de enero de 2023. La distinción entre quien comparte su arte en el espacio público y quien improvisa malabares con elementos peligrosos en una esquina muy transitada fue el eje de esa discusión.
Ese episodio reveló un problema que acompaña a normativas de este tipo: la amplitud del texto puede generar incertidumbre jurídica y afectar a personas que no eran el blanco original de la regulación. La corrección vía reglamentación fue la salida política buscada, aunque no hay registro público de que esa reglamentación haya sido publicada en tiempo y forma.
El programa de contención: logros parciales, preguntas abiertas
Paralelo a la prohibición, el municipio desarrolló un programa de contención social. En mayo de 2023, el secretario de Desarrollo Social evaluó junto a su equipo el avance del programa: se informó que se había realizado un relevamiento individual de cada caso, se generaron posibilidades de inserción laboral para algunos, se dispusieron medidas de asistencia social para otros, y en ciertos casos se abordaron problemáticas de consumo o vulnerabilidad más complejas.
Barboza destacó que con los trapitos se hizo “un trabajo de contención e inclusión como nunca antes se había hecho”, articulando regulación del tránsito con oportunidades laborales y de vida alternativas. Desde el área de Cultura, además, se trabajó para integrar a artistas callejeros a programas y eventos municipales.
El balance del funcionario fue positivo. Sin embargo, la ausencia de datos cuantitativos —cuántas personas fueron relevadas, cuántas accedieron efectivamente a trabajo formal, cuántas continúan en situación de calle— impide una evaluación objetiva e independiente del impacto real del programa.
La reincidencia: el nudo del problema
El mayor indicador de las limitaciones de la ordenanza llegó a principios de 2024. En enero de ese año, el intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Gobierno y Hacienda Luciano Dell’Olio, convocó a distintas áreas del municipio y a personal de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos para dar cumplimiento a la ordenanza. El encuentro se centró en la problemática de quienes son reincidentes en la infracción de la norma.
La reincidencia no es un dato menor: implica que personas que ya fueron identificadas y apercibidas volvían a ejercer la actividad prohibida. Los funcionarios determinaron coordinar operativos de manera conjunta con la Policía de Entre Ríos, el Juzgado de Faltas, la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Subsecretaría de Salud, para evaluar la situación de cada persona y encontrar a mediano y largo plazo una solución definitiva.
El intendente Azcué señaló que en el plan de gobierno están contempladas respuestas para las distintas situaciones que atraviesan distintos sectores sociales, y que se haría un relevamiento e identificación de cada persona y su familia.
La persistencia del fenómeno pone en evidencia una tensión estructural: la prohibición sin transformación de las condiciones materiales que llevan a las personas a ejercer esa actividad tiene un efecto disuasorio limitado. La reincidencia es también, en muchos casos, expresión de exclusión social, adicciones y falta de oportunidades que ningún apercibimiento formal puede resolver por sí solo.
Los patrullajes preventivos: el Estado en la calle
Más de tres años después de la sanción de la ordenanza, la Municipalidad de Concordia continúa con los controles. Según informó la propia institución este 21 de marzo de 2026, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, lleva adelante patrullajes preventivos focalizados en zonas de alta circulación, en particular corredores gastronómicos, inmediaciones de locales bailables y eventos públicos de gran concurrencia.
El municipio afirma que estas acciones han fortalecido la capacidad de respuesta del Estado, permitiendo intervenciones más ágiles para desalentar conductas extorsivas y contribuir a un entorno más seguro para vecinos y visitantes. Los dos objetivos centrales declarados son garantizar el uso del espacio público como ámbito común, seguro y ordenado, y proteger a los ciudadanos de situaciones de intimidación vinculadas al cobro informal de estacionamiento.
La continuidad de los patrullajes es, en sí misma, una señal ambivalente: confirma que el municipio mantiene el compromiso con la aplicación de la norma, pero también revela que la actividad prohibida no ha desaparecido y requiere vigilancia permanente.
El Registro de Infractores: ¿se usa?
Uno de los artículos más significativos de la Ordenanza Nº 37.925 es el que ordenó crear un Registro de Infractores. Este instrumento, de implementarse efectivamente, permitiría identificar a reincidentes y aplicar la sanción prevista —pérdida de acceso a programas municipales por cinco años—. Sin embargo, no hay información pública disponible sobre si ese registro está activo, cuántas personas figuran en él ni si la sanción de pérdida de beneficios ha sido aplicada en algún caso concreto.
La opacidad sobre este punto es una limitación real para evaluar la eficacia del marco normativo. La transparencia en el uso del Registro sería un indicador clave de la seriedad con que se aplica la ordenanza más allá de los operativos visibles.
El camino hacia una solución estructural
La experiencia acumulada en tres años sugiere que la ordenanza funciona como herramienta de disuasión y ordenamiento del espacio público, pero enfrenta límites claros cuando no está acompañada por políticas de inclusión sostenidas y verificables. El programa de contención social implementado durante la gestión Cresto fue un paso en la dirección correcta; su continuidad y escalabilidad bajo la gestión Azcué es una pregunta que merece respuesta pública.
La Ley Provincial Nº 10.027, citada en la propia ordenanza como marco para requerir auxilio policial, plantea también la necesidad de coordinación entre el municipio y la provincia, un vínculo que los operativos de enero de 2024 pusieron en práctica pero que requiere institucionalización más permanente. El periodismo de soluciones no pregunta solo si la norma se cumple, sino si el problema que intentaba resolver está efectivamente en vías de superarse. En Concordia, esa pregunta todavía no tiene respuesta definitiva.
