El fiscal Arias pidió 11 años de prisión para Luis Mazurier y la defensa dice que es un filántropo
Este jueves, en el segundo piso de los tribunales de Concordia, tuvo lugar la exposición de los alegatos, último paso del debate oral y público en la causa caratulada “MAZURIER, LUIS ALBERTO y OTROS s/PECULADO”, legajo número 6338/10, en la que desde fiscalía piden once años de prisión para el principal imputado.
En este sentido, el fiscal del caso, José Emiliano Arias, tras fundamentar la acusación, pidió que se condene a Luis Mazurier, expresidente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande), a 11 años de prisión y a inhabilitación “absoluta perpetua”, como “autor material” del delito de “peculado de bienes” (3 hechos), en “modalidad continuada”, en concurso real con los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “peculado de servicios”.
Arias también solicitó condena de 5 años de cárcel para Alberto Jesús Villanueva y para Cintia del Rosario Mengeon, al considerarlos “partícipes necesarios” del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Al concluir su alegato, el fiscal también pidió al tribunal que se disponga la inhibición general de bienes no sólo de Luis Mazurier, Villanueva y Mengeon, sino también de las empresas Balace SRL y Fideinsa SA.
Por otra parte, el fiscal solicitó la absolución de las contadoras María Florencia Lauria y Teresita Jesús Itatí Bordón, también inicialmente imputadas en la causa.
La llamada “Causa Codesal – Hotel Ayuí” se inició en 2010. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal considera haber reunido pruebas suficientes para asegurar que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba a las arcas de la CODESAL por la explotación de diversos complejos bajo su administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.
Mazurier, director del Diario El Sol de Concordia, llegó a la presidencia del organismo provincial CODESAL (creado para administrar el perilago de Salto Grande) por designación del entonces gobernador Jorge Pedro Busti y de quien era su ministro de gobierno, Sergio Daniel Urribarri.
Permaneció en el cargo hasta las primeras semanas del año 2016, cuando fue desplazado por el recién asumido gobernador Gustavo Bordet.
Entre los testigos que expusieron durante el debate oral, sobresalió el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. El funcionario sostuvo, en una ponencia vía streaming, que el gobierno de Entre Ríos nunca recibió formalmente de manos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el Hotel Ayuí, postura que contrasta con dictámenes del organismo nacional según los cuales hubo un traspaso automático del complejo turístico una vez que finalizara, en el año 2012, la concesión a la empresa Balace SRL.
Arias cuestionó con fiereza los dichos de Rodríguez Signes, al asegurar que el funcionario provincial se apartó de la verdad. Dijo que Fiscalía de Estado no cumplió con su misión y que se volvió un eslabón en la cadena de corrupción.
La defensa pidió la absolución de Mazurier: “No es un delincuente, es un filántropo”
El doctor Pablo Moyano Ilundain expuso el alegato de clausura en defensa de Luis Mazurier, Cintia Mengeón y Alberto Jesús Villanueva y planteó que la Codesal fue un organismo deficitario, que la provincia no le enviaba suficientes recursos y presentó números que, según su interpretación, demostrarían que no le giraban lo necesario para su subsistencia e incluso Mazurier habría tenido que pedir dinero prestado a familiares en algunas ocasiones para poder pagar los sueldos.
Con eso, el letrado procuró demostrar que no hubo peculado.
Además, Moyano le reprochó a la fiscalía que no pudo presentar una pericia contable bajo el pretexto de que no bases ciertas contables para poder periciar. Y enseguida disparó: si no había bases ciertas para hacer una pericia, tampoco la había para endilgarle a Mazurier el haber cometido peculado.
Respecto del caso del Hotel Ayuí, planteó que es incompetente la Justicia Provincial porque el hotel se asemeja a una embajada, está bajo un encuadre del derecho internacional público, y por lo tanto debería ser la Justicia Federal la que intervenga en la causa. No obstante planteó que su defendido es inocente de la acusación de que se apropió, a través de la figura de testaferros, de la administración del Hotel Ayuí.
El abogado pidió la absolución también de sus otros dos defendidos, Cintia del Rosario Mengeón y Alberto Jesús Villanueva, por entender que ambos son inocentes. El letrado argumentó que no solo no participaron en ninguna acción delictiva sino que tampoco quedó probado que hubieran causado perjuicios al Estado.
Fuente: El Entrerios.
