Plan criminal en la UP9 de Gualeguaychú: investigan intento de atentado contra juez, fiscal y ministro.
Una denuncia presentada por un interno activó un operativo federal en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y desbarató un presunto plan criminal para asesinar a dos funcionarios judiciales y al ministro de Seguridad de Entre Ríos. Mientras la Justicia avanza, surgen interrogantes sobre el alcance real del complot y el contexto del juicio por narcotráfico que comienza en marzo.
La denuncia que encendió la alarma
El plan criminal salió a la luz tras la presentación de un habeas corpus firmado por el interno Daniel “Tavi” Celis ante la Justicia Federal. Según la reconstrucción publicada por Análisis Digital, Celis alertó sobre un supuesto complot ideado por el detenido Leonardo Airaldi para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos; al fiscal federal José Ignacio Candioti; y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Según los datos recolectados, Airaldi habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
La denuncia fue remitida por cuestiones de competencia al juzgado federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, quien ordenó un allanamiento solicitado por el fiscal Pedro Rebollo. El procedimiento se realizó el viernes 20 de febrero con intervención de Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario provincial y fuerzas policiales.
Durante la requisa en el pabellón E se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación y pequeñas cantidades de cocaína, según informaron fuentes judiciales citadas por Infobae.
Quiénes estaban en la mira
De acuerdo con las distintas publicaciones, el objetivo principal habría sido el juez federal Leandro Ríos y el fiscal José Ignacio Candioti, ambos con intervención en causas por narcotráfico que involucran a Airaldi.
También figuraría como blanco el ministro Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal Argentina.
El gobernador Rogelio Frigerio expresó públicamente su respaldo al accionar judicial y calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”.
El trasfondo: un juicio inminente
Leonardo Airaldi, oriundo de Diamante y con pasado como dirigente de la Sociedad Rural local, enfrenta un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Paraná por dos causas acumuladas de narcotráfico. Según Infobae, la fiscalía solicitó penas de hasta 15 años de prisión. El debate, inicialmente previsto para el 24 de febrero, fue postergado al 6 de marzo por razones procesales vinculadas a la defensa.
La acusación sostiene que Airaldi habría puesto infraestructura rural y logística a disposición del tráfico de estupefacientes, incluyendo conexiones con cargamentos incautados en Entre Ríos y Santa Fe.
La hipótesis difundida indica que el supuesto plan buscaba vengarse de los funcionarios judiciales y, eventualmente, alterar el desarrollo del juicio. No obstante, la defensa del imputado calificó la denuncia como “un disparate absoluto”, según consignó Análisis Digital.
El rol del denunciante y las dudas abiertas
Celis, condenado por causas vinculadas al narcotráfico y hechos resonantes en Paraná, fue trasladado por razones de seguridad. En su entorno existen versiones contrapuestas: algunos interpretan la denuncia como una estrategia para obtener beneficios procesales o un traslado; otros sostienen que el riesgo asumido le otorgaría verosimilitud.
Hasta el momento, la causa continúa bajo investigación y no se informaron imputaciones adicionales por tentativa de homicidio.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó “profunda preocupación” y reclamó medidas de protección para los funcionarios mencionados, indicó el medio digital R2820.
Seguridad institucional y contexto regional
El episodio se produce en un escenario de creciente preocupación por el narcotráfico en la región centro del país. En los últimos años, investigaciones federales han detectado vínculos logísticos entre Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay.
Si bien no existen elementos públicos que confirmen la ejecución inminente del atentado, la gravedad institucional del presunto complot radica en que involucra a autoridades judiciales que intervienen en causas de crimen organizado.
La investigación deberá determinar ahora si el plan tenía capacidad operativa real o si se trató de una maniobra interna dentro del penal.
Un caso con impacto político y judicial
El plan criminal en la UP9 de Gualeguaychú expone, al menos en su dimensión simbólica, la tensión entre el sistema penitenciario y las redes del narcotráfico.
Por un lado, el operativo muestra capacidad de reacción institucional. Por otro, abre interrogantes sobre el control efectivo dentro de las unidades penales y la posible influencia de internos con poder económico.
A pocos días del inicio del juicio oral, el caso agrega un elemento de alta sensibilidad pública que combina seguridad, política y justicia federal.
