¿Otro conflicto como el de las papeleras? Entre Ríos y la delegación argentina en CARU atentas a la instalación de una planta de hidrógeno verde sobre el río Uruguay
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió a la delegada argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Ingrid Jetter, para dialogar sobre el trabajo que se está realizando ante la posible instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú (Uruguay), y su potencial impacto en localidades entrerrianas.
Al término del encuentro, que se desarrolló este miércoles en Casa de Gobierno de Paraná, Ingrid Jetter, destacó la “constante atención del gobernador en los asuntos del río Uruguay”.
En ese sentido, informó que Frigerio expresó su apoyo a las comunidades de Colón y alrededores, preocupadas por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú, y coincidió en la necesidad de una consulta previa a las comunidades ribereñas.
Al respecto, la delegada comentó que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ya solicitó formalmente información, y que ante la falta de respuesta, reforzarán el pedido tras la recategorización de terrenos por el Concejo Deliberante de Paysandú.
“Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con la provincia de Entre Ríos”, aseguró.
Puntualizó, que el mandatario está muy interesado en tener una relación fluida con la CARU, ya que “es una persona muy proactiva y siempre quiere estar al tanto de lo que sucede en esta institución que es binacional y que tiene tanta relación con Entre Ríos”, aseguró.
Finalmente, subrayó la colaboración continua entre la CARU y la provincia, “venimos trabajando en conjunto, y por supuesto voy a trasladar todo esto a la delegación argentina”, concluyó la delegada argentina en la Comisión.
El conflicto de las papeleras
El conflicto de las papeleras, también conocido como el conflicto de Botnia, fue un enfrentamiento que involucró a vecinos y a los gobiernos de Argentina y Uruguay, ocurrido entre 2005 y 2010 debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. En 2013 el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción.
En ese momento, vecinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y el puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países.
Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa era contaminante y que se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia. argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.
Las dos demandas uruguayas fueron desestimadas por los tribunales respectivos. Sobre la demanda argentina, la Corte de la Haya decidió que Uruguay había incumplido su deber de consultar previamente con Argentina la instalación de las plantas, pero que no había incumplido sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, instruyendo a ambos países a realizar un monitoreo en conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a aplicar el Estatuto del Río Uruguay.
En el curso del conflicto, Uruguay llegó a examinar la posibilidad de una guerra contra la Argentina y solicitó el apoyo de los Estados Unidos en el más alto nivel político. El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
En 2013 Argentina comunicó que podría volver a demandar a Uruguay si insistía en autorizar a la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos a aumentar su producción en un 10%,3 pero Uruguay rechazó la exigencia argumentando que el deber de comunicación previa no equivalía a una facultad de veto para la Argentina y ratificó la decisión. La discrepancia no tuvo otras consecuencias.
