Reforma previsional en Entre Ríos: el gobierno avanza sin proyecto escrito mientras gremios y oposición exigen ver el texto
La administración Frigerio inició un ciclo de reuniones con sindicatos y legisladores para reformar la Ley 8732, que rige las jubilaciones provinciales. El borrador circula en exposiciones verbales. Los gremios docentes rechazan cualquier recorte; los estatales esperan leer la letra; la oposición legislativa pide transparencia. El contexto: un déficit creciente de la Caja de Jubilaciones y la presión del ajuste fiscal impulsado desde la Nación por Javier Milei.
La reforma previsional en Entre Ríos es, desde principios de marzo de 2026, el tema que estructura la agenda política provincial. El gobernador Rogelio Frigerio convocó a gremios docentes y estatales el 4 de marzo en Casa de Gobierno y, días después, a legisladores de ambas cámaras en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, para presentar los lineamientos de una futura reforma de la Ley 8732, que regula el Régimen de Jubilaciones y Pensiones provincial. El problema central, reconocido por el propio Ejecutivo, es el déficit creciente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Sin embargo, al día de hoy —12 de marzo de 2026—, ningún actor involucrado había recibido todavía un borrador escrito con el articulado completo.
Qué propone el gobierno
Según las declaraciones del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y las descripciones realizadas por legisladores opositores presentes en las reuniones, el borrador en elaboración gira en torno a cuatro ejes: movilidad, edades y aportes, el 82% móvil y los regímenes especiales.
En materia de movilidad, el Ejecutivo plantea unificar el sistema, corrigiendo distorsiones actuales a través de un índice que reemplace la actualización por paritarias. En cuanto a edades y aportes, se contempla compatibilizar el esquema con el sistema nacional y avanzar hacia 35 años de aportes, con una gradualidad de cinco años para quienes estén próximos a jubilarse. Sobre el 82% móvil —conquista histórica del sistema provincial—, el gobierno sostiene que se mantendría, pero el haber inicial computaría la historia laboral de los últimos 15 años, no los últimos 10 años como rige hoy. Respecto de los regímenes especiales (docentes, policías, trabajadores de la salud), se sostendrían las edades vigentes para los actuales aportantes, pero los nuevos ingresos quedarían sujetos al régimen general.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la convocatoria como una jornada de trabajo extensa y señaló que el objetivo es “lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible”, según informó el gobierno provincial el 4 de marzo. Bagnat, por su parte, indicó que el propósito es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil” y garantizar la sostenibilidad del sistema ante el desafío de los 120.000 trabajadores activos que en algún momento accederán a la jubilación.
La vicegobernadora Alicia Aluani explicó, tras la reunión de gabinete de este miércoles, que el borrador sería enviado “en los próximos días” a gremios y legisladores para que puedan interiorizarse de la información y hacer aportes. “Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen”, sostuvo Aluani, según el comunicado oficial del gobierno provincial.
Qué pretende cada gremio
Las posiciones sindicales son heterogéneas, aunque comparten un denominador: ninguno quiere negociar sobre supuestos.
UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación, seccional Entre Ríos) adoptó la posición más propositiva. Su secretario general, José Allende, participó de la reunión del 4 de marzo y la calificó como “muy positiva”, señalando que “la situación de la Caja es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”. Según informó hoy el gremio, Bagnat se reunió con la comisión directiva del sindicato en su sede para avanzar en los detalles, y Allende anunció que un equipo técnico elaborará un estudio económico propio antes de emitir una posición institucional formal. “Finalmente, se está haciendo lo que desde hace 10 años viene planteando UPCN, que es discutir la Caja para hacerla sostenible”, afirmó el dirigente, aunque aclaró que esperarán conocer el texto del proyecto antes de definir qué puntos están dispuestos a aceptar.
ATE (Asociación Trabajadores del Estado, Entre Ríos) mantiene una postura de rechazo a las líneas conocidas de la propuesta. Su secretario general, Oscar Muntes, planteó que “se necesita discutir un proyecto, si no es debatir suposiciones”, y cuestionó que Frigerio “no quiere meter la mano en ningún sector salvo en nosotros”. El gremio sostiene que el déficit de la Caja no es responsabilidad de los trabajadores sino consecuencia de las propias políticas del gobierno —como el pago de salarios “en negro”, que no impacta en los aportes jubilatorios— y que debería cubrirse con mayor carga impositiva a los sectores económicos concentrados, no con recortes a los asalariados. ATE integra la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional de Entre Ríos, que el 5 de marzo se reunió en la sede del sindicato para coordinar acciones, dejando en claro que “no hay debate sin proyecto”.
AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) adoptó la posición más combativa. En su comunicado del 5 de marzo, la organización docente señaló que “la reunión con el gobernador no presentó ningún proyecto ni borrador” y que la convocatoria informativa no equivale a la apertura de un ámbito real de diálogo. La central sostiene la defensa irrestricta del 82% móvil calculado sobre el salario bruto, la movilidad actual, la edad jubilatoria vigente y el sistema de pensiones. Para AGMER, la discusión previsional “no se saca de una calculadora de Excel” sino que es una disputa sobre el modelo de sociedad y la distribución de la riqueza.
AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) participó de la reunión informativa del 4 de marzo y al 12 de marzo seguía esperando el borrador comprometido por Bagnat. En un comunicado difundido hoy, señaló que considera “indispensable contar con ese documento a la brevedad” para analizar en profundidad las modificaciones previstas. Además, AMET se sumó a las concentraciones del Frente Sindical Salarial Docente realizadas el 11 de marzo en Paraná y distintas localidades provinciales, que combinaron el reclamo salarial con el repudio a la metodología de imponer aumentos por decreto en sumas no remunerativas —modalidad que, según el gremio, perjudica directamente a los jubilados al debilitar los recursos de la Caja.
AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos) valoró la apertura al diálogo pero marcó su principal preocupación: la intención del gobierno de reemplazar la actualización de haberes por paritarias por un sistema de índices, lo que —según el gremio— podría afectar el 82% móvil tal como lo conocen los trabajadores judiciales. “Coincidimos en la necesidad de abordar el déficit y mejorar la sustentabilidad, pero sin perder derechos”, señaló la organización en sus redes sociales el 4 de marzo. Además, la Federación Judicial Argentina (FJA) —de la que AJER forma parte— se declaró en alerta el 5 de marzo ante las reformas previsionales en curso en varias provincias y resolvió coordinar acciones nacionales de lucha, incluyendo la posibilidad de una acción judicial de inconstitucionalidad contra artículos que desvíen aportes.
FESTRAM (Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales) participó de la reunión del 4 de marzo y realizó una “clara exposición sobre el subsistema Municipal”, señalando que en el espectro del Estado son los más vulnerables. La federación aguarda el borrador para analizarlo en una reunión extraordinaria de Consejo Directivo.
Qué pretende la oposición legislativa
La oposición legislativa acompañó las convocatorias pero condicionó su participación a la entrega de documentación formal. Dos pronunciamientos del 11 y 12 de marzo lo dejan en claro.
El bloque de senadores justicialistas emitió un comunicado en el que señaló que consideran “imprescindible contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad el debate”. Sostuvieron que los puntos presentados en las reuniones —movilidad unificada, compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, metodología para el haber inicial y tratamiento de regímenes especiales— requieren precisiones escritas para poder evaluar su impacto real. Al mismo tiempo, valoraron la convocatoria de Frigerio y manifestaron disposición al diálogo, aunque pusieron condiciones: recuperación de la deuda histórica de la Nación con la Caja, corrección de distorsiones internas, implementación gradual y equitativa, y resguardo de los derechos adquiridos, según consignaron los portales Análisis Digital, Federal Al Día y Cuestión Entrerriana.
El senador justicialista Víctor Sanzberro fue más directo en sus declaraciones públicas: sostuvo que defenderá el 82% móvil real y sobre el salario bruto sin diluciones, y advirtió que si el texto no contempla eso, no contarán con su voto. Sanzberro planteó que la reforma se impulsa, en parte, por necesidades de supervivencia financiera ante lo que describió como un ajuste diseñado desde la Nación para que las provincias ajusten solas.
El bloque de Más para Entre Ríos (diputados) también reclamó por escrito el anteproyecto formal. Los legisladores señalaron que para iniciar el proceso de aportes resulta indispensable contar con el texto formal del anteproyecto, donde queden explicitadas con claridad las intenciones del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, el senador Rafael Cavagna valoró el proceso y lo calificó como “una decisión valiente”. Señaló que los beneficios de una reforma de fondo no se verán en el corto plazo, pero que “alguien tiene que empezar a ordenar el sistema”, y destacó la participación de legisladores de todos los bloques en un clima de respeto, según el comunicado del gobierno provincial del 11 de marzo.
El estado del proyecto: existe un borrador, pero nadie lo vio
Al 12 de marzo de 2026, la situación es la siguiente: el gobierno tiene elaborado un borrador de ideas en torno a cuatro ejes, lo presentó verbalmente en reuniones con gremios y legisladores, y se comprometió a enviarlo por escrito “en los próximos días”. Sin embargo, ninguno de los actores involucrados —ni gremios ni legisladores, ni oficialistas ni opositores— había recibido el documento formal con el articulado completo.
ATE y AGMER señalaron desde el primer momento que no es posible debatir sin texto. AMET reclamó el borrador que Bagnat les prometió en una reunión previa. Los senadores justicialistas y el bloque de Más para Entre Ríos lo pidieron formalmente por escrito. Según la información disponible hasta el día de hoy, el borrador o anteproyecto sobre el cual se discutirá la reforma no había sido presentado.
El portal Página Política tituló directamente: “El borrador de la reforma previsional sigue sin ver la luz”. El propio gobierno reconoció que el proceso está en marcha pero que el texto definitivo que será enviado a la Legislatura aún no tiene forma final.
El contexto: ajuste nacional y presión sobre las provincias
La reforma previsional en Entre Ríos no ocurre en un vacío. Se inscribe en un contexto nacional marcado por las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, que han reducido transferencias a las provincias, achicado el mercado interno y deteriorado la recaudación nacional. El senador Sanzberro señaló públicamente que la coparticipación provincial cayó significativamente en febrero de 2026, lo que dejó a las provincias con menos recursos para financiar sus sistemas previsionales.
En ese marco, varias provincias argentinas enfrentan simultáneamente presiones para reformar sus cajas de jubilaciones. La Federación Judicial Argentina se declaró en alerta nacional por esta situación y resolvió articular acciones conjuntas. AGMER, por su parte, vinculó explícitamente la reforma a lo que describió como “el doble movimiento en estos tiempos de Milei y Frigerio: ubicarnos como blanco de sus políticas de ajuste brutal a la par que presentan los derechos como si fueran privilegios”.
La administración Frigerio, en cambio, enmarca la reforma en la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio para los futuros jubilados. El déficit de la Caja es un dato reconocido por todas las partes: la discusión es quién lo generó, quién debe pagarlo y de qué manera.
