Obra pública bajo la lupa: Entre Ríos apuesta a la digitalización vial en busca de financiamiento externo
Mientras los caminos rurales y las rutas provinciales continúan siendo un reclamo histórico de los sectores productivos en Concordia y el resto de la provincia, el gobierno anunció este miércoles un giro técnico en su gestión. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirmó que proyecta incorporar la tecnología BIM en Entre Ríos, un estándar internacional que promete transparencia y ahorro, pero que enfrenta la barrera de una administración pública aún analógica. ¿Se trata de una modernización real o de una exigencia ineludible de los bancos internacionales?
El gobernador Rogelio Frigerio y el titular de Vialidad, Exequiel Donda, delinearon este 15 de enero los planes para los próximos diez años. El objetivo es claro: acceder a financiamiento internacional. Sin embargo, la letra chica de estos créditos —usualmente otorgados por organismos como el BID— trae aparejada una exigencia técnica cada vez más común: el uso de BIM (Building Information Modeling).
¿Qué es BIM y por qué cambia el juego?
Contrario a la creencia popular, BIM no es simplemente un software de modelado 3D. Según la Guía para la implementación de Building Information Modelling del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consultada para este informe, se trata de una metodología de trabajo colaborativa que centraliza toda la información de un proyecto (geométrica, tiempos, costos, mantenimiento) en un modelo digital único.
Esto permite prever errores antes de poner un solo ladrillo o tirar una capa de asfalto. “El uso de BIM trae beneficios tangibles… permite ahorrar tiempo y costos, y reducir los impactos ambientales”, señala el documento técnico del BID. En la obra pública, esto se traduce en evitar los famosos “adicionales de obra” por imprevistos, una caja negra histórica en la construcción estatal.
El escenario internacional y nacional
A nivel global, países como el Reino Unido lideran la exigencia de BIM en toda obra pública. En Latinoamérica, Chile ha sido pionero con su programa “Planbim”, y naciones como Perú y Colombia ya tienen mandatos obligatorios para ciertos proyectos estatales.
En Argentina, el Ministerio de Obras Públicas ha impulsado la estrategia SIBIM, aunque su adopción federal ha sido dispar. Entre Ríos llega a esta discusión con rezago frente a distritos que iniciaron pruebas piloto hace más de cinco años. La promesa de Donda de “planificar los próximos 10 años” sugiere un intento de ponerse al día, no solo por convicción técnica, sino por necesidad financiera: sin estándares internacionales, el grifo de los dólares para infraestructura se cierra.
Pros y contras para la provincia
La implementación en suelo entrerriano no está exenta de riesgos.
* A favor: La trazabilidad. BIM permite saber exactamente qué materiales se usaron y cuándo debe realizarse el mantenimiento de una ruta, algo vital para la red vial secundaria de la provincia. Además, transparenta las licitaciones.
* En contra: La curva de aprendizaje y el costo inicial. Según la metodología de implementación analizada, se requiere una fuerte inversión en hardware, software y, sobre todo, en “cambio cultural” dentro de las reparticiones públicas. Las empresas constructoras locales, muchas de ellas pymes familiares, podrían quedar fuera de las licitaciones si no logran adaptarse a estos nuevos requisitos tecnológicos, concentrando la obra en grandes firmas nacionales o extranjeras.
Transitabilidad básica y metodologías digitales
El anuncio de la DPV es ambicioso. Incorporar metodologías digitales en una provincia que todavía pelea por la transitabilidad básica de sus caminos de tierra es un desafío de doble filo. Si la implementación es exitosa, podría marcar el fin de la obra pública ineficiente; si es solo un maquillaje para cumplir con los requisitos del crédito, será otro plano digital guardado en un cajón mientras las rutas esperan.
