Veto Presidencial en Argentina: impacto y controversia por las leyes clave

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina ha escalado drásticamente tras la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar en su totalidad tres leyes de alto impacto social: el aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, ha desatado una ola de críticas y movilizaciones, especialmente por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. El veto presidencial en Argentina se posiciona como el epicentro de un debate crucial sobre el equilibrio de poderes y el costo social del ajuste fiscal.

El veto presidencial sobre las leyes sancionadas por el Senado, en Argentina, el pasado 10 de julio se hizo oficial este lunes 4 de agosto de 2025, a través del Decreto 534/2025. Esta acción representa la tercera vez que el presidente Javier Milei utiliza esta prerrogativa constitucional en su mandato, habiendo vetado previamente la Ley de Financiamiento Universitario y la de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición en 2024, y la ley de emergencia para Bahía Blanca en junio de 2025. La decisión ha generado un nuevo pulso entre el Gobierno y el Congreso, con advertencias previas del mandatario sobre una posible judicialización de las normas si el veto fuera revertido.

El veto presidencial en Argentina: un mecanismo constitucional

El veto es una atribución fundamental del Poder Ejecutivo en Argentina, que permite al presidente rechazar total o parcialmente proyectos de ley aprobados por el Congreso. Expertos como Ana María Mustapic y Valeria Palanza coinciden en que se trata de un mecanismo de “frenos y contrapesos”, diseñado para forzar el consenso y moderar las posturas entre ambos poderes. El presidente dispone de diez días hábiles para promulgar o vetar una ley; si no hay manifestación, la ley se promulga automáticamente. Cuando se ejerce el veto, la entrada en vigencia de la legislación se suspende, y el texto regresa al Congreso, que puede insistir en el proyecto original o aceptar la decisión del Ejecutivo. Para que el veto sea revertido, se requiere la aprobación de dos tercios de los votos en ambas cámaras, una mayoría calificada que rara vez se logra. Históricamente, el Congreso ha insistido en un bajo porcentaje de los proyectos vetados.

Las leyes vetadas: Jubilaciones, Moratoria y Discapacidad

Las tres leyes vetadas por Milei tienen un profundo impacto social y económico:

• Ley de Aumento de Jubilaciones: Esta iniciativa preveía un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales) y un bono que pasaría de $70 mil a $110 mil, actualizable por inflación. Según cálculos, si la ley estuviera vigente, la jubilación mínima de julio de 2025 habría ascendido a $441.600, un 16,4% más que los $379.355 cobrados. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó un costo anual del 0,3% del PBI por el aumento del bono extraordinario.
• Ley de Moratoria Previsional: Buscaba extender por dos años la moratoria previsional, que caducó el 23 de marzo de 2025. Esta norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria pero no contaban con 30 años de aportes regularizar su situación y acceder a un haber. Sin la moratoria, estas personas solo pueden optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. La OPC calculó que la extensión beneficiaría a unas 220 mil personas con un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.
• Ley de Emergencia en Discapacidad: Esta ley proponía declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y asegurar el cupo laboral. La ANDIS, sin embargo, manifestó su rechazo, calificándola de “iniciativa regresiva”.

Argumentos del Gobierno y la respuesta social: el veto presidencial en Argentina

El Poder Ejecutivo justificó los vetos argumentando un excesivo gasto fiscal. Según el Decreto 534/2025, el paquete de leyes implicaría un aumento de más de $7 billones en 2025 (0,90% del PBI) y $17 billones en 2026 (1,68% del PBI), poniendo en jaque las metas de equilibrio fiscal y la estabilidad del sistema previsional. Además, el Gobierno cuestionó la validez del trámite parlamentario en el Senado, señalando una supuesta falta de citación formal y habilitación por dos tercios para incorporar los proyectos, calificándolo de “violación de reglas básicas del mecanismo legislativo”.

La respuesta social, particularmente en el ámbito de la discapacidad, fue contundente. Miles de familias, profesionales y organizaciones se manifestaron frente al Congreso bajo consignas como “Vetaron derechos, no fondos” y “Un veto total no es austeridad: es abandono”. La actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, denunció el “abandono y crueldad” que implica el veto, mientras que Héctor Stavsky, padre de un joven con discapacidad motora, lamentó que el Gobierno los haya “abandonado a su suerte”. Organizaciones como el Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad y la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie) exigieron al Congreso que insista con la ley para evitar el colapso del sector, que sufre desfinanciamiento, cierres de centros y la precarización de profesionales. Medios internacionales como El País de España también se hicieron eco, alertando que el veto “amenaza a atención a las personas con discapacidad” y “vulneraría el acceso a servicios esenciales e inclusión social”.

El Congreso ante el veto: ¿Qué sigue?

Ante el veto, el proyecto regresa a la cámara de origen y, si es aprobado con dos tercios de los votos, pasa a la cámara revisora. Si en ambas se logra la mayoría calificada, el proyecto se promulga. En caso contrario, no podrá debatirse nuevamente en el mismo año. El oficialismo, para que el veto prevalezca, solo necesita bloquear la mayoría de dos tercios en una de las cámaras, lo que implica asegurar un tercio de los votos en Diputados (86 de 257) o en el Senado (25 de 72). La experiencia reciente muestra que los vetos gubernamentales suelen mantenerse, como ocurrió con las leyes de movilidad jubilatoria y presupuesto universitario. Un punto de debate estratégico es si la insistencia parlamentaria se realizará en “paquete” o por separado para las tres leyes, ya que la moratoria previsional podría tener menos consenso que el aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad. La decisión del Congreso en las próximas semanas será crucial para definir el futuro de estas leyes y la dinámica entre los poderes en Argentina.