Asociaciones ilícitas para el lavado de millones con concordienses imputados
Un falso productor agropecuario, un transportista, un empresario y una contadora están cerca de ir a juicio por conformar una asociación ilícita fiscal al servicio de evasores de todo el país en el comercio de granos; también serán juzgados un contador y un lavador de dinero por montar una organización que vendía facturas truchas y amasó millones en pocos años en Concordia; en ambos casos hay concordienses imputados de formar parte de asociaciones ilícitas para el lavado de dinero.
Se trata de las dos causas más importantes que se tramitan en la Justicia Federal de la provincia de Entre Ríos por los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Ambas, con distintas formas de operar pero la misma finalidad, no sólo emitieron documentación apócrifa que permitió blanquear cientos de millones de pesos a sus clientes, sino que amsaron fortunas en poco tiempo.
Cartas de porte falsas y lavado de activos
Una de ellas tiene como procesados a Guido Isaías Bogao Andrasnik, un falso productor agropecuario y socio de las sociedades investigadas: Sementeras SRL y Emunah SRL; Alberto Andrés Smail, transportista de carga; María Maier, estudiante, quien figura como socia principal en sociedades con el primer mencionado; Leandro Toscanini, un conocido comerciante dueño de supermercados mayoristas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia; y la contadorta Yamila Blanc, de Villa Elisa.
Según el procesamiento dictado por el juez federal de Concepción, Pablo Seró, los imputados “conformaron una sociedad con fines ilícitos fiscales que habría operado entre diciembre de 2018 y el 3 de agosto de 2022”, y lo que hacían era, inicial y básicamente, la “emisión y venta de cartas de porte conteniendo datos falsos –origen y destino del cereal, productor, adquirente, transportista, etc.- así como el presunto lavado de activos”.
Acerca del accionar de esta organización liderada por Bogao Andrasnik, se sospecha que vendían a los clientes de documentación fiscal falsa y coadyuvaban a la evasión tributaria por parte de los productores, que vendían el cereal en el mercado marginal.
“Los Códigos de Trazabilidad de Granos (CTG) indicaban que la mayoría del cereal involucrado provenía del campo ubicado en Gato Colorado, Santa Fe, que jamás fue explotado”.
Es decir, Bogao Andrasnik, con su nombre inscripto como productor agropecuario, y la sociedad Sementera SRL, emitían cartas de porte, documentación que necesitan los productores para justificar el traslado de su producción hacia el acopiador o exportador.
Como de alguna manera debía justificar esa emisión de cartas de porte en el sistema de AFIP, simuló haber arrendado un campo en dicha localidad santafesina.
Se trata de un campo de unas 2.000 hectáreas, sobre el que hizo un contrato de arrendamiento falso, con el nombre de personas de bajos recursos que no sabían nada del campo ni conocían al imputado.
Con ese contrato pretendía justificar que era productor y que comercializaba las miles de toneladas de cereal.
Evidentemente Bogao Andrasnik vio un nicho de negocio ilícito: hay muchos productores, así como posiblemente también acopiadores y exportadores, que necesitan este tipo de servicios para blanquear producción no declarada.
Pero tampoco es tan sencillo: el imputado es muy inteligente y tiene estudios en ciencias económicas, además de conocer al detalle las operaciones que se deben realizar para eludir los controles de AFIP, que logró hacerlo durante un par de años.
En cuanto al rol del comerciante Toscanini, se lo procesó porque “financiaría a la organización a través del intercambio de cheques por dinero en moneda nacional y extranjera.
A su vez hacía compras en gran escala destinadas a un supermercado mayorista, permitiendo generar crédito fiscal a favor de Bogao”, sostiene la resolución judicial.
Respecto a la contadora Blanc, el juez entiende que “habría sido la asesora contable de la banda. Confeccionaría los balances de las firmas involucradas y tendría pleno conocimiento del accionar ilícito de sus clientes, prestando sus servicios profesionales para disimular la situación fiscal de la organización y todo su entorno comercial”.
En cuanto a los beneficiarios de estas maniobras y el volumen de producción blanqueada, las pericias determinaron que: “Un total de treinta y un 31 usuarios han hecho uso de las cartas de porte falsas emitidas por Bogao Andrasnik, entre los años 2021 y 2022, por un total de 32.000 toneladas de cereal, de las cuales 27.000 registran como origen el campo arrendado en Gato Colorado, Santa Fe, el cual se trataría de una superficie inexplotada”.
Y “un total de treinta y siete (37) usuarios han hecho uso de las cartas de porte falsas emitidas por Sementera SRL entre los años 2021 y 2022, por un total de 26.000 toneladas de cereal, de las cuales 18.000 registran como origen el mismo campo arrendado”.
Asimismo, se determinó que habrían blanqueado por más de 3.000 millones de pesos, con un perjuicio al fisco que ronda los 600 millones, a valores de aquellos años.
Esto le permitió a los imputados obtener ganancias altísimas, que Bogao supo poner en circulación con varias inversiones, entre las cuales se detalló: 1) compra de bienes a su nombre y de terceros prestanombres: vehículos, camiones y acoplados. 2) Instalación de criadero de cerdos. 3) Instalación de establecimiento de cría de ganado bovino (Feed Lot). 4) Compra de una planta de acopio de cereal, ubicada en la localidad de Clason, provincia de Santa Fe. Esta planta era ofertada a 850.000 dólares.
Facturas truchas y millones
La otra organización tenía un accionar más rudimentaria que la antes mecionada, pero que igualmente les generó ganancias muy abultadas.
Los procesados que irán a juicio serán: el contador Guillermo Bahr, Rubén Javier Ábalo, Luis Eckerdt y Ernesto Palazzotti, quienes se dedicaban a la creación de empresas fantasmas para la emisión de facturas que vendían a una gran cantidad de clientes que necesitaban lavar dinero.
La imputación fue por “haber liderado, en forma conjunta, una organización delictiva que tenía por objetivo facilitar la evasión de impuestos, como así también de dar apariencia lícita a los bienes que iban adquiriendo con lo producido por tales maniobras espurias”.
En cuanto a los roles de cada uno, se precisó que el contador Bahr “era quien efectuaba el soporte intelectual y técnico que posibilitaba la creación de sociedades pantallas, mediante la inscripción de personas insolventes o de escasos recursos en diferentes organismos. Alguna de ellas son las denominadas Forestal Nueva Chance S.R.L., TOLEDO y Dante Maderas S.R.L.. Él también facilitaba a los contribuyentes ‘socios aparentes’ para la inscripción de sociedades y así eludir cuestiones de responsabilidad fiscal”.
Sobre Palazzotti y Eckerdt se indicó que “se encargaban del ofrecimiento de los servicios espurios y la logística destinada a la realización de las facturas apócrifas. Entre Ríos y Bahía Blanca”.
El personaje más resbaloso en esta trama es Ábalos: “Su rol dentro de la organización, consistía en el cambio de los cheques recibidos en parte de pago por la venta de las facturas espurias. Eso, a través de la financiera Oro Black de su propiedad, ubicada en la calle Villaguay 1437 de Concordia. Mediante estas actividades que desplegaba con habitualidad, que constituirían una intermediación financiera no autorizada, se diluía la ruta del dinero obtenido. Ábalos así habría adquirido un inmueble tipo departamento en Punta del Este, R.O.U., otro en Monte Caseros en la provincia de Corrientes, llegando a invertir cuarenta millones de pesos en un año. También habría adquirido vehículos que se encontrarían a nombre de Silvana Lorena Tenis (su pareja), Evangelina Pozzi y Juan Carlos Pozzi”.
Este hombre, según él mismo le confesó a un conocido en una conversación telefónica que estaba siendo interceptada, necesitaba entre siete y ocho millones de pesos por semana para fondear. Cifras en moneda nacional de los años 2018 y 2019.
Se calculó que, a septiembre de 2018, “el monto inicial y sólo en concepto de Impuesto al Valor Agregado, superaba los 210 millones de pesos. El total de lo facturado alcanzó 1.250.526.552,61 pesos”.
Esta causa de Ábalo y Eckerdt está cerca del juicio que será en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. La primera causa de Bogao Andrasnik está cerca de la clausura de la instrucción, para seguir el mismo camino.
Fuente: Análisis.
