Demanda judicial por la planta de hidrógeno verde en Paysandú: el río Uruguay, otra vez en el centro del conflicto
Tres legisladores peronistas de Entre Ríos presentaron una demanda judicial contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, a pocos kilómetros de la costa argentina de Colón. La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay aceptó la competencia del fuero local, habilitando medidas preventivas. El fantasma de Botnia vuelve a planear sobre el río Uruguay.
Una demanda judicial por la planta de hidrógeno verde proyectada en Paysandú abrió un nuevo frente en la ya tensa relación bilateral entre Argentina y Uruguay en torno al río que comparten. El expediente, caratulado como Michel, Guillermo y otros c/ República Oriental del Uruguay – Estado uruguayo – y otro s/ daños varios (N° FPA 3276/2026), avanza en el fuero federal argentino y reencuadra un conflicto que hasta ahora se había desarrollado principalmente en clave diplomática.
Quiénes iniciaron la acción y por qué
La demanda fue presentada el 12 de marzo de 2026 por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, los tres representantes de la provincia de Entre Ríos e integrantes del bloque peronista Fuerza Patria. La acción, de carácter civil ordinario, está encuadrada en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial, bajo la figura de prevención de daños y perjuicios.
Los legisladores argumentan que el proyecto de HIF Uruguay SA —una multinacional especializada en electrocombustibles con participación accionaria de Porsche, la energética japonesa Idemitsu y la firma chilena Andes Mining & Energy— producirá “un daño irreparable en el ambiente”. La planta, con una inversión total proyectada de 5.385 millones de dólares, se emplazaría a 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú y a unos tres kilómetros de la costa de Colón. Contempla la producción de hasta 876.000 toneladas de e-metanol por año, junto con parques solar y eólico, y utilizaría hidrógeno verde combinado con dióxido de carbono biogénico capturado parcialmente de la planta de bioetanol ALUR, también en Paysandú.
Según el cronograma empresarial, las obras comenzarían en el segundo semestre de 2026 y se extenderían hasta 2029.
El rol de la CARU en la denuncia
Un eje central de la presentación judicial es la actuación —o la falta de ella— de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional que regula el uso del curso fluvial compartido. Según los demandantes, pese a que el proyecto data de 2017, Uruguay no presentó ante la CARU los estudios previos de impacto ambiental, tal como lo exige el Estatuto del Río Uruguay y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2010 en el caso Botnia-UPM. En esa oportunidad, la Corte reconoció que Uruguay había violado obligaciones procedimentales al no informar al organismo binacional en tiempo y forma.
La propia fiscal federal que intervino en la causa señaló que la Cancillería uruguaya, en respuesta a un requerimiento de la Fiscalía, reconoció que no activó los mecanismos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay. “Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto”, sostiene el escrito judicial, según fuentes consultadas por las agencias que cubrieron el expediente.
Qué debe hacer la delegación argentina en la CARU
La presentación establece con precisión las obligaciones que, a juicio de los demandantes, le corresponden a la Argentina en el marco del organismo binacional. Según el escrito, la delegación argentina ante la CARU debería: primero, exigir a Uruguay la presentación de los estudios de impacto ambiental ante ese organismo; segundo, reclamar que no avancen las obras hasta tanto esos estudios sean presentados y evaluados; y tercero, concurrir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar el incumplimiento si Uruguay no cumple con esas obligaciones.
El dictamen de la fiscal Minatta
El 18 de marzo, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, emitió el Dictamen N° 199/2026, pronunciándose a favor de la competencia del fuero federal local para tramitar la causa. En los fundamentos del dictamen, Minatta señaló que, aunque la demanda está dirigida contra un Estado extranjero, eso no habilita automáticamente la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia originaria tiene carácter excepcional. La causa quedará radicada en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2, Secretaría Civil 2.
La funcionaria fue más allá de la cuestión de competencia. En un dictamen previo, según consignó Infobae, Minatta había advertido que la toma de agua del río para el proceso industrial, la contaminación visual desde Colón, la incineración de madera para obtener carbono, y los posibles vertidos gaseosos y líquidos sobre el río Uruguay eran “factores concretos asociados al efectivo funcionamiento de la industria HIF Uruguay SA”. También trazó un paralelo explícito con el conflicto Botnia: “El caso bajo estudio presenta bases similares al conflicto suscitado en la región entre los años 2003 y 2010, a raíz de la instalación de plantas de pasta celulosa en Fray Bentos”.
Con el pronunciamiento de la Fiscalía, el juzgado federal queda en condiciones de evaluar medidas preventivas concretas: inspecciones judiciales en las costas del río Uruguay, análisis de la calidad del agua y peritajes ambientales a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay o de un perito biólogo designado de oficio.
La posición del gobierno uruguayo
Desde Montevideo, el gobierno de Yamandú Orsi ha sostenido que el proyecto se encuentra en etapa de análisis ambiental formal y que las preocupaciones argentinas han sido incorporadas como variable técnica en ese proceso. El Ministerio de Ambiente de Uruguay solicitó a HIF la presentación de la Autorización Ambiental Previa (AAP) —el instrumento central para habilitar la iniciativa— e instruyó explícitamente incluir en ese estudio la evaluación de impactos en territorio argentino, incluyendo ecosistemas, áreas protegidas, centros poblados como Colón y actividades turísticas y recreativas. Al exigir esa evaluación, el Estado uruguayo reconoció implícitamente el carácter transfronterizo del proyecto.
La presidencia de Orsi ha buscado evitar una escalada diplomática y privilegiar la vía institucional por sobre la judicialización interestatal. La ministra de Industria y Energía uruguaya, Fernanda Cardona, reconoció que el proyecto heredado del gobierno anterior está siendo revisado en sus dimensiones económica, ambiental y sociocomunitaria, aunque aclaró que las condiciones técnicas del emprendimiento —en particular, la necesidad de capturar dióxido de carbono de ALUR— hacen inviable una relocalización muy alejada del sitio previsto.
La posición del gobierno argentino: fragmentada
La postura del Estado argentino resulta, en la práctica, desarticulada entre sus distintos niveles. La Cancillería nacional, a cargo de Pablo Quirno, no se opone formalmente al proyecto y ha privilegiado los canales diplomáticos. En el plano provincial y legislativo, en cambio, los diputados Michel y Marclay y el senador Bahl fueron los promotores de la acción judicial, mientras que el gobernador Rogelio Frigerio adoptó una posición más confrontativa pero de resultado todavía incierto.
Frigerio, que encabezó el 16 de marzo una reunión en Colón con legisladores y representantes regionales, fue categórico: “No podemos permitir otra Botnia”. El mandatario sostuvo que su administración ya mantuvo cuatro instancias de diálogo con autoridades uruguayas y que no descarta recurrir a tribunales internacionales. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos”, afirmó, según trascendió del comunicado oficial. Al mismo tiempo, la provincia aclaró públicamente que “no se involucra en procesos judiciales”, distanciándose de la demanda iniciada por la bancada peronista.
Michel, por su parte, cruzó al propio gobernador. “Con la planta de combustibles sintéticos Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente”, afirmó en declaraciones públicas citadas por El Argentino.
Los desafíos que plantea el conflicto
El expediente judicial encapsula al menos cuatro tensiones de fondo. La primera es el impacto ambiental transfronterizo: el uso intensivo del río Uruguay —para obtener hidrógeno, enfriar procesos, y eventualmente recibir descargas— afecta un recurso cuya gestión está sujeta al derecho internacional. La segunda es la regulación del propio río bajo el Estatuto de 1975 y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. La tercera es el choque de intereses socioeconómicos: Uruguay destaca la inversión estratégica y la generación de empleo —más de 3.200 puestos durante la construcción y unos 300 permanentes—, mientras que Entre Ríos advierte sobre los riesgos para el turismo, la principal actividad productiva de Colón y la microrregión Tierra de Palmares. Y la cuarta es el peso del antecedente histórico: el conflicto Botnia-UPM (2005-2010), que desencadenó el corte del puente internacional de Gualeguaychú durante años y llegó hasta La Haya, funciona como referencia permanente para todos los actores.
Un antecedente adicional complica el cuadro: en la causa por la pastera UPM (ex Botnia, proyecto Orión), que se tramita ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el gobierno uruguayo impidió por decreto que directivos de esa empresa fueran notificados por la Justicia argentina, lo que según los demandantes vulnera el Acuerdo de San Luis del Mercosur.
La voz de Salto: oportunidad histórica sin impactos negativos
Del otro lado del río, el intendente de Salto, Carlos Albisu, ofrece una lectura radicalmente opuesta. Consultado sobre el conflicto en el marco de la conferencia del Centro de Estudios Metropolitano, Albisu se mostró entusiasta con el proyecto e instó a leerlo como una oportunidad regional. “Todo el tema del hidrógeno verde, yo creo que va a haber un antes y un después para el Uruguay y para el litoral”, dijo, señalando que los beneficios del emprendimiento emplazado a 70 kilómetros de su ciudad “van a derramar de alguna manera” sobre el norte del país.
Albisu rechazó de plano las preocupaciones ambientales planteadas desde Entre Ríos. “Las preocupaciones ambientales planteadas por las autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos no se ajustan con la realidad”, sostuvo, y agregó que “la contaminación es más bien visual” y que “la propia empresa dijo que eso es fácilmente solucionable”. Respecto del consumo de agua, fue terminante: “El agua que se consume es muy inferior a lo que algunos vienen diciendo”. El intendente concluyó con una postura inequívoca: “Nosotros no vemos que haya ningún impacto negativo. Sí vemos un impacto positivo para el Uruguay y para la región norte, que necesita de este tipo de inversiones”.
El desenlace, abierto
La apertura de la vía judicial en Argentina no implica por ahora la paralización del proyecto. La causa apenas comienza a transitar las etapas procesales y el expediente puede prolongarse durante años. Sin embargo, introduce la lógica cautelar en un conflicto que, de otra manera, seguiría dirimido solo en clave diplomática y administrativa.
El río Uruguay no reconoce fronteras, pero las jurisdicciones que lo rodean sí las tienen —y las disputan. El desenlace está abierto. Como ocurrió con las papeleras, el escenario podría derivar en que una corte internacional tenga la última palabra sobre un curso de agua que dos países comparten, pero que aún no han aprendido a gobernar juntos sin conflicto.
