Uruguay relocalizará la planta de e-combustibles en Paysandú tras presión argentina
El gobierno uruguayo confirmó este miércoles que relocalizará la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú, un proyecto de US$ 5.385 millones que generó rechazo en Argentina por su impacto ambiental y visual en la costa de Colón, Entre Ríos. La decisión llega en medio de demandas civiles y penales, y desmentidas a las afirmaciones del presidente Yamandú Orsi
El gobierno uruguayo confirmó este miércoles que relocalizará la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú, un proyecto de US$ 5.385 millones que generó rechazo en Argentina por su impacto ambiental y visual en la costa de Colón, Entre Ríos. La decisión, anunciada por el canciller Mario Lubetkin, llega en un contexto de tensiones diplomáticas y judiciales entre ambos países.
La relocalización de la planta de e-combustibles en Paysandú fue ordenada por el presidente Yamandú Orsi, según confirmó Lubetkin durante una rueda de prensa en Montevideo junto a su par argentino, Pablo Quirno. Ambos participaban de una reunión de cancilleres del Mercosur, donde también se firmó un acuerdo de “cielos abiertos” para liberalizar el transporte aéreo entre Argentina y Uruguay.
El proyecto de HIF Global, que incluía un parque solar, uno eólico y una planta para producir 876.000 toneladas de metanol anual a partir de hidrógeno verde, estaba previsto a solo 15 kilómetros al norte de Paysandú y a 3 kilómetros de la costa de Colón. Su instalación desató protestas en Entre Ríos, donde autoridades y legisladores argumentaron que podría generar daños ambientales irreversibles en el río Uruguay.
La demanda civil de prevención de daños y perjuicios fue presentada el 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, todos de Entre Ríos. Los legisladores denuncian que la planta violaría normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
En forma paralela, desde febrero de este año se sustancia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay una denuncia penal, que fue confirmada en los últimos días por la fiscal federal Josefina Minatta, quien advirtió que la causa permanece abierta y continuará en trámite mientras no existan certezas sobre el futuro emplazamiento de la planta. Advirtió además que, si el nuevo proyecto se mantiene sobre la costa del río Uruguay, “el riesgo de contaminación persiste”, por lo que la causa no se archivaría.
El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, había advertido en marzo: “No podemos permitir otra Botnia”, en referencia al conflicto por la planta de celulosa que enfrentaron ambos países hace dos décadas. Frigerio aseguró que mantuvo “varias reuniones desde el minuto cero” con autoridades uruguayas para exigir la relocalización.
Sin embargo, el anuncio de Uruguay no ha detendido las acciones judiciales. La jueza federal Analía Ramponi ordenó el martes la toma de muestras de agua del río Uruguay para analizar posibles impactos ambientales, como parte de la demanda presentada por los legisladores entrerrianos. La perito designada, la bióloga Viviana Cousté, tendrá 5 días para fijar la fecha de los estudios, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.
El canciller Lubetkin destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y evitar problemas. También reconocido que Uruguay recibió pedidos explícitos de Argentina para evitar la “contaminación visual” que generaría la planta, un argumento clave en los reclamos de Colón y Entre Ríos.
El proyecto de HIF Global había obtenido en el cuarto trimestre de 2025 la viabilidad ambiental de ubicación (VAL) en Uruguay, y en marzo de 2026 presentó la solicitud de autorización ambiental previa. Sin embargo, la presión argentina y las demandas judiciales aceleraron la decisión de relocalizarlo.
La planta de hidrógeno verde reavivó el conflicto ambiental entre ambos países, casi 20 años después de la polémica por Botnia. En esta ocasión, el reclamo se centra en el riesgo de contaminación del río Uruguay y el incumplimiento de tratados internacionales, según los demandantes.
El anuncio de relocalización fue bien recibido por las autoridades argentinas, aunque con cautela. Quirno destacó que el acuerdo de cielos abiertos firmado en paralelo es “un paso más en la búsqueda de mayor integración” entre ambos países, pero subrayó que el diálogo debe ser “constructivo” para resolver conflictos como este.
No obstante, fuentes cercanas al caso señalan que la relocalización planta e-combustibles Paysandú aún no tiene una nueva ubicación definida. HIF Global no ha emitido un comunicado oficial sobre el cambio, y se desconoce si el proyecto mantendrá su escala original o sufrirá modificaciones.
El senador Bahl, uno de los demandantes, advirtió que la medida judicial seguirá adelante hasta garantizar que la planta no afecte el ecosistema del río. “No bajaremos la guardia hasta que haya certezas”, declaró. Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, fue criticado por los legisladores por su presunta inacción ante el conflicto.
El conflicto también ha expuesto tensiones internas en Uruguay. Mientras el gobierno de Orsi busca evitar un escalamiento con Argentina, sectores empresariales y ambientales uruguayos debaten sobre el futuro de los proyectos de hidrógeno verde en el país, clave para su transición energética.
La decisión de relocalizar la planta se produce en un momento en que Uruguay apuesta por posicionarse como líder regional en energías limpias. Sin embargo, el caso demuestra los desafíos de equilibrar el desarrollo industrial con los compromisos ambientales y las relaciones vecinales.
Para Argentina, especialmente para Entre Ríos, el anuncio es un avance en las negociaciones. El gobernador Frigerio había exigido la relocalización desde el inicio, pero no ha emitido una declaración pública celebrando la decisión. En marzo, había advertido: ‘No podemos permitir otra Botnia’ y mantenido reuniones con Uruguay para exigir cambios en el proyecto.
La relocalización planta de e-combustibles en Paysandú también plantea preguntas sobre el futuro de los megaproyectos energéticos en la región. ¿Podrán avanzar sin generar conflictos con las comunidades locales y los países vecinos? El caso de HIF Global podría sentar un precedente.
Mientras tanto, la Justicia argentina avanza con las pericias ambientales. Los resultados de los análisis de agua del río Uruguay podrían ser determinantes para las demandas en curso y para presionar a Uruguay a adoptar medidas más estrictas en la evaluación de impactos ambientales.
El canciller Quirno evitó entrar en detalles sobre las negociaciones, pero dejó claro que Argentina no bajará sus exigencias. “El diálogo es la vía, pero no a cualquier costo”, afirmó. Su par uruguayo, Lubetkin, coincidió en la necesidad de “evitar malentendidos” y trabajar en soluciones concretas.
El proyecto de HIF Global, uno de los más ambiciosos de la región en hidrógeno verde, ahora enfrenta un escenario incierto. La empresa, con sede en Chile, no ha confirmado si la relocalización afectará los plazos o la inversión prevista. Analistas advierten que los retrasos podrían encarecer el proyecto.
Para los habitantes de Colón y las ciudades entrerrianas a orillas del río Uruguay, la noticia es un alivio temporal. Sin embargo, persiste el temor a que la planta, incluso en una nueva ubicación, pueda afectar el turismo y la pesca, actividades clave para la economía local.
