Ficha Limpia en Entre Ríos: el Senado aprobó la ley de ética pública y vuelve a Diputados
El Senado entrerriano aprobó por unanimidad de los presentes el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, que incorpora Ficha Limpia en Entre Ríos. El texto, que modifica la media sanción de Diputados de 2024, vuelve a esa Cámara para su revisión.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el jueves 12 de noviembre, con los 16 legisladores presentes, el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, la norma que incorpora Ficha Limpia en Entre Ríos. Ocurrió en la 17.ª Sesión Ordinaria del 147.º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani, según informó el Senado provincial. Como el texto tiene modificaciones respecto de la media sanción de Diputados, el expediente N.º 26.785 vuelve a esa Cámara.
Qué busca el proyecto
La iniciativa es reglamentaria de los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. Su artículo 1 plantea regular las normas de conducta en el ejercicio de la función pública, dar publicidad y transparencia a sus actos y asegurar la idoneidad y la «ficha limpia» de quienes la ejercen. Alcanza a funcionarios y empleados de los tres poderes, órganos de control, entes autárquicos y descentralizados, empresas y organismos con participación estatal, además de municipios y comunas.
En materia de Ficha Limpia, los artículos 23 y 24 impiden designar, mantener en el cargo o registrar como candidatos a personas condenadas por un listado de delitos del Código Penal, entre ellos los cometidos contra la administración pública, el orden económico y financiero y la integridad sexual. La inhabilitación rige desde una sentencia de segunda instancia confirmatoria, aun recurrida, hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena. Quien sea condenado durante el ejercicio del cargo queda suspendido con el 50 % de los haberes desde la condena de primera instancia y cesa al dictarse la de segunda o quedar firme la primera. Los partidos y alianzas deberán exigir el Certificado de Antecedentes Penales a sus candidatos titulares y suplentes.
El segundo eje son las declaraciones juradas patrimoniales. El texto prevé una versión detallada, reservada, y otra resumida, pública; la presentación anual antes del 31 de julio; y la inclusión de criptoactivos y de mayores datos sobre participaciones societarias. El incumplimiento se sanciona con multas del 5 % al 50 % de la remuneración bruta mensual del infractor.
El proyecto crea además la Oficina de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, cuyo titular será elegido por concurso de antecedentes y oposición por cinco años, con una reelección posible. El Poder Legislativo y el Judicial deberán definir su propia autoridad de aplicación en 120 días, y los municipios podrán hacerlo por cartas orgánicas u ordenanzas.
Qué cambió: tres versiones del mismo proyecto
El proyecto tuvo media sanción de Diputados el 29 de agosto de 2024. El 21 de octubre de 2026, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos firmaron un dictamen conjunto con modificaciones, cuyo texto completo difundió el Senado. De la comparación de los tres documentos surge que el texto aprobado el 12 de noviembre reproduce el despacho sin cambios sustantivos: las diferencias relevantes se dan entre la versión de Diputados y la del Senado.
| Tema | Media sanción de Diputados (29/8/2024) | Despacho de comisión (21/10/2026) | Texto aprobado por el Senado (12/11/2026) |
| Extensión | 42 artículos, 4 títulos. | 39 artículos, 4 títulos. | 39 artículos. Igual al despacho. |
| Alcance y finalidad (art. 1) | Publicidad, transparencia y «ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos»; aplicable a personas humanas «en cualquiera de sus tres poderes». | Publicidad y transparencia de los actos de la función pública, idoneidad y ficha limpia de quienes la ejercen; alcanza a cargos legislativos, ejecutivos, administrativos y judiciales, entes, empresas, municipios y comunas. | Igual al despacho. |
| Declaraciones juradas: plazos | 60 días hábiles desde la toma de posesión y una última dentro de los 30 días hábiles del cese. Sin presentación anual. | 30 días hábiles desde la asunción, actualización anual antes del 31 de julio y 30 días hábiles desde el cese. | Igual al despacho. |
| Declaraciones juradas: formato y publicidad | Un solo formato, público, limitado a la «enunciación y enumeración» de bienes, con datos confidenciales aparte. | Dos formatos: detallado (analítico, reservado, bajo custodia de la autoridad de aplicación) y resumen (sintético, público). | Igual al despacho. |
| Declaraciones juradas: contenido | Pide valor estimativo de mercado de los inmuebles, la última presentación ante la AFIP y el detalle de participación en directorios y sociedades off shore. | No incluye esas exigencias. Suma bienes inmateriales, criptoactivos y activos virtuales; en la parte confidencial, contrato societario y beneficiarios finales. | Igual al despacho. |
| Multas por no presentar la declaración | 10 % a 25 % de la remuneración bruta mensual del Gobernador; duplicable ante persistencia o reincidencia. | 5 % a 50 % de la remuneración bruta mensual del infractor; hasta 100 % si reitera dentro de dos años. | Igual al despacho. |
| Restricciones posteriores al cese | Las incompatibilidades rigen dos años después de dejar el cargo. | Un año, solo para quienes tuvieron intervención directa y sustancial; no puede impedir de manera general el derecho a trabajar. | Igual al despacho. |
| Obsequios | Cuatro categorías de donantes (incluye quienes tengan intereses significativamente afectados por la jurisdicción); alcanza a parientes en línea recta y colateral. | Tres categorías de donantes; la prohibición alcanza al grupo familiar primario. | Igual al despacho. |
| Ficha Limpia: delitos | Remite a capítulos y títulos del Código Penal (administración pública, orden económico y financiero, poderes públicos, entre otros). | Enumera artículos puntuales del Código Penal en ocho grupos de delitos. | Igual al despacho. |
| Ficha Limpia: duración | Diez años desde que queda firme la sentencia condenatoria. Se aplica con condena en cámara revisora (doble conforme). | Desde la sentencia de segunda instancia confirmatoria hasta su revocación o el cumplimiento de la pena, aun si está recurrida. | Igual al despacho. |
| Jubilaciones | Incompatibilidad con haberes de cualquier régimen previsional, incluidos fuerzas armadas, seguridad, policial y docentes. | Incompatibilidad con haberes del régimen previsional provincial. | Igual al despacho. |
| Autoridad de aplicación | Oficina de Ética Pública bajo el Ministerio de Gobierno y Trabajo (reemplaza a la Oficina Anticorrupción de 2003); Observatorio Asesor en Diputados; titular con más de 35 años; cláusula transitoria. | Oficina de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, sin precisar dependencia ministerial; sin Observatorio; titular con más de 25 años; sin cláusula transitoria. | Igual al despacho. |
| Municipios y adhesión | Invita a adherir a municipios y organizaciones; los municipios pueden dictar normativa propia o adherir. | Invita a adherir a organizaciones; los municipios fijan su autoridad y normativa por cartas orgánicas u ordenanzas. | Igual al despacho. |
| Trámite | Media sanción de la Cámara de Diputados. | Dictamen conjunto de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. | Aprobado por los 16 senadores presentes; vuelve en revisión a Diputados. |
Ambas versiones coinciden, en cambio, en la suspensión con el 50 % de los haberes desde la condena de primera instancia, el cese tras la de segunda, el Certificado de Antecedentes Penales con una antigüedad máxima de 30 días y la prevención sumaria ante presuntos casos de enriquecimiento injustificado.
El senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, defendió el tiempo dedicado al análisis y valoró los cambios en declaraciones juradas, autonomía de la Oficina de Ética Pública y garantías constitucionales. Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) vinculó la norma con la confianza ciudadana, y Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) recordó que estaba prevista desde la reforma constitucional de 2008.
Los puntos que los propios senadores dejaron pendientes
El consenso no impidió señalamientos. Patricia Díaz (Hacer Futuro) acompañó el proyecto, pero consideró que «se queda a mitad de camino» y planteó la necesidad de profundizar los controles sobre la evolución patrimonial, las participaciones societarias y las contrataciones del Estado. Marcelo Berthet (Más para Entre Ríos) mencionó como pendientes la declaración de vínculos familiares, para prevenir el nepotismo, y la valuación de los bienes a precios de mercado, y adelantó que su sector impulsará iniciativas complementarias.
En ese último punto, el texto de Diputados pedía informar el valor estimativo actual de mercado de los inmuebles, mientras que la enumeración de la versión del Senado no lo incluye. Berthet resumió el sentido del debate con una frase: la ley es «un punto de partida, no de llegada».
Antecedentes: del Congreso a Brasil e Italia
A nivel nacional, un proyecto de Ficha Limpia aprobado por Diputados en febrero de 2025 fue rechazado por el Senado de la Nación el 7 de mayo de ese año, por un voto de diferencia. La iniciativa volvió en 2026 dentro de la reforma electoral, que sigue en el Senado. Este martes 17 de noviembre los sectores dialoguistas del PRO y la UCR plantearían, cada uno con un dictamen propio, el tratamiento de Ficha Limpia por fuera de la propuesta reformista del Poder Ejecutivo nacional como condición indispensable para avalar la misma . En las provincias, en cambio, ya rige en al menos diez, de acuerdo con La Nación: Chubut, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Fuera del país, Brasil sancionó su Ley de Ficha Limpia en 2010 por iniciativa popular, y Perú aprobó en 2018 una norma que impide postular a condenados por corrupción y otros delitos. Italia, por su parte, aplica desde 2013 la llamada Ley Severino, con una diferencia de fondo: aplicación variable según el nivel institucional. Exige condena definitiva para cargos nacionales y europeos, no así para cargos regionales y locales cuando se trata de suspensión preventiva, aunque sí si se trata de destitución definitiva. La tabla resume qué buscaba cada norma y qué efectos se registraron.
| Jurisdicción y norma | Qué dispone | Efecto buscado | Efectos registrados (fuentes) |
| Nación (Argentina) | Proyecto de Ficha Limpia para cargos electivos nacionales: inhabilitar a condenados en segunda instancia. | Mayor idoneidad de las candidaturas. | Media sanción de Diputados en febrero de 2025; el Senado lo rechazó el 7/5/2025 por 36 votos a favor y 35 en contra, con 37 necesarios. En abril de 2026 se reincorporó en la reforma electoral enviada al Senado. El 12/11/2026 se informaba que Asuntos Constitucionales retomaba el tema el 17/11. (Se transmitirá en vivo por el Canal de YouTube del Senado). |
| Provincias argentinas | Chubut y Mendoza (2020), Salta (2021), Jujuy, San Juan y Santa Fe (2022), Río Negro y Córdoba (2024), Tucumán (2026). | Impedir candidaturas, y en algunos casos cargos, de condenados. | Mendoza: 12 personas rechazadas para las PASO 2021. Santa Fe: 14.136 informes de candidatos en su primera aplicación, según el gobernador. |
| Brasil: Lei Complementar 135/2010 («Ficha Limpa») | Amplía las causales de inelegibilidad, incluida la condena por órgano colegiado (segunda instancia), según la ley surgida de un proyecto de iniciativa popular. | Moralidad y probidad de las candidaturas. | En 2010, el Ministerio Público Electoral presentó 479 impugnaciones; un balance parcial del 9/8/2010 contaba 136 candidatos rechazados, cerca del 25 % de los impugnados, con datos de 19 de 27 tribunales. Los tribunales regionales aplicaron criterios dispares y juristas cuestionaron la norma por la presunción de inocencia. |
| Perú: Ley 30717 (2018) | Impide postular a condenados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual; para peculado, colusión y corrupción de funcionarios rige aun con rehabilitación. | Idoneidad de los candidatos. | El Jurado Nacional de Elecciones la aplicó en las elecciones de 2018, 2021 y 2022. En 2025, el Tribunal Constitucional resolvió seis casos en los que dejó de aplicarla a candidatos con condenas cumplidas. |
| Italia: decreto legislativo 235/2012 («Ley Severino») | Inelegibilidad y exclusión del cargo tras condena definitiva, vigente desde el 5/1/2013. A diferencia del modelo entrerriano,es de aplicación variable según el nivel institucional. | Apartar de los cargos electivos a condenados. | El exsenador Silvio Berlusconi fue expulsado en noviembre de 2013, tras una condena definitiva por fraude fiscal. La Corte Constitucional italiana avaló la constitucionalidad de la Ley Severino (sentencias 236/2015 y 276/2016, aunque no se dictaron en recursos presentado por el exlegislador consolidaron la validez de la norma que lo expulsó del Senado). Berlusconi recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. |
| Marco internacional: Convención de la ONU contra la Corrupción | Su artículo 7 invita a los Estados a considerar criterios para la candidatura y elección a cargos públicos. Argentina la aprobó por Ley 26.097. | Orientación para las legislaciones nacionales. | Es una recomendación general y no prescribe un modelo de Ficha Limpia. Así la citan los fundamentos de proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación. |
La evidencia disponible es heterogénea. Proviene en buena parte de balances oficiales o periodísticos y no de evaluaciones sistemáticas, y en los casos de Brasil y Perú incluye litigios sobre retroactividad, presunción de inocencia y alcance de las inhabilitaciones. Esa experiencia es el contexto en el que Entre Ríos definió la duración de la inhabilitación y exigió, además, el doble conforme.
Otros asuntos de la sesión
La sesión sancionó además la Medalla de Honor de Entre Ríos para veteranos de Malvinas (expediente N.º 28.335), la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica, el Día Provincial de Concientización sobre el Parkinson (11 de abril) y la adhesión a la Ley Nacional N.º 27.568 de fonoaudiología, además de donaciones de inmuebles y vehículos. Ingresaron proyectos como el que reconoce a Paraná como primera capital constitucional de la República, según el Senado provincial.
Qué sigue
Corresponde ahora a Diputados analizar las modificaciones introducidas por el Senado. Cosso explicó, al firmarse el dictamen, que esa Cámara deberá definir si las acepta. La Cámara baja había dado su media sanción más de dos años antes, por lo que el desenlace dependerá de cómo se resuelva esa revisión.
