Ampliaron la denuncia judicial por tráfico de influencias en la Hidrovía
La Coalición Cívica amplió su denuncia por tráfico de influencias en el proceso de licitación para el dragado, balizamiento y cobro de peaje en la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente con el nombre de la empresa que gestionó esos servicios hasta ahora: Hidrovía. El fiscal Guillermo Marijuan y el juez Julián Ercolini deben investigar posibles maniobras para favorecer al consorcio internacional CCCC -comandado por la empresa china Shanghai Dredging Company-, que fue descalificada luego del análisis técnico de los cuatro oferentes. Desde entonces, la licitación fue anulada.
Los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro aportaron nuevos datos a la denuncia presentada el jueves pasado. Los legisladores pedían investigar posible tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a quienes intervinieron en el proceso de licitación y posterior anulación de ese llamado, luego de que tres de los cuatro consorcios participantes fueran descalificados por razones técnicas.
Distintas y simultánteas presiones se habrían realizado para que la Administración General de Puertos (AGP) y el ministerio de Transporte de la Nación suspendiera el proceso de licitación y comenzara uno nuevo, según afirmaron los denunciantes en su presentación judicial.
Este miércoles, los diputados ampliaron la denuncia con nuevos documentos que a su juicio agigantan las sospechas. Esos papeles, dice el nuevo texto, fueron obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública remitidos a la AGP. Los legisladores le prestan especialmente atención a dos de ellos: el dictamen jurídico de la AGP respecto de las objeciones formuladas por las empresas descalificadas, y una carta de la empresa Shanghai Dredging al embajador Vaca Narvaja, según informó Clarín.
El dictamen jurídico es clave porque responde a los motivos por los cuales el consorcio CCCC impugnó la licitación. Sin embargo, los abogados de la Administración de Puertos concluyeron que “en virtud de todo lo expuesto, teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y lo manifestado por las áreas técnicas competentes de esta Sociedad del Estado, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no encuentra objeciones que formular respecto al acto de Precalificación de marras”.
“Las impugnaciones no solo no surtieron efecto por que no lograron modificar el dictamen original, sino que contenían serias adjetivaciones subjetivas que ocultaban el interés de generar dudas sobre muchos aspectos del proceso licitatorio”, razonan Zuvic, Oliveto y Ferraro. “Siendo ello así, no entendemos cómo, con un dictamen técnico profesional y el jurídico que lo ratifica, la AGP aun dejó sin efecto el trámite”, concluyen.
La otra prueba cuyo análisis judicial piden es una carta que el gerente general de la empresa le envió al embajador argentino en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja. “Tenga usted presente”, escriben los legisladores al fiscal Marijuan y el juez Ercolini, “que la carta de la empresa china está fechada unas semanas antes de la emisión del dictamen técnico y pide que se haga llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su par de Transporte, la inquietud de la empresa china por que ‘esta licitación se lleve a cabo en un ambiente justo y equitativo, garantizando el mejor resultado que beneficie al país y al pueblo argentino’”.
“El primer párrafo de la carta hace referencia a la ‘orientación y apoyo a largo plazo’ que la Embajada Argentina brinda a la compañía para la participación de los proyectos en Argentina. Apoyo parecería ser demasiado. Se desconoce el alcance de dicho apoyo o los compromisos – nunca expresados – en los que se basa y, como consecuencia, generan las dudas que expresamos en esta denuncia”, dicen los denunciantes.
En los párrafos siguientes, la misiva describe los puntos sobre los que repercutiría la resolución favorable a la empresa china de la licitación: Influencia política, cooperación multilateral por beneficio compartido y ahorro en divisas para el gobierno argentino.
“En relación con los hechos denunciados, es de destacar el punto referido a la influencia política. La forma en que se encuentra redactado el párrafo verificaría explícitamente una confusión de límites entre lo público y privado, ya que se intenta justificar su posición de interés como empresa privada (en la licitación), en base a las negociaciones de Estado entre los líderes de ambos países”, advierten los denunciantes.
La licitación de la Hidrovía es clave para la Argentina, y un bocado altamente apetecible para las empresas que pugnan por hacerse cargo de esos servicios. En ese espacio, la Argentina opera unas 102 millones de toneladas anuales. Por ella sale el 82% de los despachos argentinos de granos, harinas y aceites; el 91% de contenedores y el 99% de la carga automotriz que constituyen el comercio exterior del país. Y por esta vía entra el 60% de los buques que traen el Gas Natural Liquido que se importa al país.
