Entre Ríos: El oficialismo aprobó en soledad la reforma fiscal y la creación de comunas
En una sesión marcada por las bancas vacías de la oposición, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley este martes la reforma fiscal y nuevas comunas. El paquete de leyes, impulsado por el Ejecutivo, modifica el Código Tributario y altera el mapa político-administrativo de la provincia al jerarquizar juntas de gobierno, aunque la falta de consenso con los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Entre Ríos tiñó la jornada legislativa de polémica y cuestionamientos sobre la legitimidad del debate.
La 11º Sesión Especial del 146º Período Legislativo, presidida por Gustavo Hein, culminó con la sanción definitiva de dos expedientes clave para la administración provincial, pero dejó en evidencia la fractura política actual. Tanto el bloque peronista como el libertario decidieron ausentarse, dejando al oficialismo vía libre para aprobar las normas sin debate cruzado.
Cambios en el mapa: 22 nuevas comunas
El primer punto sancionado (Expediente Nº 28.920) transforma 28 juntas de gobierno en 22 comunas de primera y segunda categoría. Según la diputada informante, María Elena Romero (UCR), esta medida responde a una “manda constitucional largamente postergada” desde 2008 y busca dotar de autonomía a territorios rurales.
Si bien el oficialismo defiende la medida como un “salto de calidad institucional” basado en el último censo, sectores críticos han planteado interrogantes sobre la capacidad financiera real de estas nuevas estructuras para autosustentarse y brindar los servicios que la Ley Nº 10.644 exige, más allá de la formalidad administrativa.
El nudo del conflicto: El Código Fiscal
El punto más sensible de la jornada fue la modificación del Código Fiscal y Tributario (Expediente Nº 28.921). El diputado Bruno Sarubi actuó como vocero del proyecto, calificándolo como una herramienta de “previsibilidad”. Sin embargo, bajo la premisa de “modernización”, la norma introduce cambios que endurecen el trato con los contribuyentes morosos.
Entre las modificaciones más relevantes se destaca la incorporación de un “interés punitorio” para deudas judicializadas y la redefinición del concepto de “inmueble baldío”, lo que podría ampliar la base imponible y el costo para propietarios de terrenos ociosos. Asimismo, se revisó el tratamiento de mejoras rurales y subrurales.
Aunque Sarubi aseguró que “este proyecto no aumenta impuestos”, la actualización de las exenciones a cooperativas y mutuales (limitándolas estrictamente a su “naturaleza social”) y la corrección en Ingresos Brutos para acopiadores agropecuarios sugieren una presión fiscal más ajustada y eficiente para las arcas provinciales, en un contexto económico complejo para el sector productivo.
La ausencia de la oposición impidió conocer en el recinto si, tras acordarse un dictamen en comisión, existían argumentos en contra. De todos modos, la maniobra de no dar quórum sugiere un rechazo profundo a la “letra chica” de una reforma que, según el gobierno, busca equidad, pero que en la práctica ajustará las clavijas de la recaudación provincial de cara al 2026.
