Causa cosechadoras: dictan el procesamiento de ex funcionarios
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná resolvió rechazar el sobreseimiento de cinco imputados en la causa que investiga la obtención –“mediante diversas maniobras ardidosas”- de créditos por parte del Estado provincial que fueron desviados del propósito por el que se otorgaron. Tiempo después la firma presentó quiebra y no devolvió el dinero de los créditos. También decidió procesar a los ex funcionarios Diego Valiero y Roberto Schunk.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, hizo lugar al recurso de apelación que interpuso el fiscal Pablo Zoff en el legajo que investiga el desvío de ocho desembolsos por un total de 5.574.500 de pesos de las arcas del Estado provincial, en el marco de lo que se conoce como la causa cosechadoras, revocó el sobreseimiento de Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri, Carlos Ariel Boll, Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López, y dictó su procesamiento por el presunto delito de Defraudación a la administración pública.
El Tribunal también se expidió respecto de la situación procesal de dos ex funcionarios. Se trata del ex ministro de Economía, Diego Valiero, y del ex ministro de Producción, Roberto Schunk, y los procesó por el supuesto delito de Defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
Continuidad
A partir de la resolución que se conoció este jueves 8 de julio, el legajo pasará al Juzgado de Garantías y Transición de Paraná para que se disponga la continuidad del trámite. La causa cosechadoras comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que presentó el abogado Guillermo Mulet el 31 de julio de 2012.
El 10 de noviembre de 2015 se presentó una ampliación de denuncia; el requerimiento de instrucción formal se dictó el 29 de abril de 2013 y el avocamiento fue al día siguiente; en tanto que la ampliación del requerimiento data del 12 de mayo de 2014.
Cuestionamientos
El Tribunal evaluó que “el magistrado instructor sostiene que luego de la prolongada investigación y copiosa prueba colectada no se verifica el delito que el Ministerio Público Fiscal les atribuye, puesto que no se ha podido acreditar que hayan aparentado o simulado tener solvencia económica y técnica, las supuestas maniobras ardidosas, el desvío de fondos de los créditos ni tampoco el perjuicio ocasionado al Estado provincial, por lo que la conducta atribuida a los encartados resulta atípica”.
Así, sostuvo que los cuestionamientos que realizó Zoff a aquellos tópicos “lucen absolutamente acertados y razonables”.
En el juicio
En su resolución, los jueces sostuvieron que “será en todo caso el juicio oral el marco adecuado en el cual podrán ventilarse con total amplitud y bajo la plena vigencia de las garantías que conforman el debido proceso, todas las cuestiones que las defensas particulares formulan, siendo el lugar en el cual la teoría del caso del acusador público será examinada con el rigor y con la profundidad que hoy el marco de esta instancia -esencialmente provisoria- no puede proporcionar”.
La denuncia sostiene que el dinero que el Estado cedió en concepto de “asistencia financiera” a la firma B.S.V. S.A., empresa del grupo Senor, “no tuvo egreso con destino a la instalación y puesta en marcha de la empresa ‘Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A.’ sino que, fueron finalmente apropiadas o transferidas a terceros causando un perjuicio a la Administración Pública Provincial que asciende a la suma total aproximada de 5.574.500 de pesos”.
¿Solvencia?
Fiscalía señaló que los imputados Senor, Scravaglieri, Boll, Rodríguez y López, “como socios e integrantes del Directorio de la firma B.S.V. S.A.”, aparentaron “contar con solvencia económica y técnica” para solicitar al “Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, asistencia financiera para la instalación de la empresa Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., creada el 23 de diciembre de 2010, destinada a fabricar máquinas cosechadoras e implementos agrícolas”.
La imputación en la causa cosechadoras destaca que “finalmente, el 18 de septiembre de 2012, y en concreción de las maniobras ardidosas, la empresa se presentó en concurso preventivo habiéndose dictado la quiebra de ‘Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay’ en fecha 14 de marzo de 2014 ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay, garantizando con ello la no devolución de las sumas adeudadas a la Provincia».
