Concordia aprueba polémica reforma tributaria con alzas del 30%
En una sesión extraordinaria cargada de tensiones y denuncias de autoritarismo, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este viernes la polémica Ordenanza Tributaria 2026 con aumentos del 30%, junto a otras tres normas que modificarán el paisaje urbano y la gestión municipal. Mientras el oficialismo celebra “modernización” y “alivio fiscal”, la oposición desnuda inconsistencias técnicas y advierte sobre transferencias de poder al Ejecutivo que marcan un punto de inflexión institucional.
La sesión extraordinaria de este 12 de diciembre de 2025 expuso las fracturas en el legislativo local. Con nueve votos afirmativos —sumando a Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza— y cuatro negativos del bloque del PJ, se dio luz verde a cuatro expedientes clave, destacándose no solo la cuestión impositiva, sino también cambios profundos en el estacionamiento medido y el ordenamiento del centro.
La disputa por los números: ¿Alivio o ajuste?
El punto de mayor fricción fue la actualización de la estructura impositiva. La nueva normativa establece un incremento del 30% en los mínimos de las tasas, un porcentaje que el oficialismo justifica como una actualización parcial frente a la inflación esperada para el próximo año. La viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la concejal Verónica del Boca argumentaron que la reforma busca “aliviar la carga” mediante la reducción de alícuotas en la Tasa Comercial (del 1,9% al 1,8% para la mayoría) y la eliminación de la Tasa de Espectáculos Públicos.
Sin embargo, el análisis de los números revela contrapuntos técnicos que la oposición, liderada por Claudia Villalba y Guillermo Satalía Méndez, expuso en el recinto. El bloque justicialista alertó sobre una contradicción financiera: mientras el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 10%, la Ordenanza Tributaria 2026 eleva los pisos un 30%. “¿Qué clase de planificación fiscal es esta?”, cuestionó Villalba, señalando la falta de estudios de costos y proyecciones de recaudación que sustenten las modificaciones.
Un dato que surge del análisis de las cuentas públicas pone el foco en la Tasa de Alumbrado, que se redujo del 16% al 13%. Si bien se presentó como un beneficio al frentista, los registros de noviembre mostraron un déficit operativo de 173 millones de pesos entre lo recaudado y el costo de la energía, un “rojo” que ahora deberá cubrirse con rentas generales, comprometiendo otras partidas del presupuesto municipal.
Facultades delegadas y el control del espacio público
Más allá de los impuestos, la aprobación del proyecto “Reordenamiento del Estacionamiento Concordia” introdujo un cambio sustancial en la división de poderes. El Artículo Cuarto delega en el Departamento Ejecutivo la facultad de fijar el valor del estacionamiento medido, una potestad que históricamente perteneció al Concejo Deliberante. Aunque la oposición intentó frenar este artículo argumentando la exclusividad del cuerpo legislativo para fijar costos tributarios, la mayoría automática validó la transferencia de poder.
En paralelo, se aprobó la creación del “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”. Esta norma busca unificar la estética y la circulación del microcentro, extendiendo la peatonal y estableciendo una “Zona de Prioridad Peatonal” que incluirá un sector de la calle Las Heras. Si bien este punto obtuvo unanimidad, su implementación implicará restricciones al tránsito vehicular en un área que coincide con la zona de estacionamiento medido, lo que obligará a un replanteo integral de la movilidad urbana.
Modernización y silencio en el recinto
El paquete se completó con el “Domicilio Electrónico Municipal”, una herramienta de digitalización para notificaciones fiscales, compatible con ATER y ARCA, que coexistirá temporalmente con el sistema tradicional.
El cierre de la sesión dejó un antecedente institucional preocupante. La concejal Villalba denunció que su exposición fue omitida del registro oficial durante el tratamiento, un hecho que calificó de “avasallante” y violatorio del reglamento interno. La negativa del oficialismo a debatir artículo por artículo y la celeridad en la votación general refuerzan la hipótesis de un trámite legislativo donde la imposición de la mayoría primó sobre la búsqueda de consensos técnicos.
Con estas sanciones, el Ejecutivo municipal se asegura herramientas de gestión y recaudación para 2026, aunque el costo político ha sido el debilitamiento del diálogo institucional y la delegación de facultades que reducen el margen de control del Legislativo sobre las tarifas públicas.
