Tensión en el puerto: Las claves políticas y gremiales detrás del conflicto en Concepción del Uruguay
La actividad portuaria en la provincia de Entre Ríos atraviesa horas críticas. Lo que comenzó como un reclamo laboral local escaló rápidamente hasta nacionalizarse, exponiendo una trama compleja de internas sindicales, intereses empresariales y accionar de las fuerzas de seguridad. El conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay, que paralizó la terminal desde el pasado domingo, no solo frenó la carga de los buques Dias Well y African Piper, sino que destapó una disputa de fondo sobre el modelo de competitividad y representación gremial en la hidrovía, obligando al gobierno provincial a dictar la conciliación obligatoria tras una jornada marcada por la represión.
El origen de la disputa: dos visiones contrapuestas
El foco del litigio se centra en la relación entre la empresa de capitales uruguayos Urcel Argentina S.A. y los estibadores. Según la visión gremial, representada por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay —con el respaldo de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA)—, la firma desconoce a la autoridad sindical local recientemente electa. Los trabajadores denuncian que la empresa prioriza la contratación de mano de obra proveniente de otras localidades, específicamente de Zárate, para evitar cumplir con los convenios locales.
Por su parte, la visión empresarial, plasmada en un comunicado de Urcel, sostiene que son ajenos a la disputa y enmarcan la situación en una “guerra intergremial” por la representatividad. La compañía argumenta que cumple con la legislación vigente, paga salarios dignos y que las medidas de fuerza tomaron de “rehén” a la producción, afectando a más de 500 puestos de trabajo directos.
La medida de fuerza y las denuncias de precarización
La protesta consistió en un bloqueo de los accesos a la terminal y la paralización total de las operaciones de estiba. Sin embargo, detrás del piquete, los trabajadores locales advierten sobre una intención estructural de consolidar un esquema de competitividad basado en salarios bajos. Denuncian que los jornales en los puertos entrerrianos son “los más bajos del país” y acusan a Urcel de intentar desarticular la organización gremial para imponer condiciones de flexibilización laboral y pérdida de derechos.
La “grieta” sindical
Fuentes del sector señalan que el conflicto excede lo salarial. Existe una pugna entre la FEPA, liderada por Marcelo Osores, y la FeMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval). La investigación periodística sugiere que Urcel mantendría al delegado Héctor “Piru” Rojas, del SUPA Bajo Paraná (alineado con FeMPINRA), como interlocutor preferencial, presuntamente por ofrecer condiciones más “económicas” para la firma que el convenio exigido por el SUPA local. Esta triangulación habría sido el detonante para que la federación nacional amenazara con un paro en todos los puertos del país, elevando el perfil del conflicto.
Intervención de seguridad y repercusiones políticas
La escalada de tensión tuvo su punto máximo el lunes, cuando un operativo conjunto de la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina desalojó a los manifestantes para garantizar el ingreso de camiones con madera. El accionar, que incluyó el uso de postas de goma y dejó un saldo de heridos y detenidos, generó un fuerte repudio de sectores opositores y sindicales, quienes responsabilizaron tanto al gobernador Rogelio Frigerio como al gobierno nacional por lo que consideran una “criminalización de la protesta”.
Conciliación y el perfil de Urcel
Para desactivar la bomba de tiempo, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, instando a las partes a negociar el próximo 10 de febrero. Mientras tanto, la mirada se posa sobre Urcel Argentina S.A., una firma que no es una pyme tradicional: posee cerca de un millón de hectáreas de monte propio y exporta 600 mil toneladas anuales, principalmente a Asia. Su rol es clave en la economía regional, pero este conflicto ha puesto en tela de juicio sus prácticas de relacionamiento sindical en suelo argentino.
Aunque la calma parece haber retornado momentáneamente a los muelles de Concepción, el debate sobre la soberanía laboral y el modelo portuario sigue abierto, con el riesgo latente de nuevas medidas si la mesa de diálogo fracasa.
