Superior Tribunal de Justicia repudia a miembros del Ministerio Público Fiscal
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos expresó «su más enérgico repudio y rechaza los recientes actos marcadamente antidemócráticos cometidos por ciudadanas, ciudadanos y miembros del Ministerio Público Fiscal», realizados en medio de un «escrache» contra integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.
El repudio del STJ a miembros del Ministerio Público Fiscal deja traslucir las tensiones existentes entre el órganos supremo de la justicia entrerriana e integrantes del cuerpo de fiscales.
Las manifestaciones del STJ se dieron a conocer desde la ciudad de Nogoyá, a través de un comunicado de prensa en el que también señalan que «Dichas personas, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia».
Asimismo, el texto precisa que «el Superior Tribunal de Justicia se solidariza y rechaza la agresión propinada a los profesionales de la abogacía Dres. Raúl Barrandeguy, Ignacio Esteban Díaz, José Candelario Pérez, Juan Méndez, José Velázquez y Miguel Ángel Cullen, contra quienes un grupo de personas que ya han sido individualizadas, el día viernes 10 de junio pasado, en dependencias del edificio de tribunales de la ciudad de Paraná, tuvieron actitudes propias de dictaduras o regímenes autoritarios».
Censurable y contrario a las leyes
Por otra parte, remarca que resulta «censurable y hasta contrario a las leyes que nos rigen, la participación directa en dichos actos, -como se ha visto-, de miembros del Ministerio Público Fiscal que integran el Poder Judicial, conforme lo prescripto por el art. 207 de la Constitución provincial, y que deben actuar dentro del rol que les asignan las leyes con espíritu de mutua colaboración y responsabilidad, asegurando a la ciudadanía el mejor servicio de Justicia posible, dejando de lado las diferencias personales y funcionales, y dirimiendo las mismas con respeto dentro del marco legal e institucional correspondiente».
