Uruguay implementa un doble control en la frontera entre Salto y Concordia
El gobierno urguayo dispuso la implementación de un doble control en la frontera de Salto (Uruguay) con Concordia con el objetivo de intensificar la vigilancia para evitar el contrabando desde Argentina hacia el Uruguay, generado por la diferencia cambiaria con el país vecino.
La brecha de precios con Argentina alcanzó su mayor registro histórico de los últimos 20 años en setiembre, llegando al 180% sin considerar la importante devaluación que sufrió nuestro país en los primeros días de octubre y que, por lo tanto, incrementó la diferencia cambiaria.
A la vez, las ventas de los comercios de Paysandú y Salto cayeron un 22% entre enero y setiembre de este año.
Con esto, la decisión de la Presidencia del Uruguay corresponde a la implementación de un doble control en la frontera.
El segundo control funcionará en el cuartel de la Guardia Republicana, según confirmaron autoridades de la Jefatura de la Policía de Salto a El País.
“Los funcionarios de la Aduana de Salto, están cumpliendo medidas de control de manera exhaustiva ante un nuevo lineamiento que provino del Poder Ejecutivo, debido a la importante cantidad de personas que cruzan a diario por el puente de Salto Grande“, establecieron también desde Aduanas.
Las promesas de Lacalle Pou
El presidente Luis Lacalle Pou habló sobre la situación del litoral uruguayo y aseguró que la gente “puede abastecer tranquilamente, lo que no puede pasar, que está pasando, es que hay gente que está contrabandeando”.
El presidente aseguró medidas que surgieron como propuesta de los centros comerciales y los gobiernos departamentales.
“Ya no es solo la gente que va y consume para sí mismo, que trae sus kilos para la (vida) diaria, la cotidiana sino (que el problema es el) contrabando. La Policía uruguaya, las Fuerzas Armadas y la Aduana harán controles más intensivos en los pasajes de un país hacia el otro”, comentó el presidente.
Los reclamos de Paysandú
Por su parte, los ediles de Paysandú plantearon ante el parlamento la posibilidad de recibir beneficios fiscales a través de la aplicación desarrollada por Antel, Tuapp, que el gobierno ya usa para los beneficios de canastas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Para los sanduceros, la “única solución” que entienden factible para la problemática que vive toda la frontera uruguaya “es una intervención fiscal, porque los márgenes de comercialización de las empresas son cada vez más exiguos” en un entorno de competencia comercial muy fuerte que les impide seguir bajando los márgenes de comercialización a cosa de los propios emprendimientos, mayormente pequeñas y medianas empresas.
En este sentido es que el edil Alejandro Colacce propuso utilizar Tuapp para recibir descuentos de IVA e Imesi en determinados productos de la canasta básica familiar, independientemente de si la persona es usuaria o no del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del Uruguay. La idea es que sea una medida generalizada en múltiples comercios adheridos, sobre productos vinculados a las necesidades de subsistencia de una familia.
El objetivo es promover el consumo interno, sostener la actividad comercial y proteger el empleo en el departamento. Y para ello, las medidas del gobierno nacional tienen que llegar al bolsillo de la gente, sostienen, no con la idea de solucionar la problemática —algo que, saben, no será posible—, sino con el propósito de paliar una situación compleja.
La propuesta de Salto
Por su parte, en Salto fueron los empresarios y comerciantes los que se movilizaron para reclamar medidas puntuales de ayuda así como medidas a largo plazo que permitan al comercio uruguayo ser competitivo y no depender de la coyuntura en la frontera.
Según el referente del grupo empresario Salto en Movimiento, Rodolfo Germano, el departamento uruguayo precisa dos medidas específicas: la aprobación del proyecto de ley que habilita la microimportación y la regulación del precio de los combustibles.
En relación a la primera propuesta, el empresario manifestó que en 2021 los senadores Sergio Botana y Guido Manini Ríos presentaron ante el Parlamento un proyecto de ley para habilitar la microimportación, de forma de “eliminar los monopolios que se dan en el país” y reducir los precios de venta al público.
Pero la iniciativa no prosperó “porque perjudica a algunos importadores monopólicos privados que hay en Uruguay”, señaló el empresario, a pesar de que su aprobación permitiría “abaratar” determinados productos.
En relación a la segunda propuesta, Germano indicó que en el departamento precisan “regular el precio de los combustibles y fijar un margen de forma que estén un 20% más caros en Salto que en Concordia porque nadie va (a Argentina) solo a echar combustible”, señaló.
Con las dos propuestas “el salteño va a hacer las cuentas para cruzar a Argentina, no le van a dar y va a quedarse consumiendo acá”, afirmó.
