El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y su Instituto de Derecho Penal repudiaron expresiones de Patricia Bullrich

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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en conjunto con su Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, repudió las expresiones de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien en declaraciones periodísticas puso “en jaque las garantías constitucionales en un estado democrático de derecho”.

El posicionamiento del colegio rector de la abogacía provincial lleva la firma de la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Dra. María Marta Simón; y del vicepresidente, Dr. Santiago Esquivel; además del presidente del Insituto de Derecho Penal, Penal Procesal y Criminología, Dr. Miguel Ángel Cullen; de su vicepresidente, Dr. José Ostolaza; y de su secretario, Dr. José Velázquez.

El texto en que se da a conocer el repudio a las declaraciones de Bullrich, al que tuvo acceso Libreentrerios, expresa textualmente:

“Repudiamos enfáticamente los dichos de Patricia Bullrich quien, en un reportaje con el conductor Alejandro Fantino, refirió que en caso de ser electa GRABARIA LAS COMUNICACIONES DE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS CON SUS CLIENTES, ello visibiliza un desconocimiento de las garantías de las personas a defenderse y ser oída ante una acusación, como así también, al ejercicio de nuestra profesión.

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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y su Instituto de Derecho Penal, Penal Procesal y Criminología repudiaron expresiones de Patricia Bullrich emitidas en un reportaje con Alejandro Fantino.

“En la misma línea, imponer condenas privando a un sujeto de poder hablar en privado con su defensor es directamente eliminar la posibilidad de una defensa seria y eficiente.

“De permitirse tales violaciones, bastará que quien ejerza el poder quiera encarcelar a alguien para que esto suceda. Ya no habrá abogadas y abogados defensores. Los dichos de la candidata ponen en jaque las garantías constitucionales en un estado democrático de derecho.

“Por ello repudiamos las propuestas que ignoran las garantías constitucionales como, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso legal; velando por un noble y libre ejercicio de la defensa penal en pos de la verdad.

“Esta garantía, reforzada mediante pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque convencional con jerarquía constitucional son el cimiento de la república. Y no podemos perder de vista que, ante cualquier uso del aparato punitivo del estado frente a la ciudadanía, y que hoy, a 40 años de recuperada, debemos cuidar y proteger enérgicamente y más que nunca”.

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