El Concejo Deliberante de Concordia aprobó la emergencia para reorganizar la recolección de residuos
Con un esquema mixto que combina gestión pública y privada, el municipio busca resolver el déficit en el servicio de higiene urbana. Hubo rechazo de la oposición por la modalidad de contratación.
En la cuarta sesión ordinaria del año, el cuerpo legislativo local sancionó la declaración de Emergencia Ambiental en Concordia, una herramienta jurídica que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para intervenir en la crítica situación del sistema de recolección de residuos. La iniciativa, impulsada por el bloque de Juntos por Entre Ríos, surge como respuesta a un diagnóstico técnico que advierte sobre el deterioro del parque automotor, la proliferación de microbasurales y la falta de previsibilidad en los costos del servicio actual.
Un sistema mixto: concesión vs. tercerización
Uno de los puntos que mayor debate generó fue la naturaleza del nuevo esquema. La viceintendente, Magdalena Reta de Urquiza, aclaró que no se trata de una “tercerización total”, sino de un sistema mixto. Mientras la mayor parte de la ciudad seguirá bajo gestión municipal, se avanzará en la concesión parcial de zonas específicas a empresas privadas.
La diferencia radica en que el municipio mantiene la titularidad y el control del servicio, utilizando la contratación externa para reforzar áreas donde la logística estatal no llega con eficiencia. Para ello, se autorizó la contratación directa por un plazo de seis meses, periodo tras el cual se deberán realizar los llamados a licitación pública correspondientes.
Garantías laborales y reordenamiento del personal
Ante la incertidumbre sobre el futuro de los empleados, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, aseguró que la medida contempla una garantía laboral absoluta: no habrá despidos ni pérdida de derechos
La reorganización del personal implica que parte de la planta será reubicada en áreas de Higiene Urbana y otros servicios públicos. Según el municipio, estos movimientos se realizarán priorizando criterios de salud, edad y exigencia física, buscando optimizar la capacidad operativa del Estado sin vulnerar salarios ni categorías.
Dudas y votación dividida
Pese a los argumentos de eficiencia y necesidad sanitaria, el proyecto no logró la unanimidad. Fue aprobado por mayoría con nueve votos a favor y cuatro negativos del bloque del PJ. Desde la oposición se cuestionó la celeridad del proceso y el uso de contrataciones directas. Para mitigar estas dudas, se creó una comisión de seguimiento integrada por concejales de ambos bloques y representantes del Ejecutivo para fiscalizar la transparencia de los contratos.
