Concordia recibe 80 millones de la Provincia en medio de reclamos de intendentes del PJ por fondos
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, la entrega de un nuevo Aporte No Reintegrable a Concordia por un total de 80 millones de pesos. La transferencia, destinada a cubrir gastos de seguridad acuática, se concreta en una semana marcada por el malestar de los jefes comunales del Partido Justicialista, quienes denunciaron públicamente una distribución discrecional de fondos en favor del municipio conducido por Francisco Azcué.
En la jornada en que se publicó el Boletín Oficial Nro. 28.312, se dio a conocer el Decreto 656-2026-E-GER-GOB, mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial autorizó el desembolso de $80.000.000 en favor de la Municipalidad de Concordia bajo la figura de un Aporte No Reintegrable. La suma tiene como fin específico solventar los costos operativos de la seguridad acuática en las playas del Lago de Salto Grande durante la temporada de verano 2026.
La solicitud del Aporte No Reintegrable a Concordia fue gestionada por el intendente Francisco Azcué, argumentando la necesidad de cubrir la segunda cuota del aporte requerido para el mantenimiento de los balnearios habilitados. Para efectivizar la transferencia, el Gobierno utilizó un mecanismo de modificación presupuestaria compensatoria de créditos dentro de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro), según lo estipulado en el Artículo 13º de la Ley de Presupuesto vigente.
Sin embargo, el acto administrativo no pasa desapercibido en el tablero político regional. Hace apenas una semana, un grupo de intendentes justicialistas denunció lo que consideran una “entrega arbitraria” de recursos provinciales. Según los mandatarios opositores, existe una marcada preferencia hacia los municipios del mismo signo político que la gestión provincial, señalando a Concordia como la principal beneficiaria de estos flujos de dinero extra-coparticipable.
Desde el ámbito técnico, la Contaduría General de la Provincia y la Oficina Provincial de Presupuesto dieron el visto bueno a la viabilidad de la operación, encuadrándola en las facultades que la Constitución Provincial otorga al Gobernador. Aun así, el decreto obliga al municipio local a rendir cuentas detalladas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el destino final de los fondos recibidos.
