Concejales justicialistas piden que el intendente informe sobre empleado denunciado por abuso sexual y exija antecedentes de violencia
Tras conocerse que un funcionario de alto rango de la Municipalidad de Concordia, que se desempeña en el área de la Presidencia Municipal, había sido denunciado por abuso sexual simple ante la Unidad de Género y Abuso Sexual del Ministerio Público Fiscal, se encendieron todas las alarmas y los concejales justicialistas solicitaron al intendente Francisco Azcué que, además de anunciar que solicitaría a los funcionarios una Declaración Jurada de Bienes y un Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, también exija un informe del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER).
En este sentido, los ediles del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante señalaron que “habiendo tomado conocimiento de la existencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual, que recae sobre un empleado de planta permanente del municipio, allegado directo a una importante funcionaria con alto cargo en el Ejecutivo encabezado por el Dr. Francisco Azcué, y atendiendo a la necesidad de dar una respuesta coherente con los principios que desde nuestro bloque se mantienen en relación a situaciones de esta temática, estimamos conveniente, que conjuntamente con los antecedentes penales que el señor intendente ha solicitado de sus funcionarios, incluidos nosotros mismos, se realice también la solicitud de informes al Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.
Asimismo, destacaron que “ante hechos de índole similar nuestra postura fue contener y trabajar con la denunciante existiendo un protocolo de contención psicológica y emocional y por supuesto, hacer cumplir de manera estricta y rigurosa las medidas impartidas de forma inmediata por la justicia (prohibición de contacto por cualquier medio, acercamiento, etc.)”.
También, aclararon que “lo que exigimos son gestos políticos claros para mantener una política transparente en la materia, recordando que en la gestión anterior se hizo un protocolo, se instrumentó un refugio como la Casa de la Mujer para las víctimas, se logró instalar la Fiscalía de Género, se brindó el servicio del botón antipánico, la licencia por cuestiones de género y se realizaron capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, dirigida a funcionarios públicos municipales”.
Finalmente, puntualizaron que “es por eso que solicitamos al Intendente de la Municipalidad de Concordia, informe sobre la situación actual del tratamiento de este caso en particular y el accionar concreto en intervención psicológica y jurídica del área de Gestión Preventiva de este Municipio a su cargo”.
