Una obra, un humedal y una orden municipal: el caso La Bianca pone a prueba la protección de humedales en Concordia
El municipio de Concordia conocida el jueves ordenó la paralización de una obra en un predio de Avenida Eva Perón al 3000, en la zona de La Bianca, sobre un sector que forma parte de un sistema de humedales protegido. La medida, que incluye condicionantes técnicos y ambientales antes de habilitar cualquier construcción, reaviva un conflicto que se arrastra desde hace más de una década y que plantea una pregunta central: ¿alcanza el andamiaje normativo vigente para garantizar la protección de humedales en Concordia cuando los intereses económicos apuntan sobre áreas sensibles?
La Municipalidad de Concordia ordenó la paralización inmediata de trabajos sobre un predio ubicado en Avenida Eva Perón al 3000, en inmediaciones del barrio La Bianca, tras detectar incumplimientos normativos en un área ambientalmente sensible. La decisión, comunicada el jueves, se enmarca en la política municipal de protección de humedales en Concordia y reaviva un debate que la ciudad viene postergando: qué pasa cuando el avance de los negocios privados choca contra ecosistemas que regulan el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de miles de vecinos.
Lo que dispuso el municipio
La resolución N° 1606/2026, firmada por el intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, establece que no se evaluará ninguna obra civil en el predio hasta que se complete un Plan de Remediación y Mitigación del Humedal, recientemente aprobado. Según los informes técnicos incorporados al expediente, el terreno forma parte de un sistema de humedales y requiere criterios estrictos de cuidado ambiental y manejo hidráulico.
Entre las condicionantes establecidas se encuentran: paralizar toda obra no autorizada, destinar 3.683,38 m² para la construcción de una laguna reservorio que regule el escurrimiento del agua, ejecutar una alcantarilla hidráulica proyectada, construir un muro de contención e implantar vegetación nativa. El municipio advirtió además que cualquier incumplimiento futuro tendrá como consecuencia la clausura inmediata de la obra y que la responsabilidad por reclamos derivados de la situación recaerá exclusivamente en los titulares del inmueble.
Para el seguimiento, se dispuso la intervención del Departamento de Obras Privadas, la Dirección de Ingeniería y el Equipo Técnico de Humedales, instancias que deberán verificar el cumplimiento efectivo de cada condición.
Una historia que arranca en los 90
El caso no nació en 2026. Según testimonios de vecinos del sector recogidos por medios de comunicación locales, a fines de la década del 90, varias familias habitaban el área conocida como Salto Chico, donde existían viviendas precarias a la vera de un gran humedal atravesado por un pequeño arroyo que funcionaba como contenedor natural de las lluvias. Con el crecimiento del barrio La Bianca, muchas se trasladaron, pero el humedal seguía en pie.
A partir del año 2015 se produjo un fuerte movimiento de suelo: camiones cargados con tierra comenzaron a rellenar el sector, tapando el humedal y modificando el curso natural del arroyo, pese a la resistencia de la comisión local en defensa de los humedales. Tras esa intervención, el propietario fue intimado a construir obras de mitigación ambiental. Según el medio digital 7Páginas, esos trabajos nunca se concretaron.
En los últimos meses se levantó un cerco perimetral y se avanzó con el relleno y nivelación de un terreno de aproximadamente 20.000 metros cuadrados —casi dos hectáreas—, sin que en el sitio se exhibieran carteles de obra ni información sobre permisos o responsables del proyecto. Datos catastrales, revelados por Diario Junio, El Entre Ríos y el medio anteriormente mencionado, indican que el terreno pertenecería desde 2018 al empresario Gustavo Martín Núñez, vinculado a la firma Puerto Príncipe S.A., que gestionó la discoteca B612 en el puerto de Concordia y que sería propietario del Hotel Flair -ubicado frente al terreno en cuestión- y del hotel alojamiento Fun & Love.
El inventario, aplicado en el caso
La resolución municipal tiene como respaldo técnico el Inventario de Humedales de la ciudad de Concordia, presentado en septiembre de 2023 y elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Municipalidad y la ONG Luz del Ibirá, bajo la coordinación del Dr. en Biología Eduardo Etchepare. Con su presentación, Concordia se convirtió en una de las primeras ciudades del país en contar con una herramienta de gestión que permitirá tomar decisiones fundamentadas en la preservación del ambiente y los recursos naturales.
El inventario identificó 15 humedales dentro del ejido urbano, incluyendo el arroyo Salto Chico, el arroyo Manzores y varias microcuencas que atraviesan la trama urbana. En abril de 2024, mediante la Ordenanza 38.274 (modificatoria de la Ordenanza 36.802/2019), ese inventario fue incorporado formalmente al marco normativo municipal. En el caso La Bianca, el Equipo Técnico de Humedales se valió de ese instrumento para respaldar el dictamen que motivó la paralización.
Sin embargo, la incorporación del inventario al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT – Ordenanza 38.104/2023) todavía no se habría completado como condicionante vinculante en todos los casos. El ingeniero hidráulico Joaquín Gobetto, integrante del Equipo Técnico, señalaba – en una entrevista realizada por Facundo Escobar y registrada en una monografía realizada en el marco de la Especialización en Ingeniería Ambiental, dictada en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Concordia, en 2024 – que la intención era que “una vez incorporado, se pueda dar más peso al dictamen otorgado por el Equipo de Trabajo, para realizar una protección más efectiva y controlada en el tiempo”.
Otros casos similares: La Bianca no es excepción
El episodio del humedal de La Bianca no es un hecho aislado. La exconcejal Cristina Guitar, presidenta del Consejo de Protección de Humedales, valoró la resolución municipal pero advirtió que el problema tiene más frentes abiertos. Al menos dos loteos inmobiliarios continúan avanzando sobre zonas que deben ser conservadas: uno sobre Avenida Monseñor Rösch, frente al club Los Yaros, y otro en Nogoyá y Mario Gatto, poniendo en peligro la integridad ambiental en esos sectores.
El biólogo Eduardo Etchepare, autor del Inventario de Humedales y vocal del Consejo de Protección, confirmó el patrón: en el caso del humedal de Mario Gatto y Nogoyá, la intervención se produjo en cuatro días que coincidieron con un fin de semana largo, con camiones que ingresaron sin interrupción para destruir la vegetación, rellenar y nivelar el terreno. “En este caso pasó lo mismo que en Villa Adela, que en Eva Perón”, señaló en declaraciones publicadas por Diario Junio, tras lo que parafraseó al Martín Fierro: “La ley es tela de araña: no la teme el hombre rico, nunca la teme el que mande; pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos”.
Las multas: el talón de Aquiles del sistema
Uno de los puntos que el Consejo de Protección de Humedales viene señalando con insistencia es la insuficiencia del régimen sancionatorio y su contraparte: la rentabilidad de la infracción. Las multas terminan siendo irrisorias frente a las millonarias ganancias del negocio inmobiliario.
Para quienes mueven capitales inmobiliarios de escala, pagar esas multas ante el Juzgado de Faltas resultan, en la práctica, el costo de hacer negocios. El comunicado del Consejo de Protección subraya que en Concordia, pagando una multa, uno puede hacer desaparecer un cerro, rellenar y destruir grandes humedales, quemar un área protegida, derribar la selva en galería y arruinar sitios arqueológicos.
Hasta que no se estipulen compensaciones económicas prohibitivas y la obligación legal de retrotraer el ambiente a su estado original a costo del infractor, la ley seguirá siendo una sugerencia costosa pero asimilable para los inversores.
El Consejo plantea además que parte de la responsabilidad recae en profesionales habilitados —arquitectos, maestros mayores de obra, agrimensores— que deberían velar por el cumplimiento de las normas ambientales antes de avanzar con obras en zonas sensibles, y propone multas más cuantiosas “que duelan” y comenzar a cargar la responsabilidad a los arquitectos y maestros mayores de obra que incluyan denuncias civiles y la posibilidad de perder la matrícula.
Éste es, precisamente, uno de los puntos que el marco normativo vigente no ha desarrollado suficientemente: no existe aún un registro de infractores reincidentes ni un criterio de penalidades escalonadas. El ingeniero Gobetto reconocía en 2024 que ese era un tema “pendiente para evaluar en la próxima gestión”.
El organismo de control y sus limitaciones
La Ordenanza 36.802/2019 y sus modificatorias crearon dos instancias de control: el Consejo de Protección de Humedales —de carácter participativo, integrado por representantes del Concejo Deliberante, ONGs, instituciones académicas y profesionales— y el Equipo Técnico de Humedales, dependiente de la Municipalidad, que evalúa expedientes y emite dictámenes. Según los datos aportados por el Ing. Gobetto, al equipo llegaban aproximadamente 20 expedientes mensuales sobre posibles intervenciones en humedales.
No obstante, el sistema mostró su fragilidad durante el cambio de gestión municipal. Con el cambio de gobierno, el equipo técnico que forma parte del órgano de control dejó de trabajar, lo que implicó que cualquier privado pudiera avanzar con una topadora por un humedal sin que nadie se lo prohibiera. La concejal Carolina Amiano (Más por Entre Ríos) lo denunció públicamente, según consigna Cuestión Entrerriana, y requirió la reactivación del equipo, advirtiendo que la inactividad “ha permitido que el daño ambiental continúe avanzando sin control”.
Finalmente, tras la denuncia de la concejal Carolina Amiano en abril de 2024 sobre la inactividad del Equipo Técnico de Humedales en Concordia, la reactivación y reestructuración del Consejo de Protección de Humedales (del cual depende el equipo) comenzó a concretarse hacia fines de 2025, con una nueva Comisión Directiva conformada en diciembre de 2025 y nuevas integraciones en febrero de 2026
La situación expone una debilidad estructural: la eficacia del sistema depende de la continuidad institucional y la voluntad política de cada gestión, sin que existan hasta ahora garantías de funcionamiento autónomo o mecanismos de activación automática.
Un punto insuficientemente contemplado: la responsabilidad profesional
Entre todos los ángulos del problema, hay uno que ha recibido escasa atención en el debate público: el rol de los profesionales que intervienen en las obras sobre humedales. Tanto el Consejo de Protección como el biólogo Etchepare señalan que arquitectos, maestros mayores de obra e ingenieros que proyectan o dirigen construcciones en zonas ambientalmente sensibles sin advertir a sus comitentes sobre las restricciones vigentes —o haciéndolo y avanzando igual— participan de un circuito de daño que la normativa actual no sanciona con suficiente rigor.
A diferencia de lo que ocurre en otras profesiones reguladas, donde la negligencia puede derivar en la pérdida de la matrícula, en el ámbito de la construcción y el ordenamiento territorial esa consecuencia no está prevista frente a violaciones ambientales. El modelo chileno, señalado en la investigación de Facundo Escobar, ofrece en cambio una articulación más estrecha entre la normativa urbanística y la ambiental, donde los municipios deben integrar los humedales como condicionantes de la planificación territorial, con responsabilidades claras para quienes los ignoraren.
Incorporar esta dimensión al debate local requeriría modificar el régimen sancionatorio de la Ordenanza 36.802/19 de Proteccion de Humedales y articularlo con los colegios profesionales —algunos de los cuales ya forman parte del Consejo de Protección—, para que la habilitación de proyectos en zonas de humedales exija una declaración de responsabilidad profesional expresa.
Un marco normativo pionero, pero con brechas
Concordia fue una ciudad pionera: la Ordenanza 36.802/2019, su sistema de Inventario de Humedales y el Consejo de Protección – actualmente constituido por más de treinta instituciones de los ámbitos público y privado- constituyeron un conjunto normativo que pocos municipios argentinos habían desarrollado con ese nivel de integración. El biólogo Etchepare destacó que la ordenanza de protección de humedales fue adelantada y pionera, ya que trató a esos espacios naturales de manera conjunta, y no por separado como en el caso de otras provincias.
Sin embargo, la monografía de Escobar señala que persiste una falta de armonía entre el crecimiento urbano y la protección de los humedales, y que “los instrumentos de planificación urbana establecían límites poco flexibles, quedando estos ecosistemas en una zona gris, puesto que son áreas naturales a proteger inmersas en un entorno urbano lleno de perturbaciones”. La incorporación del Inventario al COUT 38.104/2023 fue un avance, pero el desafío siguiente es hacer efectivo ese vínculo en la práctica cotidiana de la gestión urbana.
A nivel nacional, Argentina sigue sin aprobar una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, cuya sanción se debate desde 2013 en el Congreso Nacional. Sin ese paraguas legal, las ordenanzas municipales como la de Concordia funcionan en un vacío de respaldo federal que limita su alcance. La Constitución de Entre Ríos, en sus artículos 83 y 85, declara los humedales libres de infraestructura a gran escala que pueda degradar sus aguas, pero esa protección constitucional no alcanza para detener intervenciones de escala menor, como las que se producen en el ámbito urbano.
Las soluciones posibles
El caso La Bianca también ofrece pistas sobre los caminos de solución. La existencia del Inventario de Humedales como herramienta técnica permitió fundamentar la paralización con criterios objetivos. La intervención del Equipo Técnico antes de que la obra avanzara más aportó una respuesta institucional. Y las condicionantes establecidas en la resolución —laguna reservorio, vegetación nativa, manejo hidráulico— apuntan a que el predio, en lugar de convertirse en un espacio de concreto que impermeabilice el suelo y genere anegamientos aguas abajo, conserve parte de su función reguladora.
Lo que falta es sistematizar esas respuestas, trasladarlas a criterios generales aplicables a cualquier emprendimiento en zonas de humedales, y dotar al sistema de control de garantías de continuidad que no dependan de cada gestión de turno. El modelo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que integra los humedales como infraestructura de drenaje en la planificación urbana, fue señalado por el propio Equipo Técnico como un horizonte deseable, aunque todavía sin definición para su implementación en Concordia, según la monografía de Escobar.
Para Guitar, la paralización de La Bianca es un paso positivo. “Desde el Consejo de Humedales evaluamos y valoramos que haya primado la cuestión ambiental. Se tomaron en cuenta sugerencias sobre el aspecto técnico y cuestiones que priorizamos desde el Consejo”, afirmó a Diario Junio. Pero la misma Guitar advirtió que mientras se resuelve un caso, otros dos loteos en zonas protegidas siguen avanzando. La protección de humedales en Concordia, entonces, sigue siendo una carrera entre la normativa y la motosierra. O, en este caso, la topadora.
