Investigan una presunta red de corrupción por sobrecostos en Vialidad de Entre Ríos
La División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo 15 allanamientos este martes en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Los operativos, ordenados por el fiscal Gonzalo Badano, fueron la consecuencia de una denuncia penal presentada por el propio titular del organismo, Exequiel Donda, quien advirtió sobre irregularidades detectadas durante 2024 que involucrarían a personal de carrera y a proveedores del Estado.
Una denuncia por supuestos sobrecostos en la compra de suministros en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos derivó este martes en 15 allanamientos simultáneos en cuatro provincias. La investigación, que apunta a una presunta connivencia entre funcionarios públicos y proveedores, se inició a partir de una presentación judicial del director del organismo, Exequiel Donda, tras detectar inconsistencias en los precios de contrataciones directas y licitaciones.
Según explicó Donda, las alarmas se encendieron durante el año 2024 al observar “diferencias significativas entre los presupuestos oficiales aprobados y los precios cotizados por oferentes”. Esta situación habría motivado la implementación de medidas administrativas, como el relevo de responsables en áreas clave y una mayor publicidad en los llamados a licitación, lo que resultó en la obtención de ofertas “considerablemente inferiores”.
Las irregularidades detectadas, según la denuncia, abarcan tanto a la gestión actual como a la anterior. “Son (irregularidades) anteriores a que nosotros asumamos y algunos siendo yo director. Inmediatamente que las detectamos, las denunciamos”, afirmó Donda. El funcionario también señaló que el personal involucrado pertenece a la planta de carrera del organismo, en quienes había “depositado la confianza”.
La hipótesis principal de la fiscalía es que se direccionaban las contrataciones y se elaboraban presupuestos oficiales con valores superiores a los de mercado. Se sospecha que esta maniobra permitía que los proveedores en connivencia con los funcionarios cotizaran precios elevados, generando un perjuicio económico al Estado, y que un porcentaje de esos fondos regresaba a los funcionarios.
Los allanamientos, ejecutados por la División Delitos Económicos bajo las órdenes del fiscal Gonzalo Badano, se realizaron en nueve domicilios de Paraná y en propiedades de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con el objetivo de secuestrar documentación, equipos informáticos y otras pruebas relevantes para la causa.
