La reforma política de Frigerio: transparencia, Ley de Ética y Ficha Limpia
El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encarará reformas centrales desde el comienzo de su gestión y que están vinculadas a iniciativas que impulsa Juntos por el Cambio a nivel nacional. La tarea recaerá en su secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro.
El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quiere cumplir con lo prometido y encarar una reforma política en la provincia. En campaña, advirtió que de llegar a la Casa Gris llevaría adelante un plan de reestructuración dentro del Estado, contemplando una modernización y adaptando la provincia a los tiempos que se viven.
Ahora que ya está confirmado que será el sucesor de Gustavo Bordet, el exministro del Interior en la gestión de Cambiemos adelantó que contará con un secretario de Asuntos Políticos, que en un primer momento fue presentado como secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política.
Se trata de Julián Maneiro, actual diputado provincial, que estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo, conducido por Manuel Troncoso, uno de los hombres más cercanos al nuevo titular del Poder Ejecutivo.
El nuevo funcionario llegará con la difícil misión de ser un nexo entre la gestión y las entidades de la sociedad civil, el Poder Legislativo, las universidades y otros actores claves para lograr consensos en torno a temas álgidos.
Estos incluyen no sólo una revisión del modelo electoral, sino también atender otras iniciativas que han quedado pendientes, en casos, de la reformada Constitución provincial de 2008.
El objeto es comenzar con la labor lo antes posible, evitando dar la discusión sobre algunos temas en años de comicios, donde lo institucional suele quedar en un segundo plano.
Se encuentran, entre otros objetivos, la agenda vinculada con la transparencia, una Ley de Ética de funcionarios públicos y la Ficha Limpia, uno de los caballitos de batalla de la oposición en los últimos años.
Cabe destacar que si bien Maneiro será comandado por Troncoso, responde a una corriente interna de la Unión Cívica Radical que tuvo sus roces con el electo gobernador.
Se trata de la línea que responde a Pedro Galimberti, que no pudo competir en igualdad de condiciones por la Gobernación porque Frigerio consiguió el pegado exclusivo con los postulantes a la Presidencia de Juntos por el Cambio antes de las PASO de este año.
El dirigente de Diamante, designado junto a otros referentes del espacio como parte de una intención de no promover grietas en Juntos por Entre Ríos, es abogado y docente de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Pese a su amplia trayectoria como militante correligionario, no fue hasta 2015 que ostentó un cargo en la función pública. En 2019 llegó a la Legislatura y ahora desembarcará en la nueva secretaría creada por el nuevo mandatario, que promete también encargarse de un punto siempre polémico: la reducción de secretarías, subsecretarías y cargos políticos.
“La idea del gobernador es enviar proyectos ya elaborados y luego convocar a su discusión. El objetivo es lograr la mayor cantidad de consensos alrededor de debates que los entrerrianos nos debemos, que van desde la forma en la que votamos hasta la transparencia a la hora de ejercer cargos públicos. Esa fue la propuesta de campaña de Rogelio Frigerio y serpa su vocación cuando asuma el 10 de diciembre”, apuntó Maneiro en contacto con El Desatape.
Y agregó: “No hay nada 100% definido, pero sí hay una decisión de encarar reformas que consideramos son nodales, centrales, y que no han sido tratadas por ningún gobierno anterior.
El dirigente apuntó que no todo se centrará en lo estrictamente electoral, aunque sí tendrá un papel preponderante: “Queremos una discusión en el corto plazo, alejado de un futuro escenario electoral. Hay buenos ejemplos que podemos copiar en cuanto al sistema de votación, pero también en torno a los pisos de acceso a Generales, la integración de minorías, el rol de los partidos con menos estructura, la publicidad y el origen de los fondos de campaña”.
Maneiro dijo, además, que se promoverá una norma para que las declaraciones juradas de todos los funcionarios sean públicas y de acceso abierto a la ciudadanía.
También se promoverá la siempre polémica Ley de Ficha, que en su momento fuera empujada a nivel nacional por la coalición opositora: “Es una iniciativa de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Básicamente establece que si una persona tiene procesos en curso no puede presentarse para un cargo público u ostentarlo”.
Consultado sobre si la propuesta no avasalla derechos, primordialmente el de la presunción de inocencia, el futuro funcionario replicó: “Es una de las posiciones, así como existen otras. En principio no hay nada taxativamente establecido, con lo cual entendemos que lo mejor saldrá del debate y el consenso”.
El nuevo secretario de Asuntos Políticos también adelantó que se propondrán cambios a la Ley de Municipios y la Ley de Comunas. La primera, de hecho, estaba siendo ya analizada en su integridad por la Legislatura, mientras que la segunda es muy reciente y ha servido para que pequeñas localidades sean reconocidas con mejor estatus y reciban fondos acordes a la densidad poblacional que ostentan.
Para dar todos estos debates, Maneiro propone una convocatoria amplia, que va desde las entidades de la sociedad civil hasta los partidos políticos, pasando por las universidades, los colegios profesionales y, por supuesto, los legisladores.
Un punto no menor es que el gobierno entrante no tendrá mayoría legislativa, dado que si bien ostentará más diputados que la oposición -por cláusula de gobernabilidad establecida por Constitución- tiene minoría en el Senado: 9 a 8 a favor del peronismo.
“Nada de lo que vamos a proponer no fue oportunamente adelantado. Está en las premisas generales de Juntos por el Cambio a nivel nacional y ahora son parte del programa de gestión del gobernador electo”, finalizó el dirigente radical.
La reforma política, una deuda pendiente en Entre Ríos
La necesidad de avanzar en una reforma política, con eje especialmente en el sistema de votación vigente, es una iniciativa que trasciende la gestión del actual mandatario provincial y del que ocupará su cargo en menos de dos semanas.
Desde hace años se vienen presentando proyectos en ese sentido, algunos con especial énfasis en la forma en la que vamos los entrerrianos a las urnas, mientras que otros lo han hecho de una forma integral, poniendo en discusión el reparto de las bancas de la Legislatura, el modo en el que se financian los partidos políticos o la intención de avanzar en la paridad de género en las listas.
Algunos de los ítems mencionados han tenido eco, aunque de forma aislada. En 2020, Entre Ríos se convirtió en el primer distrito argentino en aprobar una Ley de Paridad Integral, que obliga a que las listas que compiten en las elecciones tengan 50% de varones y 50% de mujeres.
La norma, promovida por la Red para la Igualdad, con participación protagónica de la vicegobernadora Laura Stratta, significó un paso importante en la búsqueda de saldar un debate de larga data que ya se había convertido en una deuda política con un amplio sector que obligaba a ser escuchado de forma activa.
Más allá de la normativa en particular, sigue habiendo aspectos que no han sido abordados.
En sucesivas aperturas de año legislativo, el gobernador Gustavo Bordet ha insistido con la necesidad de debatir otros puntos, aunque la discusión ha naufragado una y otra vez.
De hecho, en 2018, de la mano de ministra de Gobierno, Rosario Romero, se confeccionó una reforma integral del sistema electoral provincial, que buscó reemplazar la actual normativa, conocida popularmente como Ley Castrillón.
Se trata de un articulado inicialmente elaborado por el exlegislador y posterior juez Emilio Castrillón, que ha sido emparchado en múltiples ocasiones.
Aquella iniciativa de hace casi seis años contemplaba cinco puntos centrales: la Boleta Única Papel; la paridad de género; la integración de minorías; un sistema de distribución por D’Hondt y una cláusula para que el gobernador de turno pudiera fijar fecha de elecciones por fuera del calendario nacional.
Además de la igualdad en las listas, consagrada en la ley de 2020, en lo único que se pudo avanzar es en la potestad para desdoblar comicios, que Bordet usó en 2019 pero que prefirió no utilizar en 2023.
De hecho, en aquel momento, el mandatario buscó consensos en diversos ámbitos, incluso en el Ministerio del Interior que ocupaba por aquellos años quien hoy se sentará en su sillón en pocos días.
“Es intención de nuestro gobierno que el sistema electoral que rija en Entre Ríos sea fruto del acuerdo político y del consenso entre los distintos bloques de la Legislatura”, dijo a la salida de aquel encuentro con Frigerio, donde fue a buscar una voz que empuje su proyecto en el bloque de Juntos por el Cambio.
Finalmente, la iniciativa nunca se aprobó más allá de los dos elementos aislados que tuvieron tratamiento en particular, especialmente por diferencias dentro del oficialismo.
Cabe destacar que el exgobernador Sergio Urribarri, que era entonces presidente de la Cámara de Diputados, se opuso y quebró virtualmente en dos al bloque justicialista.
Fuente: El Destape.
