Venta de terrenos en Puerto Yeruá: Larrocca cuestionó el fallo que lo condenó a 5 años

Algo más de cuatro horas duró la audiencia durante la cual la Cámara de Casación de Concordia escuchó los planteos de los abogados defensores, que pretenden derribar la sentencia condenatoria que pesa sobre Julio César Larrocca, presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, y otros imputados. Se trata de la causa por la venta irregular de terrenos en Puerto Yeruá. En el tramo final, el fiscal José Arias repasó los principales fundamentos de la condena de primera instancia y solicitó que sea ratificada, tras responder uno por uno los planteos defensivos.

Cabe recordar que, en el año 2018, el tribunal de juicio integrado por Ivés Bastián, Carolina López Bernis y Silvina Gallo, en fallo unánime, condenó a Larrocca a 5 años de prisión efectiva, y con penas de menor alcance a su hijo, Marcelo Alcides Larrocca Ruíz, a Fabián Rubén Terenzano, José Luis Irribarren, Romina Filsinger y Leonardo Galarza. En aquel debate oral y público, no participaron dos imputados, que habían optado meses antes por reconocer su culpabilidad firmando un juicio abreviado: el exintendente Fabián Cevey y la exsecretaria municipal María Griselda Brasesco.

Ante las tres juezas que conforman la Sala Penal para resolver esta apelación, Evangelina Bruzzo, Marcela Davite y Marcela Badano, Julio César Larrocca fue el primero en hacer uso de la palabra. “Me he designado defensor de mí mismo”, dijo en el arranque de su exposición. Enseguida cuestionó la sentencia de primera instancia al considerar que no tuvo en cuenta el derecho administrativo, especialmente el municipal.

Larrocca insistió con argumentos que ya fueran utilizados en la etapa del debate oral y público. Aseguró que toda la operación de venta de los terrenos se apoyó en ordenanzas aprobadas por unanimidad por el concejo deliberante de Puerto Yeruá. Precisó que el precio del metro cuadrado era de 6 pesos en 2007 y saltó a 50 en 2012, porque medió la construcción del acceso asfaltado a la localidad, lo que elevó el valor de las propiedades.

El titular de la Liga Concordiense de Fútbol también reiteró que él no fue funcionario de la municipalidad, que apenas si cobraba una locación por asesoramiento, que iba sólo dos veces por semana, que no tenía despacho, y que no había obstáculo alguno, ni legal ni ético, para que su hijo adquiriera uno de los terrenos municipales en venta. “Compra y pagar, nunca sustraer”, reiteró en dos ocasiones, negando haber incurrido en peculado.

En un golpe de efecto, se lo escuchó decir: “Alguien puede suponer que si estoy cometiendo un delito voy a exponer a mi propio hijo”. También alzó la voz para expresar: “Creo en el derecho, en la justicia, en la honestidad, en los valores. Después de releer la sentencia, creo que se pretendió demonizar al suscripto con falsedades. Casación tiene la oportunidad de hacer justicia”, concluyó.

Enseguida habló su abogado defensor, el Doctor Jorge Romero. Argumentó que la acción penal, según él, está prescripta, aunque no se explayó sobre las razones de tal afirmación. También dijo que no está acreditado el peculado. Argumentó que hubo un trato desigual de parte del tribunal de juicio, porque absolvió a dos de los imputados, Sanpellegrini y Guevara, siendo que -según dio a entender- no habría diferencias sustanciales con sus defendidos. “Reclamo igualdad procesal”, enfatizó.

Por último, de manera subsidiaria, ante la posibilidad de que Casación confirme la condena, pidió que sea reconsiderada la pena de 5 años para Julio Larrocca, a la que calificó como desproporcionada, máxime teniendo en cuenta que sobre el intendente Cevey recayó -tras firmar el abreviado- tres años de condicional.

Buktenica, el IAPV, y un llamado de atención del tribunal

A su turno, expuso el Doctor Juan José Buktenica, en representación de otros dos condenados en primera instancia: Fabián Terenzano y José Luis Irribarren. El letrado calificó como arbitraria la sentencia del tribunal de juicio, dijo que fueron forzadas las pruebas y consideró ridículo que a sus defendidos se los condenara porque fueron padrinos en la fe de los hijos del intendente Fabián Cevey. Más adelante, el Fiscal Arias se encargaría de responder puntualmente a este planteo de Buktenica.

En otro pasaje de la exposición, el letrado procuró dinamitar las tasaciones exhibidas en el juicio, y que sirvieron de base para determinar que el precio fijado para los terrenos fue “vil”.

Apeló a la ley de la oferta y la demanda como clave para fijar los precios. Dijo que años atrás nadie quería terrenos de Puerto Yeruá, “ni regalados”, pero que eso cambió tras las obras en el acceso y el desarrollo de la localidad.

Llamó la atención que Buktenica no solo invocara la inocencia de sus defendidos, sino que también elogiara en varios pasajes a Larrocca. Por caso, en un momento dado se lo escuchó destacar como un gran gesto que un joven profesional como es el hijo de Larrocca haya querido adquirir un terreno en Puerto Yeruá.

En otro pasaje, intentó justificar los bajos precios de venta en que la municipalidad no tenía aún las escrituras y que sólo vendió la cesión de derechos. Y no encontró mejor manera de desarrollar esta idea que cuestionando al IAPV. Fue cuando dijo que muchos que tienen viviendas del IAPV terminan vendiéndolas por menos que el valor de una moto por culpa del organismo que no hace las escrituras. Fue al llegar a ese punto en que la presidenta del tribunal de Casación le llamó la atención, porque se estaba yendo de tema.

Bacigaluppe y las “pelotas divididas”

El último defensor que hizo uso de la palabra fue el doctor Enrique Oscar Bacigaluppe, en representación de Romina Filsinger y Leonardo Galarza, hija y yerno de la exsecretaria municipal Brasesco.

Bacigaluppe consideró que la mayoría de las pruebas que dieron paso a la sentencia son dudosas y manifestó su asombro porque el tribunal de primera instancia no aplicó el principio “indubio pro reo”; es decir, que la existencia de dudas juega en beneficio del acusado y no en su perjuicio. Para explicarlo en otros términos, recurrió al fútbol: “Ninguna pelota dividida fue para mis defendidos. Todas para la acusación”.

Por último, jugó fuerte al asegurar que el tribunal de juicio aplicó la teoría de Lombroso condenando a Filsinger y Galarza por “portación de apellido”, por la relación directa con la secretaria Brasesco, aunque, dijo Bacigaluppe, la exfuncionaria no tenía poder alguno para disponer de los bienes municipales. Aludió así el criminólogo italiano Cesare Lombroso, que ligaba la criminalidad a causas físicas y biológicas.

Arias y la “connivencia” de tres para repartirse los terrenos

Después de un cuarto intermedio, cuando ya el reloj marcaba pasada las 12 y 30, habló el Fiscal de la causa, el Doctor José Arias. Lo primero que hizo fue cumplir con la formalidad de solicitar la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Arias contó al tribunal de qué se trata, según su percepción, el hecho investigado. A modo de síntesis, explicó que hubo connivencia entre los tres responsables de la Municipalidad, el intendente, la secretaria y el asesor letrado, este último con deberes específicos en el control de la legalidad de los actos, que posibilitó la sustracción de inmuebles para favorecer a la suegra del presidente municipal Cevey y a dos prestanombres suyos; a una hija y un yerno de la secretaria Brasesco y al hijo del asesor Larrocca. “Son tres funcionarios que quebrantaron deberes para beneficiarse”, enfatizó.

Entre las irregularidades de la operación, recordó que se impidió el control, no hubo transparencia, el contador no registró ni el ingreso de los lotes al patrimonio municipal ni tampoco su venta, y no se dio a publicidad la recepción de ofertas como hubiera correspondido de haberse apelado a la vía legal prevista, es decir, el concurso público.

Arias se mostró especialmente incisivo cuando resaltó que no solo los precios de los terrenos fueron “viles” sino que, además, no hay constancia contable alguna de que esos montos “irrisorios” hayan sido abonados.

El fiscal aclaró que las condenas a Terenzano e Irribarren no tuvieron como único fundamento que fueran padrinos de los hijos de Cevey. “Fueron prestanombres del intendente”, definió Arias, al recordar que en el allanamiento a la casa del exintendente se había encontrado toda la documentación de los terrenos entregados a ambos, e incluso saltó a la vista que los impuestos de las propiedades habían sido pagados por Cevey.

También fiscalía precisó que, según la prueba obrante en la causa, el documento con la cesión de derechos a nombre de Galarza y Filsinger no coincide con el lote escriturado ni tampoco con el precio supuestamente pagado. Insistió además en que ambos compraron invocando el desarrollo turístico para luego terminar construyendo su propia vivienda.

Cuando la presidenta del tribunal de casación, la doctora Evangelina Bruzzo, se disponía a cerrar la audiencia, Jorge Romero pidió “derecho de réplica” ante expresiones de Arias. Con amabilidad, Bruzzo le aclaró al letrado que tal cosa no era parte del procedimiento. Aún así, le otorgó la posibilidad de dirigir un mensaje final. Visiblemente nervioso, Romero intentó volver sobre asuntos que ya se habían abordado, como el precio de los terrenos y la presunta cesión de derechos.

Por último, Bruzzo anunció que el tribunal se expedirá el próximo 31 de Agosto a partir de las 12. Ese día y a esa hora se sabrá si la sentencia de primera instancia será ratificada.

Con independencia de esta causa donde ya tiene una condena de primera instancia en su contra, el doctor Julio Larrocca atraviesa por estos días el debate oral y público correspondiente a otra causa, donde está imputado por presunto peculado en obras públicas en la localidad de Los Charrúas.

Fuente: Análisis y El Entrerios.