Entre Ríos avanza en la reforma previsional: nueve puntos clave y un debate que recién comienza
El gobierno de Rogelio Frigerio presentó este viernes a legisladores provinciales y representantes gremiales los lineamientos del anteproyecto de reforma previsional de Entre Ríos, una iniciativa que, asegura, busca garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones ante un déficit estructural que ronda los 30.000 millones de pesos mensuales. La propuesta mantiene el 82% móvil sobre el haber bruto, pero introduce cambios graduales en la edad jubilatoria y los años de aportes que, previamente, habían generado el rechazo de los principales gremios de la provincia.
La reforma previsional de Entre Ríos tomó forma concreta este viernes cuando el Poder Ejecutivo provincial presentó ante legisladores y gremios el borrador del proyecto que modificará la Ley 8.732, el régimen de jubilaciones y pensiones vigente.
El documento presentado establece expresamente, como punto de partida, que ninguna de sus disposiciones afectará a quienes ya se encuentren jubilados o pensionados al momento de la sanción de la ley, garantizando la seguridad jurídica y el respeto de los beneficios ya otorgados. A partir de allí, el anteproyecto desarrolla nueve vectores centrales.
1. Haber inicial: se sostiene el 82% móvil sobre el salario bruto
Uno de los ejes más sensibles del debate queda intacto en la propuesta oficial: el haber inicial se calculará sobre el 82% del salario bruto. Sin embargo, se introduce un cambio metodológico: la base de cálculo será la historia laboral real del trabajador, tomando el promedio de los 30 años de aportes a valores actuales, mediante la metodología de cargo por antigüedad.
2. Regímenes especiales: continúa la Ley 8.732
El anteproyecto mantiene los regímenes especiales vigentes para colectivos con condiciones laborales particulares. Tendrán derecho a jubilación ordinaria especial los trabajadores de salud en contacto directo con pacientes de enfermedades mentales o infecto-contagiosas, y quienes realicen tareas de radiología o estén expuestos a sustancias radioactivas —con 57 años los varones y 53 las mujeres, con 25 años de servicios—. Los docentes al frente de alumnos podrán jubilarse con 54 años (varones) o 52 (mujeres), también con 25 años de servicios. Para personas con discapacidad mayor al 33%, el umbral se fija en 45 años de edad y 20 de servicios, al igual que para afiliados comprendidos en la Ley 8.281 y docentes de Enseñanza Diferencial. Quienes accedan al beneficio especial deberán continuar realizando aportes personales hasta cumplir la edad de la jubilación ordinaria común, con carácter solidario y destinados al financiamiento del sistema.
3. Movilidad: índices sectoriales alineados con la fórmula nacional
El borrador propone una movilidad previsional basada en índices que agrupen a la totalidad de los escalafones y reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad. La metodología propuesta retoma, con parámetros provinciales, la fórmula establecida por la Ley nacional 27.609 de Movilidad Jubilatoria, vigente desde 2021. La movilidad se aplicaría a partir del mes siguiente al ingreso de los aportes derivados de la variación salarial que la motivó.
4. Totalidad de los beneficios del sistema
Una vez otorgado el derecho jubilatorio por régimen especial, los beneficiarios deberán completar los años de aportes exigidos para la jubilación ordinaria común —30 años hasta que entre en vigencia el esquema progresivo— mediante contribuciones solidarias al sistema.
5. Financiamiento: aportes solidarios de carácter excepcional
El artículo 12 del borrador prevé que el Poder Ejecutivo podrá establecer, con carácter excepcional y por tiempo determinado, aportes solidarios previsionales con topes máximos a cargo de quienes perciban beneficios del régimen provincial, cuando se acrediten desequilibrios financieros o actuariales que comprometan la sustentabilidad del sistema. Estos aportes deberán aplicarse con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad, fundarse en informes técnicos y prever mecanismos de revisión periódica.
6. Pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada: armonización nacional
Se propone igualar las tasas de transferencia y las edades de las pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con los parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes, en un proceso de armonización que busca mayor coherencia entre regímenes.
7. Juntas médicas externas
El proyecto incorpora la implementación de un sistema de Junta Médica Externa para la evaluación de los casos que lo requieran, buscando mayor transparencia y rigor técnico en las certificaciones que habilitan determinados beneficios.
8. Municipios: sin cambios en los aportes personales
Respecto de los municipios, el borrador establece que continuará aplicándose la normativa vigente y que la parte patronal deberá afrontar los desequilibrios generados por las altas y el déficit, sin modificar la alícuota de aportes personales de los trabajadores.
9. Edades jubilatorias: gradualismo con cinco años de gracia
El punto más debatido de la propuesta es la actualización de las edades de retiro y los años de aportes requeridos. El nuevo esquema establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los varones que hayan cumplido 65 años y las mujeres a los 60, debiendo acreditar 35 años de servicios computables. Sin embargo, esta modificación contempla una implementación gradual: las nuevas edades comenzarán a regir recién una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigencia de la ley.
Durante ese período de transición continuarán aplicándose las edades vigentes (62 años para varones y 57 para mujeres) y los 30 años de aportes. Luego, la suba será escalonada: a razón de seis meses por año calendario para la edad, y de un año de aportes por cada dos años calendario, hasta alcanzar los valores finales. El borrador también menciona la posibilidad de debatir la paridad de género en la edad jubilatoria, aunque sin definición por el momento.
El contexto del déficit y las tensiones políticas
El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, describió la situación como crítica: la relación entre aportantes activos y pasivos se ubica en 1,8 activos por cada jubilado, muy por debajo de la relación óptima de 3,5. Bajo la fórmula actual, por cada 100 pesos que ingresan al sistema, 20 se destinan a cubrir el déficit.
Si bien el gobernador cuenta con los votos en la Legislatura para aprobar la reforma, apunta a preservar una base de consenso que evite una escalada hacia una crisis política. Ahora, tras recibir el borrador, legisladores y gremios podrán analizar el articulado y formular devoluciones, sugerencias o medidas alternativas.
La reacción gremial: rechazo generalizado
Antes de la presentación del anteproyecto, la propuesta de reforma previsional había encontrado una respuesta adversa en el arco sindical. El titular de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, manifestó que el ajuste no debe pasar por los trabajadores. Desde Agmer, en tanto, expresaron que no serán cómplices ni permitirán ninguna reforma que signifique pérdida de derechos para activos y jubilados.
La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional de Entre Ríos rechazó cualquier modificación que afecte el 82% móvil o la edad jubilatoria. Según los sindicatos, el déficit previsional es consecuencia de las propias políticas oficiales, señalando particularmente la persistencia de montos no remunerativos.
Desde Agmer advirtieron que se intenta responsabilizar a los trabajadores por el déficit de la Caja y reclamaron a diputados y senadores que se opongan a cualquier iniciativa que implique recortar derechos previsionales ya adquiridos.
No obstante, hubo matices. El secretario general de UPCN, José Allende, adoptó una postura más orientada al debate: “Coincidimos en el objetivo de que la Caja sea viable por mucho más tiempo. Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos.”
Desde el Poder Ejecutivo, Frigerio subrayó que el propósito del proceso es fortalecer la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial: “Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen.”
El borrador continuará siendo analizado en las próximas semanas antes de su envío formal a la Legislatura. El senador justicialista Víctor Sanzberro reconoció que algo hay que hacer con el déficit previsional, aunque advirtió que el costo del ajuste no puede recaer principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos. Su par radical, Rafael Cavagna, valoró la decisión de encarar esta discusión: “Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo”.
