AGMER declara paro docente en Entre Ríos por el salario y contra la reforma previsional
La docencia entrerriana para este jueves 21 de mayo. El paro docente en Entre Ríos por salario y contra la reforma previsional se concreta en un momento de tensión creciente: el gobierno de Rogelio Frigerio decretó unilateralmente un aumento del 3,5 % que los gremios rechazaron, se negó a convocar una audiencia de conciliación, y avanza con una reforma al sistema jubilatorio que los trabajadores de la educación —y un amplio arco sindical— consideran un ajuste encubierto. Mientras tanto, la Cámara de Diputados sesionó con carteles de rechazo desplegados desde la galería.
El paro docente en Entre Ríos por el salario y contra la reforma previsional que convocó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) para el jueves 21 de mayo se produce en un clima de conflicto que se viene escalando desde principios de mes: el gobierno provincial impuso por decreto un aumento del 3,5 % que los sindicatos rechazaron, descartó la instancia de conciliación que los gremios habían solicitado formalmente, y mantiene en curso un proyecto de reforma al sistema jubilatorio al que los trabajadores oponen resistencia creciente.
La medida de fuerza
La Comisión Directiva Central de AGMER anunció el paro de 24 horas argumentando una doble motivación: el reclamo por un salario digno que supere la línea de pobreza y la defensa de la Ley 8732, que regula el régimen general de jubilaciones y pensiones de la provincia desde 1993. “El Gobierno de Rogelio Frigerio y sus funcionarios no entienden la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando”, sostuvo el gremio en el comunicado que difundió el 20 de mayo. El gobierno, por su parte, confirmó que descontará los haberes correspondientes al día no trabajado, en línea con la política sostenida en anteriores conflictos, según informó el medio Ahora El Día.
Sin conciliación: la decisión de la Secretaría de Trabajo
El 19 de mayo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social emitió la Disposición N° 0012 STySS, rechazando el pedido de AGMER y AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) de fijar una audiencia de conciliación prevista en el artículo 16° de la Ley N° 9624. El organismo argumentó que el Consejo General de Educación (CGE) ya había expresado que las condiciones financieras y presupuestarias de la provincia no permiten formular una propuesta salarial superadora. En ese marco, convenir una instancia de conciliación —señaló la resolución— no reuniría las condiciones mínimas para producir un acuerdo concreto.
El Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, firmó la disposición subrayando que el ámbito paritario docente no queda clausurado y que ambas partes habían manifestado voluntad de continuar el diálogo institucional. No obstante, los sindicatos interpretaron la decisión como un cierre de facto de la negociación.
La propuesta salarial del gobierno y el rechazo gremial
El conflicto tiene su origen inmediato en la reunión paritaria del 7 de mayo, cuando el gobierno ofreció un aumento del 3,5 % de carácter remunerativo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, defendió la oferta señalando que supera el último índice oficial de inflación y que responde a las posibilidades reales de las cuentas provinciales. Los gremios rechazaron la propuesta en esa misma instancia y solicitaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 12 de mayo.
Ese día, sin nueva negociación, el Ejecutivo provincial liquidó el incremento mediante acto administrativo (Expte. N° 3368991, según informó en su cuenta de Facebook el Sindicato Argentino de Docentes Privados -SADOP-, seccional Entre Ríos), es decir, por decreto unilateral. AGMER denunció la práctica como “desleal” respecto de los principios que rigen la negociación colectiva, establecidos en la Ley 9624. SADOP Entre Ríos también rechazó la medida, señalando que el porcentaje no compensa el deterioro del poder adquisitivo y que la vía del decreto elude el consenso que exige una paritaria genuina. AMET, por su parte, se declaró en estado de alerta y presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Trabajo.
El gobierno, a su vez, había cerrado el 12 de mayo un acuerdo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para el sector estatal —con el mismo porcentaje del 3,5 %— aunque la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó esa propuesta.
AGMER en la Cámara de Diputados
En paralelo al conflicto salarial, este miércoles 20 de mayo docentes nucleados en AGMER llevaron su protesta al interior de la Cámara de Diputados de la provincia, que se encontraba sesionando. Carteles con la leyenda “No a la Reforma Previsional — Entrerrianos somos todos” fueron desplegados desde las galerías del recinto mientras los legisladores deliberaban. La acción fue parte de una jornada de lucha más amplia, que también incluyó una sentada frente a la Casa de Gobierno.
El secretario general de AGMER, Abel Antivero, advirtió en la asamblea de la Multisectorial frente a la Caja de Jubilaciones —realizada el 19 de mayo— que los legisladores que acompañen la reforma cargarán con una “condena social”. “Será un trabajo de memoria efectiva marcar a los representantes que atentaron contra los laburantes”, señaló.
La reforma previsional: qué se pretende cambiar
El proyecto de reforma impulsado por el gobierno de Frigerio apunta a modificar aspectos sustanciales de la Ley 8732, sancionada en 1993, que establece el régimen general de jubilaciones y pensiones de la provincia. Según la información disponible en Libre Entre Ríos, los cambios proyectados incluirían la eliminación del mecanismo del “3×1” —que permite computar tres años de servicios en exceso para compensar un año de edad faltante— y la incorporación de un sistema de homologación de aumentos jubilatorios que limitaría la actualización automática de los haberes.
Los gremios sostienen que estos cambios deteriorarían las jubilaciones de los trabajadores activos en su futuro retiro, además de impactar en los actuales beneficiarios. El gobierno argumenta que la reforma apunta a la sustentabilidad financiera del sistema previsional provincial.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos es una entidad autárquica que administra los fondos del régimen con aportes del 16 % tanto de los afiliados activos como del Estado provincial en carácter de empleador. La Ley 8732 establece que, en caso de déficit, el Estado provincial y los municipios deben solventarlo proporcionalmente.
La Multisectorial y el contexto más amplio
El 19 de mayo, la Multisectorial en Defensa de la Caja concentró frente al edificio de la Caja de Jubilaciones en Paraná, en la esquina de Corrientes y Andrés Pazos. Allí confluyeron trabajadores de distintos sindicatos —entre ellos ATE, CTA, AGMER y otros— en una asamblea que rechazó uno por uno los argumentos del Ejecutivo a favor de la reforma. La convocatoria también incluyó pintadas callejeras y una recolección de firmas de un petitorio dirigido a la Legislatura.
El conflicto por la reforma previsional antecede al actual capítulo salarial. Desde al menos mediados de 2024, cuando Frigerio presentó un proyecto ante la Legislatura, distintos gremios y organizaciones sociales vienen expresando oposición. La CTA, ATE y AGMER han protagonizado marchas, vigilias y movilizaciones en sucesivas jornadas de lucha.
