Desmentida al presidente de Uruguay: denuncia contra HIF Global en Paysandú sigue vigente en Entre Ríos
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció que Argentina había retirado la denuncia penal contra la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú, pero la fiscal federal de Concepción del Uruguay, la Municipalidad de Colón y legisladores entrerrianos desmintieron al mandatario: las causas judiciales siguen vigentes y el municipio entrerriano jamás presentó la denuncia a la que se refirió el gobierno uruguayo.
La denuncia contra HIF Global en Paysandú (Uruguay) no fue retirada, pese a lo anunciado por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien el viernes 28 de agosto aseguró desde Guichón que Argentina había levantado la acción penal contra el proyecto de la planta de e-combustibles. Horas después, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y legisladores entrerrianos desmintieron de manera contundente al mandatario, mientras la Municipalidad de Colón negó haber presentado jamás la denuncia a la que el gobierno uruguayo intentó atribuir el supuesto retiro.
Orsi participó el viernes de la inauguración de una rehabilitación en la Ruta 4, a la altura de Guichón, en el departamento de Paysandú. Allí, en rueda de prensa, calificó el presunto retiro de la denuncia como “una buena noticia a nivel diplomático” y sostuvo que “tiene que ver con que vamos ganando en confianza”. Sin embargo, sus declaraciones generaron un cimbronazo en ambos lados del río Uruguay.
La desmentida de la fiscal federal
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, fue la primera en desmentir al presidente uruguayo. En declaraciones al medio entrerriano Análisis, la magistrada fue categórica: “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”.
Minatta explicó que la denuncia penal, presentada en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, permanece abierta y continuará en trámite mientras no existan certezas sobre el futuro emplazamiento de la planta. Advirtió además que, si el nuevo proyecto se mantiene sobre la costa del río Uruguay, “el riesgo de contaminación persiste”, por lo que la causa no se archivaría.
La investigación penal cuestiona el posible incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y el eventual daño ambiental transfronterizo que generaría la planta de combustibles sintéticos proyectada originalmente a unos tres kilómetros de Colón, frente a la toma de agua de la localidad entrerriana.
La demanda civil también sigue su curso
En paralelo a la causa penal, los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, todos del Partido Justicialista, confirmaron que la demanda civil preventiva de daño ambiental iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA también continúa vigente.
A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la Justicia Federal ya ordenó producir las medidas de prueba solicitadas en el expediente. “No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir las medidas que solicitamos”, expresó Michel, diputado nacional por la Unión por la Patria.
El juez federal Hernán Viri encabezó el pasado 21 de agosto un reconocimiento judicial en la costanera de Colón, en el marco de esa demanda civil. Durante la recorrida, el magistrado, la perito bióloga Viviana Cousté y los legisladores pudieron observar desde la costa de Colón el sector donde se proyecta la planta, a poco más de tres kilómetros en línea recta y prácticamente frente a la toma de agua de la localidad.
La Municipalidad de Colón desmintió a Orsi
Ante el desmentido de la fiscal y de los legisladores, el gobierno uruguayo intentó salvar la palabra presidencial explicando que Orsi se refería a una supuesta demanda interpuesta por la viceintendenta de Colón, María Dalleves. Sin embargo, la solución fue peor que el problema: la Municipalidad de Colón emitió un comunicado en el que expresó que esa denuncia “jamás existió”.
“El Municipio de Colón desconoce a qué denuncia se refiere el Presidente de Uruguay”, afirmó el documento enviado a Infobae. “En ningún momento el Municipio local efectuó una denuncia penal, ni de otro tipo. De hecho, formalmente nadie presentó una demanda”, agregó.
Lo que sí realizó el municipio, según aclaró el comunicado, fue una solicitud de acceso al expediente que se abrió en Uruguay sobre la planta, para lo cual se hicieron “varios tipos de presentaciones”. Una de ellas fue una solicitud de comunicación al Comité de Escazú —primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe— para que pidiera a Uruguay que diera intervención al municipio entrerriano. Tras lograr esa intervención, la instancia del Comité dejó de ser necesaria.
“Nuestra posición y comportamiento ha sido siempre el mismo desde el primer momento: respetar los canales diplomáticos para la resolución de este conflicto. De hecho, es lo que hasta ahora nos ha dado resultado”, concluyó el comunicado oficial.
Sánchez admitió que “hubo una confusión”
El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, reconoció este lunes que “hubo una confusión en las declaraciones del presidente”. En una entrevista con el programa Informativo Sarandí, Sánchez explicó que la confusión se produjo porque existían dos asuntos diferentes: la denuncia judicial y los reclamos formales de Argentina por la ubicación original del proyecto.
“Seguramente la confusión del presidente de la República es que una serie de demandas del gobierno de Argentina fueron levantadas en la medida que el problema de la contaminación visual ha sido descartado”, afirmó Sánchez, en referencia a que Uruguay acordó con HIF Global relocalizar la planta en un predio de ANCAP en Nuevo Paysandú, más alejado de la costa, tras los cuestionamientos de la provincia de Entre Ríos.
El funcionario aclaró que la denuncia judicial impulsada por la fiscal Minatta sigue en pie y la diferenció de las objeciones por la ubicación. “Esta es una persona que hace una denuncia porque está en contra del hidrógeno verde y los efectos contaminantes, que es un tema distinto, que se sustanciará en la Justicia argentina”, sostuvo Sánchez, quien remarcó: “Lo que hacemos en territorio nacional es soberano”.
Cuestionamiento a la imagen institucional de Uruguay
Las declaraciones erróneas de Orsi y su posterior desmentida no pasaron inadvertidas en la escena política uruguaya. El senador del Partido Nacional y exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, consideró que los “errores” del presidente afectan “al prestigio internacional del presidente uruguayo” y a “la imagen institucional del país”.
“No nos hace bien. Creo que no hay un buen asesoramiento, le está faltando un poco más de intercambio permanente con la realidad de lo que está pasando para evitar cometer estos errores por desconocimiento. No creo que sea mala voluntad”, consideró Falero en una entrevista con el streaming de El Observador.
El senador y exintendente de San José resaltó que Orsi “muchas veces no se interioriza como debiera previo a hacer un comentario de cualquier tipo” y recomendó: “Yo prefiero decir: ‘No lo sé’ o ‘no estoy en conocimiento’ o ‘no estoy en condiciones de dar una respuesta’ a dar una respuesta errónea”.
Falero vinculó además esta situación con episodios anteriores, como la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, que a su juicio marcó un punto de inflexión en términos de “desconfianza, molestia e incertidumbre”. “Nadie puede dudar de la imagen internacional que tenía Mujica, Vázquez o Lacalle Pou. Había un respeto y se los escuchaba en los organismos internacionales. Yo no veo esa firmeza, sinceramente”, dijo el legislador, y agregó que ese prestigio “se puede perder”.
El proyecto y su contexto
HIF Global, empresa de origen chileno-estadounidense, proyecta instalar en Paysandú lo que sería la planta de e-combustibles más grande de América del Sur y la primera de escala comercial del mundo. La inversión prevista supera los US$5.300 millones —cercana a los US$6.000 millones según algunas fuentes oficiales—, lo que la convierte en la mayor inversión privada proyectada en la historia de Uruguay.
El emprendimiento produciría hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol y 313.390 toneladas de e-gasolina a partir de hidrógeno verde y CO₂ capturado, generando unos 3.000 empleos durante la construcción y aproximadamente 300 puestos permanentes en la operación.
El emplazamiento original estaba a unos cinco kilómetros al norte de Paysandú, frente al principal balneario de Colón. Ante las alarmas que sonaron en Entre Ríos —para evitar repetir la experiencia traumática de la pastera Botnia, hoy UPM— se activaron los canales diplomáticos formales e informales, lo que derivó en un acuerdo para relocalizar la planta en un predio industrial de ANCAP en Nuevo Paysandú, más alejado de la costa del río Uruguay.
El precio de la energía, principal obstáculo
Pese a los avances en la relocalización, persiste un cuello de botella determinante: el precio de la electricidad. HIF Global negocia con la estatal UTE una tarifa cercana a los US$40 por megavatio hora, ya que la energía representa alrededor del 70% de sus costos operativos. Informaciones de julio señalaban un valor negociado de unos US$45/MWh, frente a tarifas de entre US$60 y US$80/MWh que pagan otros grandes consumidores industriales uruguayos.
El secretario de Presidencia defendió la postura del gobierno: “Ha habido un ataque infundado a la ministra de Industria. La actitud del presidente del Directorio del Partido Nacional es bastante triste porque este es un proyecto de inversión que lo anunció en su gobierno en 2022. ¿Por qué Álvaro Delgado no firmó un contrato de inversión con HIF? Lo único que hizo el gobierno de Delgado fue anunciar, pero Uruguay no vive de anuncios, vive de inversiones”, afirmó Sánchez.
El proyecto aún no tiene firmado su contrato de inversión. Orsi reconoció que se está trabajando con UTE en un “marco estable” para fijar precios, y que “eso es difícil pero tenemos un desafío gigante”. El mandatario vinculó además una eventual demora con la evolución del mercado del hidrógeno: “Se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca”.
El reclamo ambiental de Argentina
Desde que se conoció el proyecto, hubo preocupación en las ciudades argentinas ribereñas al río Uruguay por el impacto que tendría la planta. Se temía que la contaminación visual afectara al turismo —principal fuente de ingresos de Colón— y que aumentara la polución sobre el curso de agua compartido.
La Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) reclamó al gobierno de Entre Ríos que refuerce los controles y brinde información detallada sobre el proyecto. La organización cuestionó que la provincia no haya conformado un equipo interdisciplinario específico para analizar los posibles impactos transfronterizos del emprendimiento.
En el plano bilateral, Argentina reclamó a Uruguay cumplir el mecanismo de consulta previa por la planta de HIF Global ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), cuyas actas todavía no son públicas. La Cancillería argentina confirmó que el país mantiene una deuda de casi US$5,7 millones con la CARU, organismo clave para evaluar el impacto ambiental del proyecto.
Un conflicto que no se cierra
Mientras el gobierno uruguayo busca destrabar las negociaciones con HIF Global y avanzar en la relocalización, la realidad judicial del lado argentino marca un escenario distinto. La denuncia penal de la fiscal Minatta sigue activa, la demanda civil de los legisladores entrerrianos avanza con medidas de prueba ordenadas por la Justicia Federal, y el Municipio de Colón mantuvo su reclamo por la relocalización total de la planta.
Desde la costa entrerriana, la mirada sigue fija en el río Uruguay y en cada paso del expediente. Como reconoció la fiscal Minatta, mientras no existan certezas sobre el nuevo emplazamiento y su impacto ambiental, la causa continuará abierta. Y como remató el Municipio de Colón, la estrategia seguirá siendo la misma: “respetar los canales diplomáticos para la resolución de este conflicto”, aunque la denuncia que Orsi dio por cerrada siga vigente.
