Causa por estafa: declaran Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere

Después de la declaración indagatoria, el martes, de Luis Miguel Etchevehere, el exministro de Agroindustria de la Nación en la presidencia de Mauricio Macri, este jueves será el turno de sus dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, todos denunciados por su hermana Dolores por estafa en una investigación judicial que se ramificó e ingresó en la trama de negocios de las empresas familiares con sospechas de fraude y vaciamiento en la firma editora de El Diario, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER).

La cita es este jueves, a las 13, en los Tribunales de Paraná. Los hermanos menores del exministro macrista fueron citados a indagatoria por el juez de Transición Carlos Hugo Ríos, que tramita la denuncia por estafa que presentó Dolores Etchevehere en 2011.

La primera petición para que sean indagados los Etchevehere fue presentada por el Ministerio Público Fiscal en diciembre de 2016; la última, el 9 de marzo pasado. Nunca se había dado curso al pedido, hasta ahora.

El 30 de octubre último el juez Ríos firmó las citaciones. Lo hizo un días después de que la jueza de juicio María Carolina Castagno ordenara el desalojo del campo Casa Nueva, en litigio familiar, hecho que generó un escándalo de alcance nacional.

Los dos hermanos ya tienen experiencia en trámites judiciales. Sebastián Arturo fue denunciado en abril de 2019 por el abogado Andrés Arias, miembro del directorio de El Diario, por el retiro de maquinaria de la planta impresora, sin autorización.

En tanto, Juan Diego fue condenado a pagar una indemnización de más de $300 mil a un arrendatario de los campos de la Escuela El Quebracho, sacado a tiros por la familia, según informó Entre Ríos Ahora.

La decisión está contenida en un fallo del 27 de abril de 2020 dictado por la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná.

Originalmente, Sebastián Etchevehere fue citado para este jueves 19, pero después hubo una reprogramación y se lo reubicó en la agenda para el 24 de este mes.

En cambio, su hermano Juan Diego Etchevehere había sido citado para el 24 y esa fecha no había tenido variantes.

Para este jueves se esperaba la declaración de Viviana Grenón, hermana del empresario santafesino Walter Grenón, que en 2010 compró la mayoría accionaria de El Diario, tras la venta decidida por los hermanos Arturo Roosvelt e Ivar Etchevehere, hermanos de Luis Félix Etchevehere, fallecido en 2009.

De ese modo, la familia se desprendió del 60% de las acciones y se quedó con poco más del 30%. La mayoría pasó a manos de Grenón, que ingresó a través de Nea Capital Creativo.

Grenón se quedó en El Diario hasta 2012 y en ese período se gestó una maniobra que en Tribunales se rotuló como de «vaciamiento».

El ingreso de Grenón a SAER abrió las puertas de aquel vaciamiento, según la hipótesis que planteó la Fiscalía: se transfirieron 15 inmuebles por valor de $14 millones hacia empresas de los mismos accionistas en juego, Grenón y Etchevehere.

Es decir, ocurrió una autocompra de inmuebles.

De esta manera, lograron quitar bienes de una sucesión.

En medio, apareció otra firma, Construcciones del Paraná que, sin capital ni movimiento alguno, logró registrar inmuebles por $4,5 millones de pesos.

La historia incluye a otra firma, la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) que le entregó ocho mutuos a Construcciones del Paraná, entre septiembre y octubre de 2012, cuando las actas de transferencia de esos inmuebles fueron firmadas en marzo de aquel año.

Por esta mutual pasó Viviana Grenón y la secretaria se llamaba María Alicia Salva. Esta última también figura como empleada de Nexfin SA, otra de las compañías financieras de Walter Grenón.

Entre esta financiera y Arroyo Ubajay, Grenón se autocompró siete inmuebles de SAER por $10,8 millones, según publicó el diario Página 12 en 2014.

En los mutuos entregados a la Justicia figuran como presidente de AMUS Miguel Angel Casim y como tesorera, Marcela Fabiana Walpen. Esto es lo que apareció en los papeles.

Pero quien ofició de negociadora entre los Etchevehere y Grenón para la confección de los mutuos fue Sandra Renón, directora de la empresa Nexfin.

Y del lado de Las Margaritas SA, el negociador fue Guillermo Budassoff, contador de los imputados, y Esteban Vitor, síndico de la empresa, apoderado de Luis Miguel Etchevehere y vicepresidente del PRO en la provincia de Entre Ríos.

El total de dinero solicitado y entregado a Construcciones del Paraná, empresa del Grupo Etchevehere, ascendió a $4.495.849 con el supuesto compromiso de devolver ese capital más intereses en un solo pago en efectivo, algunos en 2012 y otros en 2015, por un total de $6.028.337.

La diferencia entre el capital y los intereses es de $1.532.488.

Un dictamen de 2018 del entonces fiscal Alejandro Cánepa -hoy juez de juicio- resume el andamiaje de la estafa que denunció Dolores Etchevehere.

«Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (…), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco.

«Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas «Préstamos Banco Itaú» y «Cuentas Particulares Directores», por un monto de $1.066.000.

«La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 otorgado mediante Resolución del Banco de la Nación Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 01/11/2016″.

“De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido».

“Como medida adicional de prueba, solicito se requiera del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, Secretaría Criminal y Correcional Nº 1, ad effectum videndi, los autos caratulados «Barbero Marcial Leonor María y otros s/Infracción Ley 24.769», conjuntamente con su documentación anexa.

“Por último – en lo referente a este pto. – dando contestación a la vista conferida a fs. 529, respecto de la precisión del rango de fechas interesado para la producción del informe solicitado a la AFIP mediante Oficio Nº 376 del año 2017, refiero que la información solicitada debe abarcar el período 2010/2016.

“Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento – ya que ha sido objeto de numerosas versiones periodísticas – que tanto el Directorio como los accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya investigación se requiere, o sean otras las personas quienes – por su calidad funcional – se vean involucrados en las mismas.

“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.

“Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades.

“Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos.

“Es decir, que el dinero volvía a su ´dueño´ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio.

“Así habrían sido objeto de tales operaciones, las transferencias hacia la firma Construcciones del Paraná S.A., los inmuebles sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4);8) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano.

 “Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios de los autos ´Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración´, que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de $2.000.000, con pacto de retroventa.

“Tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no sólo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán, sobre todo porque la misma operación se reitera en el Expte. Nº 19036, caratulado ´Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración´, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, y que se adjunta a la presente.

“Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la querellante – existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevehere hacia el grupo familiar sindicado -.

“De esa forma, entiendo que – prima facie – y atento el estadío procesal en que nos encontramos, puede atribuírseles a los nombrados Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, que ´durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, en su carácter de miembros del Directorio de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos, realizaron la venta simulada de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4); hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. – cuyos socios resultan Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere -, a precio vil y por debajo de los de mercado, que en realidad encubrían préstamos de dinero otorgados por ésta última hacia SAER, y – a su vez – de las firmas Asociación Mutual Unión Solidaria y Asociación Mutual 10 de abril hacia aquella, obligando así de manera abusiva y desapoderando patrimonialmente a la sociedad cuyos intereses y bienes dirigen y administran, en perjuicio de los socios y de otros terceros que se vinculan laboral y/o comercialmente con la misma.

«La maniobra de vaciamiento consistía en que por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una de esas mutuales que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná S.A; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos.

«De esa forma, el dinero tenía un movimiento circular por el cual volvía al prestamista original, mientras que los bienes involucrados en tales operaciones cambiaban de titular, que a la postre eran las mismas personas físicas que administraban SAER, despojando a esta última de tales bienes. Por otro lado, también durante el período sindicado, los nombrados simularon la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano; y 2) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, plano de mensura Nº 10558; y 3) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de mensura Nº 40108 – todos de la ciudad de Paraná – hacia la firma Asociación Mutual 10 de Abril a partir de la suscripción de los respectivos boletos de compra y venta, con pacto de retroventa, por valores muy por debajo de los de mercado, encubriendo otro tipo de operaciones financieras – préstamos de dinero – en detrimento de SAER, de sus socios, y de los terceros que se relacionan comercial y/o laboralmente con aquella´”.