La Municipalidad de Concordia lleva a la justicia una presunta defraudación a la administración pública y busca establecer responsabilidades de exfuncionarios

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La Municipalidad de Concordia informó que “en el marco del control de los actos públicos llevado adelante por la gestión que encabeza el intendente Francisco Azcué, y luego de minuciosas evaluaciones de distintos actos administrativos, se han detectado ciertas irregularidades por las cuales se ha solicitado a la Justicia que se investiguen las mismas y se determinen una presunta defraudación a la administración pública y las distintas responsabilidades de ex funcionarios en las mismas”.

En lo que respecta a la presunta defraudación a la administración pública, “ello surge de la mecánica utilizada en el alquiler de rodados, tipo camioneta, mediante la utilización de un sistema de compra directa, es decir sin ningún tipo de concurso o licitación, para desarrollar distintas tareas operativas de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y ejecución de obras públicas durante el año 2023”, indica el municipio.

También, señala que “llamativamente, la adquisición de dicho servicio se interrumpió antes del inicio de la actual gestión y, al analizarse algunos de los expedientes administrativos de pagos, ya que los anteriores fueron procesados antes de la asunción de la actual gestión, y realizadas las consultas a las distintas oficinas municipales, se concluyó con la inexistencia de constancia alguna de que los servicios contratados fueron prestados”.

Asimismo, continúa el texto dado a conocer por el municipio “ha llamado la atención que algunos de los supuestos prestadores del servicio sean familiares directos de algunos ex funcionarios”.

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La Municipalidad de Concordia lleva a la justicia una presunta defraudación a la administración pública.

Responsabilidades

Por otra parte, se informó que, “además, se presentó a la Justicia un pedido de ampliación de la denuncia oportunamente presentada para que se investigue la responsabilidad de ex funcionarios públicos en la entrega en comodato de un camión recolector de residuos a una cooperativa de trabajo”.

Sobre el particular, se destacó que, “en principio se entiende que quiénes tenían responsabilidades como funcionarios públicos y aprobaron el comodato del mencionado vehículo, no habrían cumplido con sus obligaciones como tales ya que el comodato, e incluso el Decreto de ratificación del contrato firmado por el exintendente de nuestra ciudad, establecía claramente un uso por el lapso de cinco años, y que la vigencia del contrato de comodato recién entraría en operatividad luego de la ratificación del mismo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y esto nunca sucedió por lo tanto, dicho camión, no podía estar en poder de un privado como finalmente sucedió”.

Finalmente, precisa que, “asimismo, se hace saber que en el transcurso de la semana se harán nuevas presentaciones tendientes a que la Justicia investigue y otorgue claridad a ciertos actos de gobierno acontecidos en la gestión anterior y cuyo contenido y alcance la población debe conocer en beneficio de la transparencia de los actos públicos de gobierno”.

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