Crisis de la citricultura entrerriana: un proyecto legislativo busca sostener al sector
La crisis de la citricultura entrerriana combina una cosecha récord con precios que no cubren los costos de producción y un consumo interno debilitado. Mientras la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) advierte que la actividad sostiene más de 20.000 empleos directos e indirectos, el diputado provincial Enrique Tomás Cresto presentó un proyecto de ley para crear un programa de recuperación del sector, un fondo específico de financiamiento y un observatorio permanente de la cadena citrícola.
La crisis de la citricultura entrerriana volvió a quedar expuesta esta semana a partir de informes periodísticos que describen un escenario de rentabilidad negativa para buena parte de los productores de la región, pese a un incremento notable en los volúmenes cosechados. Según publicaron los medios Plan B y La Nación, la campaña 2026 registra un aumento superior al 20% en la producción respecto del ciclo anterior, pero esa mejora no se tradujo en ingresos para el sector: la combinación de costos crecientes, precios bajos y un consumo interno deprimido dejó a numerosos establecimientos con márgenes por debajo del punto de equilibrio.
La Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) informó que el denominado Macizo Citrícola —las casi 37.000 hectáreas implantadas entre los departamentos Concordia y Federación— genera más de 20.000 empleos directos e indirectos. La actividad, a diferencia de otras producciones agropecuarias, sigue dependiendo en gran medida de tareas manuales como la poda, el raleo, el control sanitario y la cosecha, lo que la convierte en una fuente de trabajo intensiva para la región.
De acuerdo con datos difundidos por la entidad, en la provincia existen alrededor de 1.800 productores, más de 300 galpones de empaque y más de 100 viveros dedicados a la producción de plantas cítricas. Unas 7.000 hectáreas corresponden al departamento Concordia y cerca de 30.000 a Federación.
El vicepresidente de FeCiER, Walter Silva Muller, explicó a La Nación que el negocio citrícola atraviesa este año una combinación inusual de factores negativos, entre ellos una caída pronunciada del precio internacional del jugo de naranja, que pasó de valores cercanos a los 6.000 dólares la tonelada a poco más de 2.000 dólares. A esto se suman las restricciones sanitarias que limitan el acceso a mercados exigentes como la Unión Europea, vinculadas a enfermedades cuarentenarias como la mancha negra y la cancrosis.
El mercado interno continúa siendo el principal destino de la producción, con alrededor del 50% del volumen, mientras que las exportaciones representan apenas entre el 8% y el 10% del total. Según Silva Muller, ese mercado doméstico —que históricamente sostenía la rentabilidad de los pequeños productores— este año no logró absorber una oferta un 20% mayor, en un contexto de caída del poder adquisitivo. A los factores económicos se sumaron heladas tardías y un temporal de viento que provocaron pérdidas adicionales en la zona de Concordia.
La respuesta legislativa: un plan de rescate
En paralelo a este diagnóstico, el diputado provincial Enrique Tomás Cresto presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Recuperación, Sostenimiento y Desarrollo de la Citricultura Entrerriana. La iniciativa lleva el número de expediente 29.489 e ingresó a la Legislatura el 4 de agosto de 2026, durante el período ordinario 147°.
El programa propuesto tiene entre sus objetivos preservar y fortalecer la actividad citrícola provincial, sostener las fuentes de trabajo del sector, mejorar la competitividad de la producción, promover el agregado de valor y la industrialización, incrementar el consumo interno de cítricos, favorecer la apertura de mercados externos y promover la sustentabilidad económica y ambiental de la actividad.
Como herramienta central, el proyecto propone la creación del Fondo Provincial de Desarrollo Citrícola (FODECIT), que se integraría con partidas de la Ley de Presupuesto Provincial, aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), recursos de programas nacionales e internacionales, aportes de CAFESG y donaciones o legados de organismos públicos o privados, entre otras fuentes. Según el texto, esos recursos podrían destinarse a créditos con tasa subsidiada, financiamiento de cosecha y capital de trabajo, programas de fertilización y manejo sanitario, reconversión varietal, sistemas de riego y protección contra heladas y granizo, modernización de empaques e industrias, promoción comercial y capacitación técnica.
El proyecto incluye además la creación del Programa Provincial de Consumo de Citrus Entrerriano, orientado a incorporar frutas cítricas de producción provincial en escuelas, hospitales, comedores y residencias de adultos mayores, junto con campañas de difusión para promover el consumo en todo el territorio.
Otro de los organismos que crearía la norma es el Observatorio Provincial de la Cadena Citrícola, integrado por representantes del Poder Ejecutivo provincial, productores, empacadores, exportadores, universidades, el INTA, el SENASA y entidades del sector. Según el proyecto, ese organismo debería elaborar informes trimestrales sobre costos de producción, precios de origen y destino, evolución de las exportaciones, empleo generado, situación sanitaria y superficie implantada. La iniciativa también prevé la creación de una Mesa Provincial Citrícola como espacio permanente de diálogo entre el Estado y los actores de la cadena, y la presentación de un informe anual ante ambas cámaras legislativas.
El proyecto fue presentado por Cresto como autor, con la coautoría de los diputados Juan José Bahillo, Silvia Mariel Ávila, Sergio Daniel Castrillón, Silvina Soledad Deccó, Silvia del Carmen Moreno, Yari Demian Seyler y María Laura Stratta.
En sus fundamentos, la iniciativa señala que la crisis actual excede una emergencia climática o sanitaria puntual y responde a un problema estructural de rentabilidad, financiamiento, competitividad y consumo interno. El texto sostiene que las medidas adoptadas hasta el momento por los gobiernos provincial y nacional —declaraciones de emergencia agropecuaria, beneficios impositivos y programas de control del HLB— atendieron situaciones coyunturales, sin resolver de fondo la sostenibilidad de la actividad. El proyecto quedó a la espera de su tratamiento en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.
