Cada vez más cerca de Malvinas, la flota española llega para saquear el calamar
Autorizados por el gobierno ilegal del Reino Unido en Malvinas, buques españoles – en su mayoría gallegos- iniciarán en febrero una de las dos campañas de captura de calamares previstas para 2024 en las aguas de las islas a la que llega dicha flota española.
La flota, compuesta mayormente por tripulantes españoles y asiáticos – se estima en unos 1.500 pescadores-, se espera que participe en la captura de alrededor de cien mil toneladas de calamar durante la campaña.
Los permisos ilegales otorgados por el Reino Unido a España habilitaron la faena por otros veinte años.
Durante la última misión invernal, la misma flota tuvo que ralentizar sus operaciones debido al agotamiento de los recursos y la escasa pesca en términos de calidad y cantidad.
En estos momentos, existe incertidumbre sobre si la zona austral se ha recuperado de la pesca, y hay preocupación por la posible pesca indiscriminada que podría afectar la cantidad y calidad de los productos pesqueros al no respetar los tiempos de reproducción y crecimiento del molusco.
“El régimen ilegal de pesca autorizado unilateralmente por el Reino Unido en Malvinas, otorga anualmente un centenar de licencias y cupos de pesca por un cuarto de siglo y que, actualmente, alrededor de 120 embarcaciones están autorizadas a pescar en la zona de exclusión”, señala Canal 26 noticias en un vídeo publicado en su cuenta de YouTube.
En tanto, la flota ya ha partido de Galicia (España), fundamentalmente de los muelles de Beiramar, ubicados en la zona portuaria de Vigo, para lo que será la campaña más difícil debido a la depredación a que se ha sometido sistemáticamente el área de pesca en la larga relación entre los armadores vigueses y sus socios en las compañías mixtas radicadas en el paraíso fiscal en que los británicos han convertido a las Malvinas.
Es la primera vez en años que los buques congeladores, 16 en total, la mayoría con base en Vigo aunque con matrícula del gobierno ilegal de Malvinas, saldrán hacia el caladero sin ninguna garantía sobre el resultado, lo que preocupa y mucho a los armadores vigueses según destaca el portal gallego Atlántico.
Cabe recordar que la segunda campaña de 2023, la del invierno austral, tuvo que suspenderse al poco de su inicio por la escasez del producto. Y ahora mismo, todavía no hay ninguna garantía de que se haya recuperado.
Los buques congeladores, la mayoría con matrícula del gobierno ilegal de Malvinas, son auténticos veteranos de las islas y de la captura del cefalópodo. La mitad del personal a bordo está formado por oficiales, mandos y marinería española y el resto dividido entre varias nacionalidades. Destaca la importante presencia de marineros de Indonesia.
Todos ellos, tras un mes de viaje – iniciado a principios de enero- se posicionarán en el caladero a principios de febrero. Allí se mantendrán hasta el comienzo de las operaciones, a finales del mismo mes, para continuar en marzo y abril.
Si todo va bien, podrían capturar hasta 50.000 toneladas, como en otros años. “Sería todo un éxito conseguirlo”, aseguraba Javier Touza, presidente de los armadores vigueses, con dos buques en la zona.
Por tanto, tras una larga travesía llegarán al caladero y entonces comenzará un operativo insólito por la falta de datos. “Vamos un poco a la aventura”, reconoció el presidente de los armadores vigueses.
Antes de comenzar la faena a finales de febrero, la flota conocerá los resultados de la campaña experimental que se realizará dos semanas antes de iniciar la campaña, en torno al 14 de febrero. “A partir de ahí, tendremos información sobre el caladero y las posibilidades reales”, precisó Javier Touza, quien reconoce que se enfrentan a lo desconocido, tras varios ejercicios en torno a 100.000 toneladas.
La flota tiene más de 20 años por delante en Malvinas gracias a los acuerdos bilaterales formalizados a través de empresas mixtas.
En paralelo, los armadores vigueses se han dirigido a las autoridades ilegales de Malvinas para intentar evitar un incremento en el precio de las licencias del calamar, hasta un 22 por ciento sobre el año anterior.
Javier Touza reconoció que han comunicado a los isleños que consideran inoportuno el incremento decidido para 2024 no solo por la incertidumbre a la que se enfrentan en el caladero, sino también por otras circunstancias como la inflación, lo que ha repercutido en la subida de costes, y además la caída del consumo de productos del mar, que se mantiene. “En estas condiciones, no era nada oportuno, pero seguimos trabajando de la mano de nuestros socios e intentando hacer rentable el caladero”•, zanja.
Los barcos llevan a bordo de promedio entre 50 y 80 personas, la mitad gallegos, en especial los oficiales al mando y, últimamente, han llegado numerosos marineros indonesios. La temporada alcanza los meses de marzo y abril completos antes de regresar a Vigo.
Navegar en modo fantasma
Por otra parte, la posibilidad de que los pesqueros españoles realicen actividades ilegales de pesca es altísima, según se desprende de las sanciones aplicadas en diciembre de 2023 a buques basados en las Islas Canarias por parte de las autoridades de la Dirección General de la Marina Mercante de España.
Precisamente, en esa oportunidad, se impusieron sanciones por un total de 146.500 euros a cinco pesqueros con base en Las Palmas de Gran Canaria por navegar repetidamente en zonas del Atlántico Sur, próximas a las aguas de Argentina, con el localizador apagado, sin tener motivo para ello.
Se trata de cinco arrastreros de las empresas Freiremar, Pescaeste, Pesca Herculina y Pesquerías Manuel Nores Canarias, sociedades todas ellas radicadas en el puerto de La Luz, incluidos en un expediente más amplio abierto contra 25 pesqueros españoles a raíz de una denuncia de la organización ecologista Océana.
Este colectivo llevó a cabo entre 2018 y 2021 una investigación sobre las maniobras que realizaban en la frontera de las aguas nacionales de Argentina pesqueros de países como China, Corea del Sur, Taiwan o España, en colaboración de Google y la Skytruth.
Y comprobó que había barcos que pasaban más del doble de tiempo en el mar con el sistema AIS apagado que encendido, detalla Océana en un comunicado.
El AIS es un sistema de localización automática vía satélite que numerosos buques están obligados a llevar a bordo y siempre encendido, entre ellos este tipo de pesqueros, tanto por seguridad, como para que quede constancia de su ruta.
Según consta en los expedientes sancionadores, tras recibir esta denuncia, España pidió ayuda a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), que certificó a través de los satélites del sistema de seguimiento ‘SafeSeaNet’ que 25 buques denunciados por Océana habían infringido en varias ocasiones entre 2020 y 2021 la obligación de llevar el AIS encendido en todo momento.
Los pesqueros señalados en estos expedientes a propuesta de la Capitanía Marítima de Las Palmas son los arrastreros Fakir y Festeiro, de Freiremar; Farruco, de Pescaeste; Freiremar Uno, de Pesca Herculina; e Iván Nores, de Pesquerías Manuel Nores Canarias.
Las empresas intentaron alegar en defensa de sus pesqueros, pero las autoridades les recordaron que la legislación solo permite que el AIS esté apagado por dos motivos: por avería o por razones de seguridad, y en ambos casos el patrón del barco debe comunicarlo y dejar constancia de ello en el diario de navegación.
Como nada de eso se hizo, la administración entendió que apagaron el AIS sin causa justificada.
La Dirección General de Marina Mercante precisó en las resoluciones sancionadoras que “no entra a juzgar los motivos que pueden esconderse detrás de la acción del patrón de desconectar el sistema AIS del buque, porque, en realidad son irrelevantes para la resolución del procedimiento”.
“El posible beneficio que puede obtener una embarcación pesquera desconectando el AIS es evidente y de lo más diverso, desde querer ocultar su posición para poder faenar en zonas prohibidas a no querer revelar su situación a otras embarcaciones o buques pesqueros con fines relacionados con la pesca y así evitar la competencia, por lo que es habitual que este tipo de buques cometan la infracción que aquí se persigue, obviando las precauciones inherentes a la seguridad y tráfico marítimos”, añadió.
En cuatro de los cinco casos, se impuso sanciones en grado mínimo: 21.600 euros para el Fakir, 16.200 para el Festeiro, 39.100 para el Farruco y 26.100 para el Freiremar Uno. En el expediente relativo al Iván Nores se aplicó una sanción de grado medio, con 43.500 euros.
