Los industriales uruguayos quieren «cero kilo» en la frontera con Argentina

La Cámara de Industrias del Uruguay pidió una prohibición total (“cero kilo”) de la entrada de mercadería traída por los habitantes de la frontera; pero nada dice de mejorar la capacidad adquisitiva de los uruguayos para que puedan llegar a fin de mes comprando en su país.

De los cerca de 900.000 uruguayos que en el primer trimestre de 2023 hicieron turismo en Argentina, unos 100.000 viajaron en los barcos de Colonia Express y Buquebus, la naviera del argentino Juan Carlos López Mena; estos son algunos de los ganadores ante una diferencia cambiaria que hace sentir ricos a los uruguayos cuando cruzan la frontera, pero que a los industriales de ese país no les hace ninguna gracia y solicitan implementar el “cero kilo” para todos.

No obstante, también empresas de ómnibus internacionales y agencias de viaje están facturando más.

Pero, en Uruguay, la lista de perdedores parece ser más larga: los comerciantes de departamentos fronterizos como Río Negro, Paysandú y Salto sufren una fuerte caída de ventas, lo mismo que la hotelería y otros servicios conexos al turismo en esa región del litoral del río Uruguay.

Y muchas industrias orientales, como las de alimentos, están padeciendo ese fenómeno de desvío de consumo, así como el impacto por el contrabando y las importaciones legales de mercaderías argentinas.

En 2022 Uruguay importó US$ 1.418 millones desde Argentina, 11% más que el año previo y un monto máximo desde 2014. A su vez, en enero-abril pasado al mercado uruguayo ingresaron desde ese origen bienes por otros US$ 455 millones, en este caso un incremento interanual todavía mayor, de 13%, conforme con estadísticas de organismos oficiales orientales, según informó El Economista.

Otros productos argentinos entran al Uruguay ya no en contenedores con todo el papeleo y los impuestos aduaneros, sino en valijas, bolsos y mochilas de los uruguayos que cruzan para hacer turismo o de los pobladores de las zonas fronterizas que hacen su surtido.

El Director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, realizó la semana pasada una visita a los puentes que conectan a las ciudades uruguayas de Fray Bentos y Paysandú con las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Colón.

Allí arengó a los funcionarios aduaneros a ser estrictos en los controles y a no dejar pasar más de los 5 kilos, dos veces por mes, permitidos para los habitantes de la zona. Ahora de manera rigurosa medido con una balanza, según dijo: lo que se pase de eso, se decomisa.

Las incautaciones de contrabando de todas las procedencias vienen creciendo: desde que empezó el año y hasta el 6 de mayo, la Aduana uruguaya incautó 23.678.333 unidades de diversos rubros, desde autos hasta medicamentos, alimentos, artículos de higiene personal y limpieza del hogar, entre muchos otros. Habían sido 15,7 millones en 2022, es decir que en menos de cinco meses de 2023 ya se superó esa cifra.

Estas cantidades refieren solo al contrabando incautado; no existe una dimensión de toda la mercadería que no es detectada y termina siendo comercializada en plaza.

Las expresiones de preocupación por parte de directivos de los centros comerciales de la frontera uruguaya ya llevan meses, y en parte han tenido respuesta del Gobierno, que aprobó diversas medidas de apoyo, básicamente tributarias y subsidiando empleos.

En las últimas semanas, los reclamos se intensificaron también desde organizaciones con representatividad nacional y con mayor poder de lobby. Por ejemplo, la Cámara de Industrias del Uruguay pidió una prohibición total (“cero kilo”) durante seis meses de la entrada de mercadería traída por los habitantes de la frontera.

Según una encuesta a 87 industrias socias de esa gremial difundidos la semana pasada, el 35% dijo que el contrabando aumentó en los primeros meses de 2023 respecto a 2022. Una proporción similar afirmó que perdió ventas por esa causa.

Al tratar de identificar “canales” para la entrada ilegal de mercadería, los industriales uruguayos se refirieron en primer lugar al que llega por razones de “proximidad” con la frontera, segundo a “organizaciones delictivas” y, por último, al turismo.

Mientras, la Confederación de Cámaras Empresariales -una supra gremial que nuclea a más de 20 organizaciones- emitió una declaración en la que expresó su “profunda preocupación” ante el ingreso ilegal de mercadería que “pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas y de las fuentes de trabajo”. Reclamó a las autoridades que apliquen los “máximos controles” e “inspecciones” frente a esa “competencia desleal”.

Pero el presidente Luis Lacalle Pou descartó adoptar el “cero kilo” y cuestionó que haya comerciantes abasteciéndose de organizaciones de contrabandistas. “Porque es muy fácil criticar, pero hay una industria del contrabando…Cuando se surten algunos comercios, ¿nadie lo ve? ¿No se sabe dónde se vende?”, planteó el mandatario de forma retórica.

Lacalle Pou dijo que su Gobierno está de manos atadas frente a la situación que genera la diferencia de precios relativos. “¿Vamos a solucionar el problema del tipo cambiario con Argentina? ¡No, es imposible solucionarlo! (…) Los hechos demuestran que no podemos correr atrás del tipo cambiario argentino”.