El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de Guardia Urbana en Concordia y pidió informes sobre el Aeropuerto

Con siete votos del oficialismo, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza de Guardia Urbana en Concordia, que reemplaza a la Ordenanza 36.569 y, según medios locales, habilita dispositivos no letales para la Unidad Operativa. Además, aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”.
El Concejo Deliberante de Concordia sancionó el jueves 19 de noviembre la ordenanza de Guardia Urbana en Concordia, formalmente denominada Ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal, con siete votos del bloque oficialista y sin el acompañamiento de La Libertad Avanza ni de Más para Entre Ríos. En la misma sesión, la 35.ª ordinaria, el cuerpo aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre la situación del Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”.
La sesión se realizó con asistencia completa y bajo la presidencia de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza. El proyecto fue presentado en el recinto por la concejal Eliana Lagraña, de Juntos por Entre Ríos, quien lo describió como una reorganización de las herramientas municipales de prevención, asistencia y protección, según reseñaron El Concordiense y Diario Junio. Este último medio agregó que la iniciativa fue elaborada junto con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Qué establece la ordenanza de Guardia Urbana en Concordia
Al cierre de la sesión, Reta de Urquiza sostuvo que la norma busca dar certeza jurídica, especialización funcional y coordinación permanente a las áreas de prevención y seguridad. En lo institucional, la ordenanza crea formalmente la Guardia Urbana, que reemplaza la denominación de preventores, e instituye la figura del Guardia Municipal. También otorga reconocimiento legal al SOS Botón Antipánico como área de la estructura municipal, incluye al Cuerpo de Inspectores en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, incorpora la Central de Monitoreo creada el año anterior y modifica un artículo vinculado a la convocatoria del Consejo de Seguridad.
El esquema distingue dos áreas con misiones diferenciadas. La Guardia Urbana, integrada por los ex preventores, se ocupa del resguardo interno y patrimonial de edificios e instalaciones municipales, como el Palacio de Arruabarrena, el edificio municipal, los centros cívicos, los centros de convenciones y el espacio Víctor Opel, entre otros.
La Unidad Operativa, compuesta mayoritariamente por inspectores municipales con móviles en la vía pública las 24 horas, ejerce el poder de policía municipal y controla ordenanzas en las que la Subsecretaría es autoridad de aplicación: trapitos, limpiavidrios, detectores de metales en locales bailables y habilitación o capacitación ACAP del personal de seguridad de esos espacios. Colabora con Veterinaria Municipal en el control de tracción a sangre y equinos sueltos, con la Dirección de Inspecciones en el control de alcohol y cuenta con personal habilitado para labrar actas y multas. El esquema se completa con una unidad especial que articula con la Policía de Entre Ríos en situaciones como la usurpación de bienes municipales.

Según Diario Junio, que reprodujo artículos del texto aprobado, el artículo 5 establece que la Guardia Urbana no podrá portar armas letales “ni de ningún otro tipo”, mientras que el artículo 10 habilita a la Unidad Operativa a utilizar elementos defensivos, dispositivos de sujeción y otros equipos no letales de uso civil, previa capacitación y autorización escrita de la Subsecretaría. La ordenanza no detalla qué dispositivos podrán emplearse: remite a un protocolo que deberá dictar esa dependencia. El mismo medio precisó que su uso quedaría limitado a situaciones de agresión o resistencia persistente, para defensa propia o de terceros cuya vida o integridad estén en riesgo, luego de intentar la mediación verbal y de advertir al destinatario, y con herramientas de video provistas por el Municipio para documentar las intervenciones.
Qué cambia respecto de la Ordenanza 36569
La Ordenanza 36569 fue sancionada el 23 de agosto de 2018 y publicada el 14 de septiembre de ese año. Según su texto en el Digesto municipal, creó la Unidad de Prevención Municipal en la órbita de la Secretaría de Gobierno, con agentes denominados preventores y tres ejes de acción: corredores turísticos, espacios públicos y seguridad vial. Exigía concurso público de oposición y antecedentes, una capacitación mínima de tres meses y, en su artículo 11, prohibía a los preventores portar armas de cualquier clase.
Frente a ese marco, el Concejo señaló que la regulación anterior describía el funcionamiento general de una Guardia Urbana sin detallar atribuciones específicas, y que el nuevo texto ordena y formaliza tareas que ya se cumplían en la práctica, delimitando responsabilidades según la capacitación y el perfil de cada agente. Cabe precisar que el texto de 2018 publicado en el Digesto habla de una Unidad de Prevención Municipal y de preventores, aunque el sistema lo registra bajo el título “Guardia Urbana de Prevención y Seguridad Municipal: creación”.
De las fuentes consultadas surgen otros cambios: la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana aparece como referencia para autorizaciones y protocolos, mientras que la norma de 2018 asignaba la aplicación a la Secretaría de Gobierno; se distingue entre Guardia Urbana y Unidad Operativa; y la prohibición general de portar armas pasa a alcanzar solo a la Guardia Urbana, con dispositivos no letales habilitados para la Unidad Operativa. Según Diario Junio, el debate sobre este punto se originó a fines de octubre, cuando una imagen del director de Prevención y Seguridad Municipal con un dispositivo que lanza proyectiles puso en evidencia una contradicción con la norma vigente. El oficialismo presentó entonces una modificación puntual y finalmente optó por reemplazar todo el régimen.
Cuadro comparativo
| Aspecto | Ordenanza 36569 (2018) | Nueva ordenanza (2026) |
| Denominación | Unidad de Prevención Municipal; agentes “preventores”. | Guardia Urbana (ex preventores) y Guardia Municipal; Unidad Operativa (inspectores). |
| Autoridad de aplicación | Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal (art. 12). | Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para autorizaciones y protocolos. |
| Funciones | Tres ejes: corredores turísticos, espacios públicos y seguridad vial. | Guardia Urbana: resguardo interno y patrimonial. Unidad Operativa: poder de policía municipal y control de ordenanzas. |
| Armas y dispositivos | Prohibición de portar armas de cualquier tipo (art. 11). | Guardia Urbana sin armas (art. 5). Unidad Operativa: dispositivos no letales con capacitación y autorización escrita (art. 10), según Diario Junio. |
| Ingreso | Concurso público de oposición y antecedentes (art. 9). | La concejal Claudia Villalba (PJ) sostuvo que no prevé concurso; no verificado en el texto. |
| Capacitación | Obligatoria, mínimo de tres meses (art. 8). | Obligatoria, mínimo de tres meses. |
| Otras áreas | No incluidas. | SOS Botón Antipánico, Cuerpo de Inspectores, Central de Monitoreo y ajuste del Consejo de Seguridad. |
Objeciones y defensa del proyecto
La Libertad Avanza fundamentó su rechazo en que el Municipio ya cuenta con monitoreo urbano, botones antipánico, control de ordenanzas y coordinación con la Policía de Entre Ríos. La concejal Yaiza Pessolani Bechet objetó el inciso k del artículo 8, que permitiría a la Subsecretaría encomendar a la Unidad Operativa cualquier otra tarea o función, y advirtió sobre el riesgo de una “policía política” subordinada al gobernante de turno. El bloque aclaró que no afirma que eso vaya a ocurrir en esta gestión, pero recordó que las ordenanzas trascienden a los gobiernos, según El Concordiense.
Desde el peronismo, Claudia Villalba recordó que la Guardia Urbana fue creada para custodiar edificios y bienes municipales, cuestionó que la nueva norma no prevea el ingreso por concurso y estimó en unos 350 los trabajadores del área bajo distintas modalidades de contratación. También preguntó quién asumiría la defensa legal de un agente denunciado por el uso de esos dispositivos. Jorge Mendieta sostuvo que la Guardia Urbana no fue concebida como fuerza policial y señaló que más de un centenar de agentes continúa en condiciones laborales irregulares, según Diario Junio.
En defensa del proyecto, Lagraña afirmó que la seguridad pública es una responsabilidad indelegable de la Provincia y que no se busca crear una policía paralela ni avanzar sobre las atribuciones de la Policía de Entre Ríos. El concejal Felipe Sastre lo calificó como superador del régimen anterior.
Pedido de informes por el Aeropuerto
El pedido de informes sobre el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” fue aprobado por unanimidad y está dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal. La iniciativa fue impulsada por el bloque del Partido Justicialista (Más para Entre Ríos) y busca esclarecer el grado de cumplimiento de las metas proyectadas para 2026 por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), según explicó la concejal Carolina Amiano.
Reta de Urquiza precisó que el requerimiento apunta a conocer por qué la terminal aún no cuenta con una carta de aproximación, herramienta técnica necesaria para el aterrizaje de aeronaves de mayor porte, y en qué estado están las gestiones para la habilitación internacional definitiva. También se piden explicaciones sobre la incorporación del camión autobomba tras la Licitación 01/24, la ejecución presupuestaria, el movimiento mensual de pasajeros y la conectividad aérea: la suspensión de la ruta a Buenos Aires operada por Humming Airways, cuya reanudación anunciada para octubre no se concretó, la cancelación de vuelos estudiantiles a Bariloche y las gestiones por nuevos destinos regionales.

Se incorporó además un punto por el robo de unos 1.600 metros de cableado del sistema de balizamiento de la pista, que obligó a suspender las operaciones nocturnas. Los concejales piden conocer plazos de reparación, costos y medidas de custodia. El EDAAC informó, según UNO Entre Ríos, que el hecho fue denunciado y se investiga con intervención de la Justicia Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que las operaciones diurnas continúan con normalidad y que los vuelos nocturnos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso, sin precisar una fecha de restablecimiento.
El Aeropuerto y su ente ya estuvieron en debate este año. En febrero, un grupo de profesionales respaldado por la agrupación Compromiso por Concordia propuso disolver el EDAAC y el InVyTAM, con el argumento de que sostener ambos costaría más de $5.000 millones en 2026, según informó Libre Entre Ríos. El Ejecutivo anunció luego la disolución del InVyTAM sin mencionar al EDAAC, y el Concejo aprobó esa disolución en abril. Las fuentes consultadas no precisan el plazo en que el Ejecutivo deberá responder el pedido de informes.
Otros temas de la sesión
El cuerpo aprobó por unanimidad la ordenanza que ratifica la restitución de tierras por parte del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) a favor de la Municipalidad, que apunta a destrabar un conflicto dominial por superposición registral y habilita la escrituración por tracto abreviado para cientos de familias de dos sectores barriales. También sancionó, por unanimidad, la ordenanza que regulariza las cuotas mensuales de la Escuela Municipal de Cerámica, con ingresos destinados al funcionamiento, el equipamiento y las mejoras del establecimiento, y depósito en una cuenta específica.

En el espacio de homenajes, la concejal Silvina Ovelar (Juntos por Entre Ríos) cuestionó el deterioro edilicio de la Escuela Secundaria N.º 13 “Azahares del Ayuí”, inaugurada hace cinco años, con un video que mostraba filtraciones y sanitarios clausurados. Señaló que la obra, habilitada en octubre de 2021 tras una inversión de 34 millones de pesos, presenta fallas en galerías, aulas y salón de usos múltiples, atribuyó responsabilidades a funcionarios de la gestión anterior y afirmó que el Gobierno provincial dará una respuesta.
Se declararon además de interés municipal el Curso de Iniciación Apícola, el proyecto “Senderismo en la Escuela Secundaria” de la Escuela N.º 9 “Intendente Gerardo Yoya”, la actividad “PrinciPEÑA” del 27 de noviembre, la Actividad Cervecera Artesanal de Concordia y la 44.ª Jornada Citrícola Nacional, prevista para el 4 de diciembre. Ovelar impulsó también declarar Personalidad Destacada de Concordia al músico Santiago Enrique “Tata” Olivera, y se reconoció a los organizadores de la 11.ª Fiesta de la Tradición de Villa Adela, que se realizará el domingo 22 de noviembre.

Con la ordenanza sancionada, quedan pendientes su promulgación y reglamentación, incluido el protocolo que deberá definir qué dispositivos podrá usar la Unidad Operativa, según Diario Junio, y la respuesta del Ejecutivo al pedido de informes sobre el Aeropuerto.


