El Gobierno nacional prorrogó un artículo de la ley que garantiza el financiamiento educativo

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Se trata del artículo 7 de la Ley N°26.075, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias. “La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos”, señalaron desde el Ejecutivo.

A través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno nacional prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias.

La decisión se comunicó luego de la reunión del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con los ministros de Economía provinciales,y un día antes del encuentro entre gobernadores y funcionarios de Nación.

El texto señala que “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Asimismo, la disposición indicó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la CABA”. Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.

En el decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, se argumentó que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

Además, argumentó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”.

Qué establece el Art. 7°

El artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, había establecido por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la CABA”.

Vencido ese plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. La última había vencido en 2023. “La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”, enfatizó el Gobierno en el decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de todos sus ministros.

En un comunicado, la Secretaría de Educación estimó que “si bien el cálculo de la afectación específica determina qué monto se deduce del total de recursos coparticipables en cada jurisdicción para ser destinado a Educación, se calcula que alrededor del 25% de los fondos son los que se deben destinar a tal fin”.

La medida no implica que la Nación envíe más fondos a las provincias. Por otro lado, el Estado nacional no puede afectar recursos de la coparticipación que son de las provincias. Por eso el decreto habla de una “asignación específica”, como una forma de “proteger” la inversión en educación en las jurisdicciones.

“Se prorrogó un artículo que no aumenta ni disminuye un peso el dinero para educación. Es algo contable que suelen pedir las provincias. No es ni bueno ni malo; es”, explicó el economista Alejandro Morduchowicz en X (ex Twitter).

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La prórroga corresponde al artículo 7° de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo que establece el envío de recursos a las provincias y a CABA.

El gobierno de Milei anunció ayer el envío de fondos para financiar la jornada completa en escuelas primarias de todo el país. El miércoles por la mañana la provincia de Buenos Aires había decidido suspender temporalmente la “quinta hora de clases” en 60 escuelas primarias de 31 distritos, prevista inicialmente para comenzar el 1 de marzo.

Desde la Secretaría de Educación habían adelantado a Infobae que el Gobierno comenzará a transferir a “todas las jurisdicciones los fondos destinados al programa “Hora Más” (jornada extendida) a partir de mañana”. El financiamiento estaba destinado a sumar una hora de clase en áreas clave como Lengua y Matemática.

“Hay 460 escuelas que pasaron de jornada simple a jornada completa, y hay otras 1844 que pasaron de tener cuatro horas a cinco horas. Y con respecto a las 60 escuelas –que iban a comenzar con el nuevo régimen de clases– suspendimos transitoriamente la ejecución porque se nos cayó el Fondo de Incentivo Docente que afrontó la provincia con 14.500 millones de pesos mensuales y aún no tenemos noticias de los fondos que la Nación se comprometió a transferir con relación a este programa del incremento de jornada”, había advertido ayer Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Urbana Play.

Aparte de la quita del Fondo de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional, el funcionario provincial también criticó la quita por parte del oficialismo del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que equivale a 45.000 millones de pesos por mes, y el Fondo para Incremento de Jornadas, de 10.000 millones cada 30 días. “La Provincia no da más”, bramó y dijo que hay más de “700 mil chicos que, a pesar de las circunstancias, tienen más horas de clases”.

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