Tensión federal: el reclamo de intendentes por fondos llegó al Ministerio de Economía
Este martes, jefes comunales de 18 provincias, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizaron a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue entregar un petitorio al ministro Luis Caputo para exigir la reactivación de la obra pública y la restitución de transferencias nacionales que consideran vitales para la gestión local.
En un escenario de creciente tensión entre las administraciones locales y el Poder Ejecutivo Nacional, se profundizó el reclamo de intendentes por fondos mediante una protesta masiva frente al Palacio de Hacienda. La movilización, liderada por el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, contó con la participación de referentes de diversos signos políticos, incluyendo peronistas, radicales y vecinalistas.
Los ejes centrales del documento presentado —que no pudo ser entregado personalmente a Caputo por encontrarse este en un evento de la AmCham— se resumen en tres puntos críticos: la actualización del esquema de coparticipación, el freno al recorte de transferencias extraordinarias (ATN) y la reactivación inmediata de las obras públicas paralizadas. Según fuentes de la FAM, existe una deuda acumulada de 6,1 billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles que debería destinarse a infraestructura vial en los municipios.
Desde la provincia de Entre Ríos, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, fue una de las voces presentes. A través de sus redes sociales, Romero advirtió que los municipios enfrentan “menos recursos y más responsabilidades”, destacando que el combustible aumentó más del 540% desde 2023, impactando directamente en los costos operativos de las ciudades.
La jornada concluyó con una reunión en la sede de la FAM junto a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). Kicillof calificó la situación como una “catástrofe social y productiva”, mientras que los intendentes no descartaron iniciar acciones judiciales si no obtienen una respuesta concreta del Gobierno nacional en el corto plazo.
Desde la Casa Rosada, el discurso se mantiene firme en la premisa del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, lo que anticipa una resolución compleja para un conflicto que ya afecta la prestación de servicios básicos en el interior del país.
