Testigos ratificaron que imputado no es dueño de empresas publicitarias
Una testigo que durante más de tres horas dio detalles de cómo se tramitaban los expedientes de publicidad durante las gestiones de Sergio Urribarri, incluso manifestó que actualmente se sigue haciendo del mismo modo aunque con algunas correcciones, dijo que el imputado Juan Pablo Aguilera no es el dueño de TEP SRL. También expresó que la foto en los expedientes de publicidad era “simbólica” y que la certificación se realizaba en el lugar donde estaba la publicidad. Fiscalía expuso documentación que exhibiría irregularidades que no son motivo de investigación en esta audiencia.
En la octava jornada de la audiencia que se sustancia para determinar la responsabilidad del ex gobernador Sergio Urribarri y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, en supuestos delitos contra la Administración Pública, declararon tres testigos de los cinco que estaban predeterminados.
Respecto de Gustavo Gabriel Pereyra, que el jueves declaró más de cinco horas, la defensa desistió de que concurriera a continuar su declaración.
Finalmente, declaró otro importante testigo de Fiscalía. Se trató de Florencia De La Guelfa, que el jueves no alcanzó a prestar testimonio. Lo hizo por espacio de casi cuatro horas.
Durante el extenso y riguroso interrogatorio de los fiscales, Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, la joven que en el período investigado se desempeñaba en la oficia de Facturación de la entonces Dirección General de Información Pública, cuyo director era el imputado Pedro Baez, que luego fue ministro de Comunicación y Cultura, explicó cómo se confeccionaba un expediente para una orden de publicidad y los pasos que debía seguir hasta su pago.
Trabajo
De La Guelfa sostuvo que su trabajo consistía en armar los expedientes de las campañas de publicidad, ponerles carátula, y cuando le bajaban las órdenes de publicidad, armar una que se derivaba a asuntos jurídicos, que estaba a cargo de Walter Carballo, que actualmente es juez de Garantías en Chajarí y responderá los interrogatorios de las partes por escrito. Según la testigo, en el despacho de Carballo se hacía el proyecto de decreto.
La testigo sostuvo que “todo el tiempo usaba correo electrónico, era nuestro medio de trabajo, y celular”, añadiendo que “actualmente usa el mismo, para todo”.
La joven explicó en qué consistía el armado de un expediente por publicidad, señalado que era previo al decreto, como para dar la autorización al medio para que pudiesen facturar y presentar las certificaciones, luego se le informaba al medio que debía presentar las certificaciones en regla, y posteriormente se ordenaba el pago.
Orden
Asimismo, De La Guelfa añadió que el expediente se armaba una vez que se bajaba la orden de publicidad, nunca antes, y que tramitaban numerosos expedientes con tantos medios, incluso con empresas de Buenos Aires y Rosario, además de las señaladas por Fiscalía como parte de un armado para cartelizar la publicidad estática en espacios abiertos.
Se trata de TEP SRL, que se atribuye a Emiliano Giacopuzzi, Next, de Maximiliano Sena, y la empresa de Jesús María Bustamante, que no está en esta audiencia porque dirimió su situación en un juicio abreviado.
La testigo dio cuenta de las relaciones que mantenía con los dueños de las empresas TEP SRL, Next y la de Bustamante.
Al igual que Pereyra en la jornada anterior, quien dijo que tramitaba el retiro de cheques de las dos primeras para que aquellas los cobraran, la testigo sostuvo que realizó algunos trabajos con fotos para Montañana, en relación a pautas publicitarias de Iafas puesto que le devolvían los expedientes por algún trámite incompleto o una foto de mala calidad.
In situ
De La Guelfa manifestó que el imputado Gustavo Tamay era el responsable de firmar las certificaciones de cumplimiento de la publicidad de los carteles que estaban en la ruta.
Respecto a unos expedientes que le exhibió Fiscalía en los que se constató la firma de Baez, a pesar de que había manifestado que aquel “no constataba, no se presentaba in situ; creo que no”, sostuvo que aparecía la firma de Baez “porque tenía que firmar. Cuando se terminaba de armar el expediente se lo subía para que lo firmara y se pudiera pasar al Servicio Contable. Firmaba todas las hojas”.
Simbólica
Respecto del valor de la foto en el expediente de publicidad, al igual que testigos que declararon en jornadas anteriores, sostuvo que “se acompañaba con foto e impresiones, mirábamos que estuvieran las imágenes, no era un control específico. Las que nos presentaban, si eran carteles nos fijábamos que estuviera la imagen. Me basaba en la certificación, que tuviera todos los datos de la orden. Controlaba o miraba, no sé, los papeles que me traían los proveedores y que coincidieran los datos que ellos ponía coincidiera con la orden de publicidad”.
Sobre las características administrativas que debía tener la foto, indicó que era para “chequear la información, era como un forma simbólica, una imagen ilustrativa, cuando se veían borrosas o eran fotocopias, lo devolvía, no podían mandar una foto manchada”.
Prolijidad
También explicó que “a las fotos las traía el proveedor de cada medio, todo por papeles, no manejamos nada digital, impresas, a veces impresas, a veces fotocopias, que se devolvían porque no servían más que nada por el tema prolijidad”.
Consultada por las defensas acerca de cómo era la relación con otros proveedores por otras publicidades, sostuvo actualmente hay proveedores que presentan errores en las facturas y certificaciones y añadió: “Tenemos buena relación porque se equivocaban y nosotros nos ofrecíamos a ayudarlos, a presentar las órdenes, o cómo hacer las certificaciones; lo hacíamos porque era una forma de ayudar al proveedor que era nuevo a trabajar con el Estado”.
Precisó que luego de aquellos errores las empresas se demoraban en presentar las cosas corregidas. Recordó que era común que se presentaran facturas mal hechas porque exigían muchos datos y sin la orden de publicidad no se podía pagar.
Añadió que “era re normal” que se presentaran expedientes con errores y por eso eran devueltos.
Cadena
De La Guelfa respondió un incisivo interrogatorio fiscal sobre cadenas de mail que se presentaron como prueba obtenida de los distintos allanamientos que se realizaron durante la investigación.
Así, respondió sobre cadenas de 2013, 2014 y 2015. Respecto de las fotos, manifestó que se abrochaban con el membrete de la empresa, y agregó que con el tiempo se fue mejorando el control; así, señaló que se solicitó que la foto se abrochara a una hoja membretada para que “el expediente quede más prolijo”, y debía estar firmada por el medio.
Respecto a si las gestiones que se brindaba a TEP SRL, Next y la firma de Bustamante, se hacía con todas las empresas, respondió que sí.
Respecto de la contadora e imputada, Corina Cargnel, indicó que realizaba gestiones para las tres firmas. Cargnel fue señalada como contadora de TEP SRL y Next.
El defensor Juan Méndez le preguntó si Tamay en algún momento se ocupó de que un expediente tuviese un trato diferente para que fuese más rápido para lograr el pago, a lo que respondió que no.
A la pregunta sobre si Tamay informaba sobre carteles vandalizados o con roturas, dijo que no lo sabía y añadió: “Supongo que sí”. Finalmente, el defensor la consultó sobre si Tamay se interesaba para que las empresas cobraran, respondiendo que lo desconocía.
El defensor Ignacio Díaz la interrogó sobre si “alguna vez Urribarri o Baez la hablaron para que agilizara o se interesaran por un expediente o que se pagara”, recibiendo por respuesta “nunca”
. El defensor Miguel Ángel Cullen le preguntó sobre las demoras en el cobro de las órdenes de publicidad, que según la documentación que se le exhibió daban cuenta de demoras de casi un año. La testigo respondió que “diez meses es habitual, es muy normal”, añadiendo que la demora comprendía a “todos los proveedores”.
Sin relación
También declaró Luis Eduardo Fernández, que dijo ser hermano por parte de padre de los imputados Luciana y Alejandro Almada, y cuñado de Juan Pablo Aguilera.
El testigo reconoció que trabajó en casa de gobierno, en la custodia, y que ayudaba en la librería de la hermana y el hermano, que giraba bajo la razón social ALFA, entre 2011 y 2014.
Fernández no pudo dar una respuesta contundente a la pregunta que le realizó Fiscalía respecto a que era monotributista, para lo que le exhibió un talonario de facturas a su nombre, en el que se había confeccionado una factura a nombre de la Cámara de Senadores.
Fernández dijo que no trabajó nunca en la Cámara, reconoció que no hizo la factura, que no tuvo en su poder aquel talonario, no recordó firmar la factura, ni firmar algo que lo vinculara a ALFA porque trabajaba en negro e incluso puso en duda que la firma que se le exhibió como suya, lo era.
Cullen objetó que se lo interrogó sobre cuestiones que no tienen relación con esta audiencia, pero el Tribunal se la rechazó.
No obstante le preguntó si había gestionado o participado de cartelería en la vía pública, si contrató a nombre de TEP SRL o el suyo o el de sus hermanos, con el Estado, respondiendo que no.
Finalmente, declaró Julio Alberto Alegre, un hombre oriundo de General Campos, de donde conoce a Giacopuzzi y Sena. Fiscalía lo interrogó sobre un contrato de obra que tenía con el diputado Hugo Berthet, de Colón, que también está citado como testigo y declarará el jueves.
El testigo dijo que el contrato era para desarrollar tareas políticas, pero Fiscalía le pidió precisiones que pudo responder a medias.
En este sentido, se destacó la pregunta sobre si cobraba la totalidad del monto del contrato, del que dijo que sí, desnaturalizando su respuesta al añadir que a veces percibía menos por adelantos que solicitaba.
Al igual que a Fernández, Fiscalía le exhibió documentación con su nombre que se obtuvieron en los allanamientos.
Se trató de facturas de las que no recordó si las confeccionó, pero sí negó que fuese su letra.
En el mismo sentido se le hizo leer una nota que se presentó el 1 de enero de 2018 ante la Cámara de Diputados manifestando su oposición a que se dé información a terceros que lo soliciten sobre la modalidad del contrato, de la que no recordaba nada y dijo que no la confeccionó.
Al igual que con Fernández, Cullen le preguntó sobre el motivo de la investigación en esta causa. A la pregunta sobre si realizó contratos de publicidad de cartelería en vía pública, dijo “no lo recuerdo”, aunque añadió que su trabajo era el armado de cartelería y su montaje ya que pertenecía al taller de la empresa.
Finalmente, consultado sobre si lo vio a Aguilera en la empresa, dijo que sí, y a la pregunta sobre si le dio órdenes o directivas, dijo que “no, la empresa era de Giacopuzzi”.
Luz
El defensor José Velázquez, luego de la audiencia, manifestó a El Diario que “hoy la testigo principal (De La Guelfa) echó luz sobre el procedimiento administrativo y la forma de vincularse los proveedores de comunicación con el estado.
De igual manera, dejó en claro que ‘nunca’ el ex ministro o el ex gobernador, se han interesado en algún expediente. Se notó claramente en la batería de preguntas de Fiscalía, en tratar de presentar actuaciones normales administrativas como maniobras sospechosas”.
También sostuvo que “todas las firmas del ex Ministro que hoy se exhibieron en audiencia son la condición burocrática normal en los circuitos administrativos del Estado para que los expedientes avancen, y se sobreentiende que cuando un expediente llega a la firma de un intendente, ministro o un vicegobernador, es porque se han cumplido con los requisitos para que con la firma de la autoridad política y administrativa el expediente pase a otra instancia”.
Velázquez manifestó que “el ex ministro Báez fue un funcionario probo y comprometido, recibía en su despacho cientos de expedientes y si era necesario pasaba largas horas firmándolos a fin de evitar demoras”.
Finalmente, señaló que “otro tema que está quedando a inicios de la producción de pruebas, es el carácter de las fotos, que solo eran ilustrativas, representativas, y lo que verdaderamente importaba es la certificación in situ del funcionario encargado. Este juicio se parece más a una discusión administrativa que penal. Toda esta acusación tiende a transformar un acto administrativo normal en algo sospechoso”.
